José Armando Diaz Beltrán
Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- José Armando Diaz Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL AVISO DE 4 DE OCTUBRE DE 2023 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad señalada como responsable, Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, y remite las constancias relativas. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, dado que en la hipótesis se actualiza una causa de improcedencia que obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, como se explica a continuación: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que obliga a decretar el sobreseimiento, causal contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de la demanda de amparo podemos advertir claramente que la parte quejosa se duele básicamente de la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, de dictar auto en el que se admitan o desechen pruebas y señale fecha para el desahogo de pruebas correspondiente dentro del juicio laboral 1936/2021-1B; asimismo, del Actuario adscrito a dicha junta laboral, le reclama la notificación de dicho auto; sin embargo, de las constancias que fueron allegadas al presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se colige que efectivamente el día once de septiembre de dos mil veintitrés, la junta laboral levanto la reserva decretada en autos y emitió auto sobre la admisión de los elementos probatorios ofrecidos por las pruebas, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, la cual le fue notificada a la parte actora -aquí quejosa- el veintisiete de septiembre del año que transcurre. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y fijar fecha y hora para el desahogo de las mismas, y en segundo término el de ser notificada del mismo, y esto ya aconteció, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con diez minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Resta precisar, como se anticipó al inicio del presente, que la anterior determinación tampoco implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, con las constancias de cuenta, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento -sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado y constancias que lo justifiquen, y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe Justificado. Visto lo de cuenta, recíbase el informe con justificación rendido por las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito a dicha junta laboral, con residencia en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de que se trata, con el mismo se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de la relación en la audiencia constitucional relativa. Prueba. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la documental que adjuntaron las autoridades responsables a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No fue señalado. Delegados. No designaron. Informa. Téngase a la autoridad oficiante, solicitando continuar con la tramitación del presente juicio bajo el esquema tradicional, es decir, seguir recibiendo y remitiendo oficios así como actuaciones de manera física; lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios de la adscripción para los efectos legales conducentes. Requerimiento. Ahora, visto el contenido de dicho informe, se desprende que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral ************* mediante acuerdo de once de septiembre del año en curso, admitió y desechó las pruebas ofrecidas por la partes, y señaló fechas para el desahogo de las pruebas admitidas, sin embargo fue omisa en remitir la notificación de dicho auto a la parte actora (aquí quejosa); por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y Actuario adscrito a dicha junta laboral, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan la notificación realizada a la parte actora (aquí quejosa) del auto de once de septiembre del año en curso, mediante el cual se admitieron y desecharon las pruebas ofertadas por las partes; documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio. Lo anterior, atendiendo a que con lo requerido, puede actualizarse una causa de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Como precedente vertical se tiene lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, en el amparo en revisión laboral 500/2021 en el que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se recabaran las constancias necesarias. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 176291 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, toda vez que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable para rendir su informe justificado. Diferimiento. Por tanto, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las doce horas con diez minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega
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