José Arturo Ruíz Poot
Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Arturo Ruíz Poot
- J.E. R. C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se desprende que mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo a la parte quejosa, y se reservó proveer lo relativo al archivo y destino final del presente expediente y sus respectivos incidentes de suspensión, y de la cuenta que antecede se aprecia que ya se recibió el testimonio de la ejecutoria que resuelve el recurso de queja interpuesto en los cuadernos incidentales. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se negó a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada el cuatro de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 337/2022, de la que se observa que la citada Superioridad, por los motivos que expuso declaró sin materia el recurso de mérito. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia. Por otra parte, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y deséchese el legajo de copias certificadas que se remitieron al Tribunal Colegiado para la substanciación del recurso de queja. Por último, dese cuenta de lo anterior en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a la citada autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se negó la protección constitucional, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, comuníquese este proveído al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del proveído dictado el diez de junio de la anualidad, en los autos incidentales que derivan de este juicio, para lo que estime pertinente acordar en el recurso de queja 337/2022 de su índice, así mismo, remítase copia autorizada de la resolución de doce de septiembre en curso, relativa al incidente de revocación o modificación a la suspensión definitiva. En tal virtud, se reserva proveer lo relativo al archivo del presente juicio de amparo y de los cuadernos incidentales, en tanto se recibe de la Superioridad, el testimonio de la ejecutoria que resuelva el recurso interpuesto. Por último, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este juzgado, los anexos consistentes en copias certificadas deducidas del expediente 37/2021, que fue remitido por el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, junto con su informe justificado y en el incidente de suspensión. Por tanto, devuélvanse los anexos de referencia a la citada autoridad, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Vistos los autos para resolver el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 912/2022-I-B, promovido por José Arturo Ruiz Poot, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.R.C. y C.L.R.C., en contra del acto que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el treinta de marzo de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el treinta y uno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Jorge Arturo Ruíz Poot, por sí mismo y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales J.E.R.C. y C.L.R.C., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, el acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 37/2021, mediante el cual se le impone un régimen de convivencia provisional, en la modalidad presencial, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán; Del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la ejecución del referido auto. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el siete de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Seguido el trámite correspondiente en el incidente de suspensión, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva solicitada. CUARTO. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, el quejoso José Arturo Ruíz Poot, promovió incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva, previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo, en contra de la suspensión definitiva dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva por hecho superveniente planteado por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a las responsables para que rindieran sus respectivos informes; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el incidente de modificación o revocación interpuesto por el quejoso José Arturo Ruíz Poot, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Oportunidad. Con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva se tramitó oportunamente, ya que no ha quedado firme la sentencia dictada en el cuaderno principal del cual deriva el incidente de suspensión. Apoya lo anterior, el criterio XXVII.3o.74 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MIENTRAS NO SE PRONUNCIE SENTENCIA EJECUTORIA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 154 de la Ley de Amparo dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, 'mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo'. En consecuencia, no existe laguna o vacío legislativo que deba integrarse en relación con el plazo que las partes tienen para promover el incidente correspondiente, pues el precepto es claro en precisar que puede instarse desde que ocurra un hecho superveniente hasta antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria, lo que guarda concordancia con el artículo 130 de la propia ley, que autoriza al quejoso a solicitar la suspensión en el mismo lapso; de ahí que dicha medida cautelar puede pedirse, concederse, modificarse o revocarse en cualquier tiempo, mientras no exista sentencia ejecutoria". TERCERO. Litis incidental. Es infundado el incidente de revocación a la suspensión definitiva, promovido por la parte quejosa, por las siguientes consideraciones: Cabe precisar que el artículo 154 de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Dicho precepto legal concede facultades al juzgador, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, para modificar o revocar el auto en el que haya concedido o negado la suspensión; sin embargo, por hecho superveniente, debe entenderse un acto de autoridad posterior al dictado de la medida