Jose Arturo Ramos Lopez
Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Arturo Ramos Lopez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vistos los autos se advierte que en acuerdo veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda, el cual se notificó el ocho de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el oficio 14824/2021 signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por José Arturo Ramos López, por derecho propio, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y otras autoridades, y demás constancias conducentes con motivo de la separación de juicios decretada en proveído de veintitrés de junio del presente año en los autos del juicio de amparo 625/2021 de su índice, respecto del acto reclamado derivado de la causa penal 3/2016 del índice del Juez responsable, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 610/2021. DESECHA Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el promovente reclama en el caso en particular que se analiza, del Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, la orden de reaprehensión y detención dictada en su contra, dentro de la causa penal 3/2016 por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de las ejecutoras el cumplimiento a dicha orden. Ahora bien, de la demanda de amparo, en el capítulo de antecedentes de la misma, en lo que interesa, señala que con motivo de la tramitación de los juicios ejecutivos mercantiles 1078/2019, 1079/2019 y 1080/2019, se integraron las averiguaciones previas que dieron origen a las causas penales 1/2016 y 3/2016, por los delitos de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, asimismo, señala que dejó de firmar los libros de control por los motivos que índica y por lo mismo, se giraron las ordenes de reaprehensión correspondientes. Asimismo, aduce que mediante escritos presentados el veinticinco de mayo del año en curso, solicitó al juez penal responsable la prescripción de la acción penal persecutoria dentro de las referidas causas penales. Lo que se corrobora con el acuse que adjuntó, a su escrito de demanda del cual se advierte que dentro del proceso 3/20216 solicitó la prescripción de la acción penal en dicha causa y como como consecuencia se dejará sin efecto la orden de aprehensión emitida dentro de la referida causa, lo que implica que al menos a esa data ya tenía conocimiento del mandamiento de captura que controvierte en el presente juicio constitucional. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contras los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de la Materia, prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo. Lapso que en conformidad con el diverso 18 de ese mismo ordenamiento, correrá a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En el caso, se tiene certeza que al menos al veinticinco de mayo del actual el quejoso ya tenía conocimiento de la orden de captura que reclama (orden de reaprehensión y detención); en consecuencia, la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. En efecto, el término de quince días a transcurrió en exceso pues comenzó a computarse el veintiséis de mayo siguiente y concluyó el quince de junio de esta anualidad, descontándose de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de mayo y cinco, seis, doce y trece de junio todos del presente año, por ser días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó hasta el veintidós de junio de dos mil veintiuno, es evidente que la acción de amparo se promovió en forma extemporánea, consintiendo el agraviado en forma tácita su contenido. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda en conformidad con el artículo 113 antes citado. Lo anterior, sin perjuicio de que el impetrante realice manifestaciones en el sentido de que la acción se encuentra prescrita, en tanto que dichas manifestaciones no pueden tener como consecuencia que se soslaye la causa de improcedencia que en el caso se actualiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizados con las restricciones que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito ello, ni tampoco, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública que lo acredite como licenciado en Derecho; pese a ello, una vez que acredite ante este juzgado estar facultado para ejercer dicha profesión se tendrá por autorizado con la suma de facultades del numeral en cita. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el oficio 14824/2021 signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por José Arturo Ramos López, por derecho propio, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y otras autoridades, y demás constancias conducentes con motivo de la separación de juicios decretada en proveído de veintitrés de junio del presente año en los autos del juicio de amparo 625/2021 de su índice, respecto del acto reclamado derivado de la causa penal 3/2016 del índice del Juez responsable, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 610/2021. DESECHA Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el promovente reclama en el caso en particular que se analiza, del Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, la orden de reaprehensión y detención dictada en su contra, dentro de la causa penal 3/2016 por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de las ejecutoras el cumplimiento a dicha orden. Ahora bien, de la demanda de amparo, en el capítulo de antecedentes de la misma, en lo que interesa, señala que con motivo de la tramitación de los juicios ejecutivos mercantiles 1078/2019, 1079/2019 y 1080/2019, se integraron las averiguaciones previas que dieron origen a las causas penales 1/2016 y 3/2016, por los delitos de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, asimismo, señala que dejó de firmar los libros de control por los motivos que índica y por lo mismo, se giraron las ordenes de reaprehensión correspondientes. Asimismo, aduce que mediante escritos presentados el veinticinco de mayo del año en curso, solicitó al juez penal responsable la prescripción de la acción penal persecutoria dentro de las referidas causas penales. Lo que se corrobora con el acuse que adjuntó, a su escrito de demanda del cual se advierte que dentro del proceso 3/20216 solicitó la prescripción de la acción penal en dicha causa y como como consecuencia se dejará sin efecto la orden de aprehensión emitida dentro de la referida causa, lo que implica que al menos a esa data ya tenía conocimiento del mandamiento de captura que controvierte en el presente juicio constitucional. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contras los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de la Materia, prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo. Lapso que en conformidad con el diverso 18 de ese mismo ordenamiento, correrá a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En el caso, se tiene certeza que al menos al veinticinco de mayo del actual el quejoso ya tenía conocimiento de la orden de captura que reclama (orden de reaprehensión y detención); en consecuencia, la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. En efecto, el término de quince días a transcurrió en exceso pues comenzó a computarse el veintiséis de mayo siguiente y concluyó el quince de junio de esta anualidad, descontándose de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de mayo y cinco, seis, doce y trece de junio todos del presente año, por ser días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó hasta el veintidós de junio de dos mil veintiuno, es evidente que la acción de amparo se promovió en forma extemporánea, consintiendo el agraviado en forma tácita su contenido. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda en conformidad con el artículo 113 antes citado. Lo anterior, sin perjuicio de que el impetrante realice manifestaciones en el sentido de que la acción se encuentra prescrita, en tanto que dichas manifestaciones no pueden tener como consecuencia que se soslaye la causa de improcedencia que en el caso se actualiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizados con las restricciones que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito ello, ni tampoco, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública que lo acredite como licenciado en Derecho; pese a ello, una vez que acredite ante este juzgado estar facultado para ejercer dicha profesión se tendrá por autorizado con la suma de facultades del numeral en cita. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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