Jose Armando Vera Davalos

Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
819/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Jose Armando Vera Davalos

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los anexos que acompaño al presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Asistente de Despacho Judicial de Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, remite el original del escrito por el cual José Armando Vera Dávalos promovió amparo directo; así como un tomo de constancias originales relativas a la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, de su índice. De la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, remitida por la autoridad responsable en vía de justificación, obténgase y agréguese a los presentes autos copia certificada de la constancia realizada el seis de agosto del año en curso, levantada por la Asistente de Constancias y Registro del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en la que hizo constar que la demanda que originó este juicio de amparo, se recibió en original únicamente el escrito a través de la cual se instó, anexándose dos copias simples del mismo y seis de la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo así como las constancias que obren en autos y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias remitidas con éste, se advierte que en la presente instancia se reclama la determinación emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales. La referida causa de improcedencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La institución jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Conforme a lo expuesto, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) El acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) El primero de tales juicios esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente informar lo ocurrido en el juicio constitucional 792/2019-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Conforme a las constancias que obran en dicho asunto se advierte que José Armando Vera Dávalos, mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el seis de agosto de dos mil diecinueve, reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado (en su denominación correcta), la determinación emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019. Ahora bien, como ya se precisó, en el presente asunto también se reclama por parte de José Armando Vera Dávalos, la determinación emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditado el primer elemento, consistente en que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo, toda vez que en el juicio de amparo 792/2019-VI y en el que se actúa, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, se reclama la resolución emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019. De igual manera se acredita el segundo elemento, relativo a que uno de los juicios esté pendiente de resolverse, ya que en dicho expediente aún no se dicta sentencia ni resolución que lo de por concluido. Finalmente, también se actualiza el tercer elemento de la improcedencia en análisis, relativa a que 1) ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por el mismo acto reclamado, además que las violaciones constitucionales son idénticas, toda vez que ambos asuntos se promovieron: 1) Por José Armando Vera Dávalos. 2) En contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. 3) Contra la determinación emitida en la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019. Resulta aplicable la tesis I.11o.C.31 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Consecuentemente, resulta evidente la improcedencia del juicio en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No es inadvertido a lo anterior que la demanda de amparo que se estudió sea copia simple, y el escrito a través del cual se instó sí cuenta con firma autógrafa, ya que ambos procesalmente constituyen una unidad por la íntima relación que guardan. Resulta aplicable por analogía el criterio II.2o.C.494 C, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, página 803, de rubro y texto siguiente: "ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. LA OMISIÓN DE FIRMA POR PARTE DEL APELANTE EN ÉL, NO CONDUCE A LA INADMISIÓN DEL RECURSO RESPECTIVO CUANDO EL OCURSO POR EL QUE SE INTERPONE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO (INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 1.380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO). De acuerdo con la interpretación teleológica y objetiva del artículo 1.380 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en cuanto estatuye que con el escrito en que se interponga la apelación y se expresen agravios ha de acompañarse copia de él para cada parte, se sigue que al tratarse de documentos o escritos estrechamente relacionados entre sí, tanto el relativo a la interposición del recurso debidamente firmado, como el de expresión de agravios, plasmándose en el primero la voluntad o el deseo de inconformarse contra la sentencia inicial; ante esa estrecha relación procesal de dichos documentos resulta incorrecto e impropio que se inadmita la apelación bajo la consideración de que el escrito de expresión de agravios no se encuentra firmado, sin tenerse en cuenta esa estrecha relación que guardan uno y otro ocursos; de ahí que, conforme a la lógica jurídica y de acuerdo con una interpretación razonada del preinvocado numeral, no pueden considerarse al escrito de apelación y al de expresión de agravios como documentos autónomos o independientes entre sí, o bien que uno sí existiera y el otro no, dado que procesalmente constituyen una unidad por la íntima relación que guardan; de manera que si al interponerse el recurso de apelación el escrito de inconformidad se encuentra debidamente firmado y al mismo se acompaña el ocurso a través del cual se expresan los agravios correspondientes, sin rúbrica, ello no conduce a concluir que la falta de firma del apelante en el multicitado escrito de expresión de agravios lo convirtiera en un documento anónimo o sin autenticidad, pues la apelación así planteada indiscutiblemente revela el deseo de la recurrente, de inconformarse en términos del escrito de agravios que anexa, lo cual constituye la esencia de dicho medio de impugnación para la apertura de la segunda instancia". Finalmente, toda vez que en proveído de veinte de agosto del año actual se reservó proveer respecto del diverso informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de Juez de Control; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos, toda vez que mediante este acuerdo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual remite el informe justificado que rinde el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de Juez de Control; en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa no se ha admitido a trámite, resérvese acordar lo relativo al informe justificado rendido por el juez responsable hasta en tanto se provea sobre la procedencia de la demanda intentada. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital debidamente identificado; comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta al que se anexa el diverso 3195/2019, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual transcribe el proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo 137/2019, del que se desprende que el Pleno de ese Tribunal Colegiado declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y acompaña el informe justificado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, contenido en la comunicación oficial 2790/2019; copia simple de la demanda de amparo promovida por José Armando Vera Dávalos; y por separado un tomo de constancias originales relativas a la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019 y un disco compacto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 819/2019-VI, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital; y con la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, fórmese un cuaderno auxiliar para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene-; comuníquese a las partes que éstos quedan a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no serán digitalizados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la consulta de la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, remitida por la autoridad responsable en vía de justificación, se advierte que obra glosado a éste el escrito original presentado el seis de agosto del año en curso, por José Armando Vera Dávalos, mediante el cual promovió amparo directo en contra de la determinación emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, al cual anexó seis copias del escrito de demanda que dio origen al presente asunto, sin exhibirse el original respectivo. En tal virtud, a efecto de integrar correctamente el juicio en el que se actúa, y estar en posibilidades proveer sobre la procedencia de la demanda intentada, devuélvase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, el tomo de constancias originales relativas a la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que se notifique este proveído, realice las gestiones necesarias a efecto de desglosar el escrito original a través del cual José Armando Vera Dávalos, promovió amparo directo en contra de la determinación emitida el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, registrado con el folio 3817, y lo remita a este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, dentro del plazo aludido también deberá devolver la impugnación contra determinación del Ministerio Público Federal 9/2019, ya que ésta forma parte de su informe justificado. Lo anterior, toda vez que la misiva a través de la cual se instó el asunto en que se actúa forma parte de la demanda de amparo, de ahí que se hace necesaria a efecto de integrar correctamente los autos del presente juicio. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que indica en el proemio de la demanda de mérito. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese.

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