José Armando Ojeda Torres
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Armando Ojeda Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación de las constancias remitida por el Licenciado Roberto Enrique Castellanos, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 40/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El dos de febrero de dos mil veintiuno, ., por propio derecho, presentó demanda de amparo, que por acuerdo de esa misma fecha se admitió; se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados consisten en la orden de aprehensión librada contra el ahora quejoso en la carpeta judicial ., como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación (diversos dos), cometido en agravio de la víctima de iniciales reservadas T.T.H. y su ejecución, que atribuyó a las autoridades siguientes en su denominación correcta: 1. Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encargado del trámite. 2. Licenciado Roberto Enrique Castellanos Barroso, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce. 3. Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. La autoridad judicial citada en el ordinal 1 negó los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por tanto, al no existir medio probatorio en contrario, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales respecto de estas autoridades. Por su parte, las autoridades citadas en los numerales 2 y 3 aceptaron la existencia del mandamiento de captura referido, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas a la aludida carpeta judicial y disco compacto que contiene la audiencia privada en que se emitió, que por tratarse de documentos públicos, tienen eficacia en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual se tienen plenamente probados. TERCERO. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. La parte quejosa expuso que se transgreden en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, señalando como conceptos de violación, en esencia, que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, así como que no se encuentra fundada ni motivada la orden de aprehensión reclamada. Son infundados los referidos conceptos de violación. En primer lugar, conviene realizar un análisis integral del marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentran previstas en el numeral 1411. 1 "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión [...] Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: [...] I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; [...] II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y[...] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la Así, a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, se deberá girar: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). El caso previsto en la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales2. En cuanto al caso previsto en la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Respecto a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, aquella constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del Juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 constitucional3,deberá cumplir, además de la necesidad de cautela que exige tal fracción, con los siguientes requisitos: a) Que sea librada por la autoridad judicial competente, b) Que preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. necesidad de cautela. [...] En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [...] También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. [...] La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. [...] El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. [...] El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". 2 "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad [...] El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. [...] Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. [...] Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código". 3 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [...] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. [...] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [...] La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal". Entonces, la orden de aprehensión contemplada en la fracción III del artículo 141 del código adjetivo penal invocado, debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, como en el caso, y conforme al precepto 16 constitucional debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, además que, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional deriva del hecho de que, la forma en que se presenta al imputado ante el Juez de Control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado, ya que no implica necesariamente que el imputado guardará prisión preventiva, pues ello sería materia del objeto de medidas cautelares. En el caso en concreto, la fiscalía como medio de conducción del imputado al procedimiento, optó por solicitar al Juez de Control que girara orden de aprehensión al quejoso, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, de la audiencia privada en la que se dictó la orden de aprehensión aquí reclamada, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 16 constitucional y 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. Lo anterior, habida cuenta que la orden de aprehensión fue emitida por autoridad competente, requisito a), pues el licenciado Roberto Enrique Castellanos Barroso, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión judicial número doce, es autoridad judicial que en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como en el diverso 143, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ostenta facultad para emitir la orden de aprehensión controvertida, por tratarse de hechos constitutivos de delito del fuero común. En cuanto al segundo requisito, identificado con el inciso b) relativo a que el acto reclamado le preceda denuncia de un hecho que la ley señala como delito sancionado con pena privativa de libertad, lo tuvo por satisfecho dado que la víctima de iniciales reservadas T.T.H. presentó querella contra el ahora quejoso por el hecho con apariencia de delito de violación (diversos dos), previsto y sancionado en el artículo 174 (descripción típica)4, (prisión de seis a diecisiete años) del Código Penal para esta Ciudad. Por lo que respecta al requisito marcado con el inciso c), relativo a que en el caso existió un hecho que la ley señale como delito y, el diverso d) atinente a la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control responsable, a partir de la relatoría de los hechos por parte del agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados, al tener por demostrado sin vulnerar derecho humano alguno, los hechos consistentes en que ., aproximadamente a la una hora con treinta minutos del siete de enero de dos mil dieciocho, en el motel "Las Flores" ubicado en avenida Insurgentes, número mil veinte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, después de discutir con T.T.H., la bofeteó y tiró en el sanitario, por lo que ella comenzó a gatear para levantarse, instante en el que él la tomó de las axilas, la aventó a la cama y se le encimó, para enseguida desabrocharse el pantalón y levantarle la blusa y ropa interior para descubrir sus senos, procediendo la víctima a decirle "eres un maldito, desgraciado, no te importo" al instante en que lo empujaba para quitárselo de encima, sin que lo lograra, pues le impuso la cópula vía vaginal y posteriormente la orinó en cara y cabello, refiriéndole "esto es lo que se merecen las perras como tú". Así también, a las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la habitación de su domicilio ubicado en la colonia San Bartolo Atepehuacan, de la citada alcaldía, mediante la fuerza, la tomó de la cintura y le impuso la cópula vía anal, no obstante que ella le dijo "no, por ahí no, me duele mucho", respondiéndole aquel "me excita verte llorar, me gusta que llores". Para sustentar lo anterior, el juez de Control tomó en consideración los siguientes datos de prueba que la fiscalía narró en la audiencia respectiva. - Entrevista de la víctima de iniciales T.T.H. de uno de mayo de dos mil veinte, en la que narró los segmentos fácticos de mérito, agregando que a partir del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se fue 4 "Artículo 174. Al que por medio de violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá una pena de seis a diecisiete años de prisión. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. (.) Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato, o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá por querella." a vivir con el imputado en unión libre, es decir en concubinato y, que durante su relación le introducía los dedos de sus manos en el ano y se lo abría, para eyacular más rápido, lo que le ocasionó carnosidades y le tuvieran que reconstruir esa parte de su cuerpo. - Opinión técnica en psicología forense de dos de mayo de dos mil veinte, en el que la perito Juana Graciela Rosales Macedo, estableció las alteraciones psicológicas que la víctima presenta, tales como, tensión facial, llanto y temblor al describir las agresiones sexuales, sentimiento de culpa por haber continuado la relación de pareja desde la primera agresión sexual, repulsión y asco hacia el imputado, sensación de suciedad corporal, ganas de vomitar después de ingerir alimentos o después de tener contacto sexual no consentido, que la experta refirió son compatibles con las personas que han vivido violencia sexual y crónica como una forma de sometimiento en la dinámica de pareja. - Opinión técnica en materia de psiquiatría de uno de julio de dos mil veinte, signada por el doctor José Martínez Rico, quien concluyó que la evaluada presentaba patología psiquiátrica denominada distimia y trastorno de estrés post traumático, pero tiene la capacidad de declarar ante autoridad ministerial o judicial y de entender y comprender el significado del hecho delictivo, por poder conducirse libremente en su sexualidad. - Opinión técnica en materia de medicina forense de uno de mayo de dos mil veinte, en el que se estableció que al examen proctológico que se le practicó a T.T.H., presentaba cicatrices antiguas por colgajos circundantes al ano, por introducción de un objeto duro o de borde rombos. - Expediente clínico del sanatorio Santa Rosa, donde se advierte el diagnóstico de colgajo anal. - Informes de policía donde se describen los sitios donde ocurrieron los hechos. - Opiniones técnicas en materia de fotografía de los referidos lugares. A partir de esos datos de prueba que la agente del Ministerio Público reseñó, el juez de Control estimó que era factible sostener que el quejoso por medio de violencia física, en dos ocasiones, impuso la cópula a su concubina, una vía vaginal y la otra anal. Además, estimó que se acreditaba la necesidad de cautela, porque se trataban de hechos con apariencia de un delito que se encuentra contemplado con prisión preventiva oficiosa en términos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional5 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales6, además de que en términos del diverso numeral 170 de la citada legislación adjetiva, cualquier otra forma de conducción al proceso alertaría al imputado. De igual forma señaló, que se debía considerar que la víctima tuvo una relación de concubinato con él, por lo que conoce aspectos personales y familiares de ella, lo que implicaría un peligro de que en su contra se pudiera ejecutar algún acto que pusiera en peligro no solo su integridad personal, sino incluso su vida. De ahí que contrario a lo estimado por la parte quejosa, se justifique la emisión de la orden de aprehensión. Lo anterior, tiene sustento en el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL 5 "Articulo 19. (.)El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, roo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparación cometido por particualres, delitos cometidos con medios violentes como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." 6 "Articulo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA."7 Finalmente, en relación a su petición de que se aplique en su beneficio el control de la convencionalidad ex oficio y el principio pro persona, dígasele que la viabilidad de su aplicación, depende en principio de que efectivamente exista una afectación a determinada parte del parámetro de control de regularidad constitucional en perjuicio del solicitante del amparo, así como, que se cumplan los requisitos mínimos para llevarlo en la praxis. Cierto, a partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, los jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y, además, al margen de los medio de control concentrado de las constitucionalidad adoptados en el Pacto Federal, las autoridades judiciales deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual, pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la Constitución General, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la invocación del principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltos de manera favorable a sus pretensiones, ni si quiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a "interpretaciones más favorables", cuando tales no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, es conforme éstas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Asimismo, debe decirse que la invocación del citado principio no implica que los órganos jurisdiccionales deban resolver los asuntos de su competencia, soslayado los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales, para la procedencia de las solicitudes que ante ellos se plantean, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Por tanto la implementación del principio en estudio al sistema normativo no conlleva a que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que se encuentran constreñidos a verificar si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de las institución jurídica analizada, a fin de que ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales o las propias restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre. Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos, es insuficiente para que, si el juzgador no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran estar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforrme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho. En consecuencia, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada, que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo al admitir la demanda, en consecuencia, únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E SU E L V E: 7 De contenido: "El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." . PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ., respecto de los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en ese considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . contra la orden de aprehensión de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, que reclama de las autoridades precisadas en el considerando segundo, así como su ejecución, por las razones expuestas en el cuarto considerando del presente fallo. TERCERO. Se tiene a las partes por conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia, de acuerdo a lo determinado en el considerando último. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió copia digitalizada del juicio de amparo 40/2021, informe relativo al medio de impugnación interpuesto y original y copia del escrito de interposición de recurso de queja y expresa agravios, asimismo informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, e informa que fue registrado con el número Q.P 32/2021. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso ... interpuso recurso de queja contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa, y que mediante proveído de tres de los actuales, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, tal como lo prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, el cual ha transcurrido para las partes sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO que este juzgado federal dictó la determinación recurrida, por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, el escrito de agravios y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de su adscripción. Por otro lado, se desprende que la parte quejosa citó las constancias que deberían ser remitidas con la finalidad de resolver el medio de defensa planteado; por tanto, para los efectos procedentes y en aras de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, se ordena remitir a la superioridad copia certificada de este sumario. Notifíquese.
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