cautelar, o bien, un hecho oculto del que se tuviese conocimiento después de ese pronunciamiento, que sirva de fundamento suficiente para contrariar lo resuelto por la autoridad dictaminadora. Para la procedencia del incidente de que se trata se exige como condición básica sine qua non la existencia de hechos supervenientes y que perdure aún la vigencia de la suspensión, que rige y se extiende hasta en tanto la sentencia definitiva no haya causado ejecutoria. También, para que proceda tal incidencia es de establecerse que se deben presentar las siguientes hipótesis: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se concedió o negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión tal como fueron planteados en la demanda que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución de suspensión, toda vez que la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha medida cautelar. Ahora bien, antes de estudiar lo conducente en relación con el incidente planteado, cabe precisar que en el juicio del que deriva este incidente, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 37/2021, mediante el cual se le impone un régimen de convivencia provisional, en la modalidad presencial, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán; La ejecución del referido auto. Por otra parte, se negó la suspensión definitiva en los siguientes términos: ".TERCERA. Medida cautelar. En cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, debiendo tomar en consideración la naturaleza del acto reclamado, que en la especie se trata de uno de carácter consumado con efectos positivos, por tanto, aun y cuando ya se haya emitido, respecto de sus consecuencia sí es posible que sea objeto de la medida cautelar, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se considera colmado el primero de los presupuestos, ya que el quejoso sí solicitó la medida cautelar en la demanda de amparo. Luego, en relación con el segundo de los requisitos, que es que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de interés público, no se colman en la especie. Al respecto, debe decirse que en el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionado en el presente asunto un menor, lo previsto en la fracción VIII. Asimismo, de conformidad con el párrafo final del citado numeral: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió; de manera que si la parte quejosa solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación del menor de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses del menor. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° Constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. De igual manera, en congruencia a lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y el tercero interesado, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para el menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, si en el caso concreto, el acto reclamado consiste básicamente en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 37/2021, que promovió Miriam Georgina Canul Burgos en contra del aquí quejoso José Arturo Ruíz Poot, en la parte que determinó la convivencia entre la madre y los menores, para que se realizara los martes y jueves de dieciocho a diecinueve horas, con un tiempo máximo de veinte minutos de duración de llamada y la convivencia en forma presencial, los días sábados de cada semana, en el que la citada Canul Burgos acudirá por sus hijos menores a las instalaciones del Centro de Convivencia del Estado de Yucatán a las diecisiete horas, devolviéndolos al día siguiente (domingo) a las dieciocho horas, lo que se trata de una determinación judicial que tiene la presunción de legalidad y de que fue emitida con base al interés superior de los menores J.E.R.C. y C.L.R.C., hasta en tanto no se demuestre lo contrario; y que no está evidenciado en autos, al menos de manera presuntiva, que de ejecutarse el acto se actualizará un riesgo real en relación con su bienestar, desarrollo y salud, atendiendo al hecho que a la fecha las infecciones derivadas de la pandemia han bajado significativamente en el Estado. En efecto, el acto que impugna el quejoso es el acuerdo que determinó la convivencia entre su madre con sus hijos menores, y de suspenderse tal acto, es claro que ello podría ir en perjuicio de los menores, pues precisamente, se parte de la premisa de que la resolución judicial, en la forma que fue dictada, es tendente a proteger el desarrollo psicológico de los menores. Por tanto, la suspensión definitiva del acto reclamado debe negarse, pues de esa manera no se entorpece el cumplimiento de esa determinación judicial, ya que se atiende al interés superior del menor al procurarle el beneficio que genera la convivencia con su progenitora, que deberá seguir, aunque sea de forma provisional. Efectivamente, corresponde negar la suspensión definitiva de dicho acto con base en el mayor beneficio para el interés superior del menor, pues la determinación judicial reclamada tiene la presunción de legalidad y de haberse emitido en aras del interés superior del infante. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a José Arturo Ruíz Poot, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores, de iniciales J.E.R.C. y C.L.R.C, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y del Centro de Convivencia Familiar de Yucatán, con sede en esta ciudad por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental." Ahora, la parte quejosa aduce que es procedente modificar la suspensión definitiva, esencialmente por lo siguiente: Que se emitió el acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se le aplicó una multa por la cantidad de $3,848.80 (tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ochenta centavos moneda nacional), equivalente a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y que además se le requirió para que cumpla con el régimen de convivencia provisional, (acto reclamado en el presente juicio de amparo), y se le apercibe que en caso de no cumplir, se le aplicaría una multa de veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por cada ocasión en que no presente a sus hijos al CECOFAY para la convivencia presencial. 