Jose Arturo Hernandez Anaya
Expediente 1269/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2020
Partes del expediente
- Jose Arturo Hernandez Anaya
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de diciembre de dos mil veinte. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso B), del citado acuerdo Incidente. No se apertura. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran en el expediente electrónico, las constancias de notificación siguientes: Las relativas al auto en que se declaró cumplido el fallo protector, emitido en auto de dos de septiembre del año en curso, como se muestra a continuación: Se comisiona al actuario judicial. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse en forma personal de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. De no cumplir con lo anterior, se tomarán las medidas que correspondan. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, y dado que el autorizado de la parte quejosa dio cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, exhibiendo las copias solicitadas para correr traslado a las partes, por tanto, se acuerda lo siguiente: Se admite demanda y su ampliación. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por dos mil setecientos cuarenta y dos (2742) quejosos, por su propio derecho, cuyos nombres se encuentran precisados en el escrito inicial de demanda (entre los que se encuentra Agustín Morales Osuna, señalado como representante común), así como su ampliación respecto de los nuevos actos que reclama el SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA (SETEBC), por conducto del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de dicho sindicato, en contra de las autoridades responsables señaladas dentro del presente juicio de amparo número 167/2015, lo anterior, acorde a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver las quejas administrativas 126/2017 y 123/2018. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe las autoridades expondrán las razones y los fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberán acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Traslado. Para efecto de lo anterior, córrase de nueva cuenta traslado con copia de la demanda de amparo y ampliación. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá respectivamente una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Asimismo, hágase de su conocimiento que se fijaron las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. A[...] Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, para lo cual deberá notificársele el presente proveído por medio de oficio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo. Terceros interesados, La parte quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda que no existe. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito inicial de demanda y ampliación, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que se indican en el escrito inicial de demanda; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que se menciona, por así haberse solicitado. Representante común. Como lo solicitan los 2742 quejosos que promovieron la demanda por su propio derecho, téngase como su representante común a Agustín Morales Osuna, para los efectos legales correspondientes. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisadas, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional le tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firma el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. [...] Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización en términos amplios precisada con antelación, y sólo figuraran como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Acuerdos reservados. En virtud de lo anterior, no ha lugar a dar vista con los informes justificados que previo al presente acuerdo habían rendido las autoridades responsables, en virtud de que al haber quedado insubsistente el auto admisorio de demanda de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, con motivo de lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver la queja administrativa 123/2018, por ende, los nuevos informes justificados que rindan las autoridades responsables con motivo del presente proveído, serán con los cuales se deba dar vista a las partes. Por otro lado, respecto de la solicitud de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en cuanto a que no debe admitirse la presente demanda (foja 3156), dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la parte quejosa cumplió con los requerimientos que le fueron realizados, aunado a que ello así fue ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver las quejas administrativas *****. Por último, respecto de la solicitud de acumulación que solicitó el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California (fojas 3315 a 3334 y 3335 a 3386), no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, pues los juicios de amparo **** y *** de su índice que pretendía se acumularan a éste, ya fueron resueltos por dicho homólogo mediante sentencias de veintiocho de agosto y cinco de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, lo que así se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y que se invoca como un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2. Notifíquese y personalmente.
- Principal
en atención a que los autorizados de la parte quejosa no atendieron el aviso de 26 de diciembre de 2019 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1269/2019. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable su informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, para lo cual deben acompañar, en el caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En atención que es del conocimiento oficial que la autoridad señalada como responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo hágasele la notificación del presente proveído. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a la autoridad responsable para que remita su informe justificado vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las once horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. [...]Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Por certeza jurídica, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obren en autos las constancias relativas a los actos reclamados. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a****; y, únicamente en los términos que indica a las restantes personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a la persona autorizada en términos amplios antes precisada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepte y proteste el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional le tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firma el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. [...]Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada con antelación de *****, y solo se le tendrá como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente.
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