Jose Armando Vera Davalos
Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Armando Vera Davalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual transcribe el proveído dictado el uno de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 767/2023-III, de su índice, a través del cual solicita a este órgano jurisdiccional ponga a su disposición la consulta del expediente electrónico del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del a apartado denominado "vinculación". Vinculación de expediente electrónico. En tal virtud, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con la CIRCULAR DGGJ/0012/2020 de diez de julio del dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del propio Consejo, póngase a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 18/2023, del índice de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del apartado denominado "vinculación". Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado la consulta del expediente electrónico del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Devolución al archivo. En virtud de que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvanse los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista; por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de junio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite la determinación plenaria de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el impedimento ********************, del que se advierte que resolvió: ".PRIMERO. Se califica legal el impedimento planteado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, se ordena remitir el juicio de amparo indirecto ********************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que sea enviado al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con igual sede, con excepción del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado; a efecto de que se avoque al conocimiento de éste." Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se planteó impedimento para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno, el cual fue calificado de legal por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en consecuencia, se determina que este expediente auxiliar es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, del que se advierte que se admitió el impedimento planteado por la suscrita en proveído de once de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se desprende que mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la audiencia del incidente de nulidad promovido por el quejoso, hasta en tanto se recibiera la determinación relativa al impedimento planteado para seguir conociendo del juicio de amparo 1613/2022-V, del índice de este juzgado, con motivo de las manifestaciones denostativas que el quejoso *** ha desarrollado en los procesos radicados ante este órgano jurisdiccional. Hecho notorio. Pues bien, de la consulta de los autos del juicio de amparo 1613/2023-V, del índice de este juzgado, promovido por ***, quien igualmente es la parte quejosa en el presente controvertido constitucional, el cual se invoca como hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se tuvo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito informando la legalidad del referido impedimento planteado por la suscrita. En consecuencia, la suscrita considera encontrarse ante una causa de impedimento para seguir conociendo del presente juicio de amparo, al tenor de las siguientes consideraciones: El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto constitucional transcrito establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, dicho numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Se plantea impedimento. Específicamente, y por lo que aquí nos interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: "...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..." Como puede advertirse, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho, se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Desde esa perspectiva jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente esa legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Conforme a lo anterior, la institución jurídica de los impedimentos tiene por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se decante en favor de ninguna de las partes. Ahora bien, como se adelantó, la suscrita considera encontrarse impedida para seguir conociendo de este asunto en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. [.]". "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; [.]." En relación a la citada causa de impedimento, prevista por el primero de los preceptos legales transcritos con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto "se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador". A partir de ello, dicho Tribunal de Alzada estimó que el legislador previó la posibilidad de que los juzgadores se declaren impedidos cuando: "se configure una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada, es decir, no contiene una causa de impedimento concreta, sino que en atención a las variadas situaciones que puede ofrecer el ejercicio diario de la impartición de justicia, redactó un supuesto normativo que protege la imparcialidad que debe caracterizar a todo proceso, con base en elementos objetivos. Por ello, la aplicación de esta disposición exige un examen de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 100/2018 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto se transcriben a continuación: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Esa disposición legal prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. Ahora bien, ese supuesto normativo no se actualiza, por regla general, cuando una de las partes en el proceso formula manifestaciones ofensivas contra el juzgador de amparo, ya que si bien es cierto que se trata de expresiones que atentan contra su dignidad, también lo es que como rector del proceso, aquél desempeña una función pública, la jurisdiccional, que ejerce exclusivamente con base en el expediente que le toca resolver y en el derecho; pero sobre todo, su posición se debe distinguir por la templanza, así como por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa sometida a su conocimiento, y es esto lo que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Esta conclusión no implica desconocer que las partes en el juicio de amparo deben conducirse con respeto