2) Que existe riesgo para la salud y vida de sus hijos menores de edad J.E.R.C. y C.L.R.C. con motivo del repunte de contagios con motivo de la "5ª Ola" del virus SARS-COV2 o COVID-19 (coronavirus), en esta ciudad, al no contar con las vacunas que los protejan. De igual manera, del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso substancialmente basó su petición del incidente de revocación de la suspensión definitiva, en el argumento que de permitirse la ejecución del acto reclamado quedaría consumado de modo irreparable la materia del amparo, con los consecuentes daños y perjuicios. Del análisis de los requisitos aludidos con anterioridad, partiendo de las manifestaciones expuestas del promovente y de los datos que se desprenden de las constancias que constan en autos, se concluye que en la especie, no se surte el requisito de la existencia de un hecho superveniente, pues no se podría modificar la suspensión por hechos que no guarden esas características. En ese orden de ideas, el quejoso si bien aduce que la autoridad responsable emitió diverso acuerdo de uno de julio actual, a través del cual ordenó ejecutar el acto reclamado, y se le impuso una multa equivalente a $3,848.80 (tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta centavos moneda nacional), y se le apercibió, que de no cumplir se le aplicaría una multa de veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización por cada ocasión en que sus hijos nos sean presentados al CECOFAY para la convivencia presencial. Lo cierto es que tal determinación no implica una hipótesis que modifique el estatus que se tomó en cuenta para negar la medida cautelar, al tratarse de hechos posteriores relativos a dar continuidad al expediente en cita, con motivo de la negativa de la suspensión, pero sin variar las circunstancias inicialmente planteadas por la parte quejosa sobre la solicitud de suspensión de los actos reclamados. Pues sólo se limitó a reiterar que de ejecutarse el acuerdo dictado por la responsable, se quedaría sin materia el juicio de amparo, así como que al no estar vacunados sus hijos, se pondría en riesgo su vida y salud. Es decir, por un lado, constituyen señalamientos contra la negativa de la suspensión y por otro, atañen a la legalidad de los actos reclamados que serán materia de la sentencia constitucional que se emita en el juicio de amparo principal, pero no representan hechos supervenientes para revocar o modificar la suspensión definitiva solicitada por la parte justiciable. De ahí que no asista razón a la quejosa. En otro orden de ideas, el promovente del incidente no aportó prueba idónea alguna para estar en condiciones legales de modificar la suspensión. Pues la quejosa ofreció las siguientes pruebas: a) Documental pública, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el cuaderno principal del juicio de amparo 912/2022-I-B; b) Documental pública, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el cuaderno incidental del juicio de amparo 912/2022-I-B; c) Documental pública, consistente en el informe previo y sus anexos, que deberá rendir y remitir la autoridad responsable ordenadora; d) Documental pública consistente en un legajo de copias certificadas que deberá expedir y remitir la autoridad responsable ordenadora, de todas y cada una de las constancias y actuaciones que integran el expediente número 37/2021 de su índice, contadas a partir del auto de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, hasta el diecinueve de julio actual; y e) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. En ese orden de ideas es dable advertir que las pruebas ofertadas por la parte quejosa no resultan supervenientes, pues todas ellas fueron elaboradas con anterioridad a la emisión de la interlocutoria de veintitrés de mayo de la anualidad, por lo que no resultan idóneas para modificar la suspensión emitida. Tampoco varía lo anterior, lo alegado por la parte quejosa en cuanto a que debe modificarse la suspensión definitiva, debido a que se pone en riesgo la salud y la vida de los menores de edad de iniciales J.E.R.C. y C.L.R.C., con motivo del repunte de contagios del virus SARS-COV2 o COVID-19. Dicho argumento, como se adelantó, también es infundado, pues aunado a que no es un hecho superveniente es un hecho notorio que en la actualidad el semáforo epidemiológico del Estado ya no se encuentra en rojo; oficialmente se ha determinado el regreso a clases de forma presencial; se ha implementado un plan nacional de vacunación para disminuir los contagios entre la población, lo que aunado al semáforo epidemiológico estatal, implica una disminución en el índice de contagios y hospitalizados con motivo del virus en el contexto de la pandemia que aún se vive, lo que apuntan hacia la normalización en las actividades ordinarias y cotidianas previas a la contingencia sanitaria. Además, es igualmente un hecho notorio que en México ya se encuentran vacunando tanto a la población mayor de edad e incluso a infantes a partir de lo cinco años, por lo que los habitantes del país ya cuentan con acceso a la vacuna para proteger su salud contra la enfermedad denominada Covid-19. Consecuentemente, es ineficaz su argumento para lograr determinar la modificación de la medida suspensional que solicita. En esas condiciones al no actualizarse el requisitos de procedencia del incidente de modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar infundada la incidencia planteada debiendo subsistir la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144 y 154 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva, solicitado por JOSÉ ARTURO RUIZ POOT, en términos de lo establecido en el último considerando de esta resolución. Notifíquese y regístrese.
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