José Arturo Rojas Vélez
Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Arturo Rojas Vélez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vistos los autos se advierte que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se desechó la demanda, el cual se notificó el cinco de octubre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que la auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 152 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por José Arturo Rojas Vélez, contra los actos del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 912/2021. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, se advierte que el quejoso reclama del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la determinación emitida en el recurso de revocación el dieciséis de agosto pasado, la cual confirmó el auto de veintiséis de abril de este año e inadmitió la inspección judicial en el lugar de los hechos, dentro del proceso 18/1997-7º. De tal manera que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza, deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, conforme el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable, respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica, de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el caso concreto, como se destacó, José Arturo Rojas Vélez reclama del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la determinación emitida en el recurso de revocación el dieciséis de agosto pasado, la cual confirmó el auto de veintiséis de abril de este año e inadmitió la inspección judicial en el lugar de los hechos, dentro del proceso 18/1997-7º. Por tanto, el acto reclamado consiste esencialmente en la confirmación de la inadmisión de una prueba que ofreció el quejoso consistente en la inspección judicial en el lugar de los hechos, lo que no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del peticionario del amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. En tales condiciones, debe concluirse que con la emisión de la determinación de dieciséis de agosto de la presente anualidad, la parte quejosa no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que interesa, por las razones que la informan, la tesis de rubro y texto: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." También se invoca la tesis de rubro y texto: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se autoriza a los profesionistas que menciona en el libelo de su demanda, con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional respectivamente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado. Ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, ya que está privado de su libertad; además, en la demanda de cuenta indicó que son sus defensores públicos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Y QUEJOSO INTERNO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el que indica en su demanda de amparo. No obstante lo anterior, toda vez que el promovente precisa que está interno en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlo en estado de indefensión, se ordena pasar los autos al actuario judicial de la adscripción, encargado de la práctica de las notificaciones derivadas de este asunto, a fin de notificarle de manera personal el presente proveído, en el lugar de su reclusión y a través de los autorizados en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones de su parte, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada del presente auto. Así también, de los subsecuentes autos, constancias y promociones que, en su caso, se acuerden en los mismos, con excepción de aquéllas presentadas por la propia parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Acuerdo General 21/2020 citado, se exhorta al quejoso para que, de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 y 294 del acuerdo general 21/2020, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y EN EL DOMICILIO QUE INDICÓ EN SU DEMANDA, POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por José Arturo Rojas Vélez, contra los actos del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 912/2021. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, se advierte que el quejoso reclama del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la determinación emitida en el recurso de revocación el dieciséis de agosto pasado, la cual confirmó el auto de veintiséis de abril de este año e inadmitió la inspección judicial en el lugar de los hechos, dentro del proceso 18/1997-7º. De tal manera que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza, deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, conforme el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable, respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica, de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el caso concreto, como se destacó, José Arturo Rojas Vélez reclama del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la determinación emitida en el recurso de revocación el dieciséis de agosto pasado, la cual confirmó el auto de veintiséis de abril de este año e inadmitió la inspección judicial en el lugar de los hechos, dentro del proceso 18/1997-7º. Por tanto, el acto reclamado consiste esencialmente en la confirmación de la inadmisión de una prueba que ofreció el quejoso consistente en la inspección judicial en el lugar de los hechos, lo que no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del peticionario del amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. En tales condiciones, debe concluirse que con la emisión de la determinación de dieciséis de agosto de la presente anualidad, la parte quejosa no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que interesa, por las razones que la informan, la tesis de rubro y texto: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." También se invoca la tesis de rubro y texto: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se autoriza a los profesionistas que menciona en el libelo de su demanda, con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional respectivamente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado. Ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, ya que está privado de su libertad; además, en la demanda de cuenta indicó que son sus defensores públicos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Y QUEJOSO INTERNO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el que indica en su demanda de amparo. No obstante lo anterior, toda vez que el promovente precisa que está interno en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlo en estado de indefensión, se ordena pasar los autos al actuario judicial de la adscripción, encargado de la práctica de las notificaciones derivadas de este asunto, a fin de notificarle de manera personal el presente proveído, en el lugar de su reclusión y a través de los autorizados en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones de su parte, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada del presente auto. Así también, de los subsecuentes autos, constancias y promociones que, en su caso, se acuerden en los mismos, con excepción de aquéllas presentadas por la propia parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Acuerdo General 21/2020 citado, se exhorta al quejoso para que, de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 y 294 del acuerdo general 21/2020, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y EN EL DOMICILIO QUE INDICÓ EN SU DEMANDA, POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.
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