hacia quienes formen parte de la relación procesal, es decir, no significa que puedan proferir ofensas, pues las conductas que impidan mantener el orden y exigir el respeto pueden dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias, en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo." A su vez, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, la citada Segunda Sala, consideró que no debe perderse de vista que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. De ahí que resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, cuando dichas manifestaciones son denotativas en contra de esta juzgadora. Caso concreto. En ese sentido, cabe resaltar que en la promoción registrada con número de correspondencia interna 7142, la parte quejosa manifestó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- El auto recurrido ES COMPLETAMENTE INFUNDADO, MAÑOSO, TENDENCIOSO pues lo único QUE HACE SIN PRUEBA MATERIAL REAL NINGUNA SOLO "A PRIORI" Y SIN INVESTIGAR Y SIN recabar COPIAS CERTIFICADAS DE NINGUNA ACTUACIÓN QUE SUSTENTEN SU AFIRMACIÓN, Y SIN SIQUIERA recabar copias certificadas del diverso Juicio de Amparo que ALEGA SIN FUNDAMENTO que supuestamente existe y el aceverar(sic) MASTURBADAS MENTALES SIN PRUEBA ALGUNA QUE SUSTENTE Y DEMUESTRE Y ACREDITE ESTA VIL MASTURBADA MENTAL VIOLA EL PRINCIPIO JURÍDICO DE CERTEZA JURÍDICA, esto es, UNA VIL MASTURBADA MENTAL SIN PRUEBAS constituye UNA VIL MASTURBADA Y ABSURDA FALACIA ARGUMENTATIVA, y eso ocasiona que el auto recurrido viole mi GARANTIA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD Y CERTEZA Y DEBIDO PROCESO JUDICIAL, pues acontece una flagrante violación a las FOMALIDADES ESCENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." [.] TERCERO.- Toda vez, que como consta en el presente Juicio de Amparo, éste lo promuevo yo, y mi nombre COMPLETO Y CORRECTO es Lic. José Armando Vera Dávalos, y el Juez de Distrito RAZONA que ME DESECHA ESTE JUICIO DE AMPARO debido a que existe en este mismo Juzgado UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO radicado con el número 1613/2022, y que este diverso juicio 1613/2022 TAMBIÉN LO PROMUEVO YO, LO QUE ES FALSO DE TODA FALSEDAD, pues este diverso juicio de amparo 1613/2022 lo consulte, y el auto de RADICACIÓN ADMITE Y PRETENDE Y/O SIMULA DARLE TRÁMITE por auto de disque radiación de fecha 30 de noviembre del 2022 donde SE ADMITE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVE JOSÉ ARMANDO VERA DAVILA, y luego entonces por esto el DOLOSO, MENTIROSO, PERVERSO, INMORAL Y DELINCUENTE Juez Cuarto de Distrito NO PUEDE PROBAR SUS MENTIRAS ALEGADAS para DESECHARME MI PRESENTE AMPARO CON DOLO, MALA FE, ENGAÑOS, MENTIRAS Y FALACIAS." [.]" (El énfasis no es de origen) De lo anterior, se desprende que la parte quejosa refiere que la suscrita: (i) invento determinaciones judiciales para desechar su demanda de amparo; (ii) simuló determinaciones judiciales; (iii) carezco de moral; y (iv) soy una delincuente. Así, de lo anterior se interpreta que la parte quejosa estima que la suscrita actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que se pone en duda la manera en que esta juzgadora se conduce en sus actos judiciales, incluso, la parte quejosa asevera que la suscrita inventó y simuló determinaciones judiciales, que carezco de moral y que soy una delincuente. En ese sentido, dichas manifestaciones formuladas por el quejoso influyen en mi ánimo y objetividad para seguir conociendo del juicio de amparo, pudiendo derivar en una enemistad manifiesta en términos del artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues producen animadversión, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello, pues como se señala, dichas manifestaciones influyen en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio toda vez que se pone en duda la manera en que esta juzgadora se conduce en sus determinaciones, así como de mis habilidades para ejercer mi función jurisdiccional, aunado a que afirma que carezco de moral y que soy una delincuente. Situación que, de seguir conociendo del presente juicio, evidentemente podría derivar en una pérdida de imparcialidad, y además, que surja una enemistad manifiesta; se reitera, pues dichas manifestaciones producen animadversión en mi ánimo y objetividad, por lo cual, se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedida para continuar conociendo de este juicio. Aunado a lo anterior, ésta circunstancia es conforme con los criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente expuestos, que es precisamente el que debe estar provisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional, por ello, la sola manifestación de un juzgador en el sentido de que, derivado de una situación en particular, existe animadversión en su ánimo y en probable pérdida de imparcialidad en el juicio, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, en términos del artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se soslaya que el presente juicio se haya desechado la demanda y el expediente se encuentre en el archivo en virtud de que, se advierte que el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual se suspendió y está pendiente de resolver, lo que puede traer como consecuencia el reinicio del juicio, amén de que la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después del juicio. Se cita en poyo de lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 83/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1067, que dice: "IMPEDIMENTOS DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deben excusarse para conocer de los asuntos puestos a su consideración cuando estimen que se actualiza alguna de ellas, las cuales pueden hacerse valer incluso después de dictado el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, ya que su función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada ésta, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de su imparcialidad durante todo el proceso o la pongan en duda, con inclusión de aquellos que pueden verificarse de forma posterior a la ejecución de sus sentencias, como en la denuncia de repetición de acto reclamado; con lo que se salvaguarda la tutela jurisdiccional efectiva del quejoso." Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, 52, 53, 54 y 58 de la Ley de la materia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
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