José Apis Díaz o José Apiz Díaz

Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
862/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • José Apis Díaz o José Apiz Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 47695/2021, procedente del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Torreón Coahuila de Zaragoza, con el que comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 862/2021 del índice de este órgano de control constitucional, registrándolo bajo el diverso 1338/2021-IB de su control; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Vista la demanda de amparo promovida en línea, por Daxpavel Buendía Nucamendi, defensor de ..., contra actos de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 862/2021. Ahora, de la lectura integral de la demanda se desprende que destaca como acto reclamado el siguiente: La resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno emitida por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, dentro del toca 150/2021, por la que se confirmó la determinación de veintidós de abril de la presente anualidad, dictada por la Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, dentro de la carpeta de ejecución 389/2019, en la que se negó el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena solicitado por el quejoso y, su ejecución, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número catorce "CPS Gómez Palacio Durango". Incompetencia Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este órgano jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso. La competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del constituyente permanente, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramité el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces del precepto invocado se desprenden cuatro reglas de competencia y dos excepciones, todas determinantes a fin de establecer, en este caso, qué juzgado debe de conocer del asunto, a saber: Reglas: Es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame: Deba tener ejecución Trate de ejecutarse Se esté ejecutando Se haya ejecutado Es decir, de lo anterior se obtiene que las reglas establecidas por el legislador para determinar la competencia por territorio, únicamente se circunscriben al lugar donde el acto reclamado deba, trate, se esté o se haya ejecutado, no así al lugar en donde radique el expediente del que emanen los actos reclamados. De ahí que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia en este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que los efectos y consecuencias que se deriven de la resolución reclamada se materializará, esto es, seguirá teniendo ejecución material en el lugar en donde el hoy quejoso se encuentra compurgando su pena (primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo), por lo que, corresponde conocer del asunto, al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el Centro Federal de Readaptación Social número catorce "CPS Gómez Palacio Durango", ya que el acto reclamado destacado, confirma la determinación por la que se negó el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso. Y si bien, las autoridades responsables, Primera Sala Especializada y la Juez Cuarto, ambos de Ejecución de Sanciones Penales, tienen su sede en esta Ciudad de México, lo cierto es que no por ello, debe fincarse competencia a este órgano jurisdiccional, ya que el acto reclamado deriva de la etapa de ejecución de la pena impuesta y, no propiamente del proceso, pues no por el solo hecho de encontrarse ubicados en la misma jurisdicción, los jueces de amparo en esta ciudad conocerán de todos los asuntos en que se reclamen resoluciones de jueces Especializados en Ejecución de Penas Sirve de apoyo a tal consideración, la contradicción de tesis 51/2013, que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido.". Así como, en lo que interesa, la contradicción de tesis 141/2004-PS, que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2005, Tomo XXI, página 5, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de control constitucional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, en turno, a quien deberá remitirse la demanda recibida en línea y el presente acuerdo, vía interconexión, para que determine sobre la competencia declinada por razón de territorio. Solicítese al juez que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene por autorizados a Alinne Monserrat Ojeda Jaimes, Marco Antonio Cantero Sánchez, Joaquín Morales Reyes, Héctor de la Rosa Estefan, Oscar Iván Aguilar Aguilar, Igor Bravo González y Erick Livio Buendía Nucamendi en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Ahora, en torno a Luis Fernando Nieto Rodríguez, Giovanni Miguel Gómez Gómez, Héctor Sánchez Balanzar, María Cristina Santillán Lulé, José Guadalupe Apis Rangel y Grecielene Grijalva Mejía, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que éstos se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo hagan por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcionen el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en caso de no hacerlo, únicamente quedarán facultados en los términos que indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo (esto debido a que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el mencionado artículo de la ley de la materia). Por otra parte, del ocurso de cuenta se advierte que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en calle Instituto Técnico Industrial, número 206, interior 302, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo de esta ciudad, de igual manera, solicitó para los mismos efectos la vía electrónica del expediente bajo el usuario "DAXPAVELFIEL"; en consecuencia, a fin de privilegiar las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal y tomando en consideración la situación por la que atraviesa nuestro país derivado de la pandemia causada por el virus Covid-19, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica bajo el usuario antes precisado. Tómese en consideración el correo electrónico proporcionado para, de ser necesario, entablar comunicaciones no procesales. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se le requiere para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Desde este momento se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. OPOSICIÓN A PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como con base al artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, téngase por hecha la oposición del quejoso a que se publiquen sus datos personales. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

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