José Antonio Zalazar Ochoa
Expediente 510/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 23/11/2018
Partes del expediente
- José Antonio Zalazar Ochoa
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad, en la que se concedió el amparo a la quejosa, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que acatara dicha determinación en sus términos. Con motivo de lo anterior, mediante el oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal, el veintiséis de octubre de este año (fojas 158 y 159), la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a dicha resolución. En relación a lo anterior, por auto de veintinueve de octubre del propio año (foja 160), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el seis de noviembre de esta anualidad (foja 163); sin que en tal período hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Así pues, mediante resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre de esta anualidad (fojas 123 a 137), determinó modificar y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Antonio Salazar Ochoa, en los términos siguientes: *** De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa, los preceptos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstenga de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que le devolvieran a la peticionaria de amparo las cantidades de dinero se le hubieran descontado a partir de la fecha en que le fue aplicado el descuento en su jubilación por pensión por el concepto 53 (fondo de pensiones). Así, el veintisiete de septiembre de este año (foja 138), se ordenó el cumplimiento a las responsables. Luego, mediante libelo y anexo recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de octubre de este año (fojas 158 y 159), la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales y remitió copia de la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad de $55,514.00 (cincuenta y cinco mil quinientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), a partir de la fecha en que le fue aplicado el descuento en su jubilación por pensión por el concepto 53 (fondo de pensiones). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que en parte se concedió la suspensión de los actos reclamados; por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa. En tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio presentado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un sobre con ciento once recibos de nómina exhibidos por el quejoso como anexo a foja noventa y uno; consecuentemente, agréguese dicho libelo para los efectos legales a que haya lugar y déjese por separado en lugar seguro los recibos a que se hace mención. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los recibos de nómina que exhibió; apercibida que de no hacerlo, dicha probanza podrá ser destruida junto con el expediente; lo anterior, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad, en la que se concedió el amparo a la quejosa, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que acatara dicha determinación en sus términos. Con motivo de lo anterior, mediante el oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal, el veintiséis de octubre de este año (fojas 158 y 159), la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a dicha resolución. En relación a lo anterior, por auto de veintinueve de octubre del propio año (foja 160), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el seis de noviembre de esta anualidad (foja 163); sin que en tal período hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Así pues, mediante resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre de esta anualidad (fojas 123 a 137), determinó modificar y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Antonio Salazar Ochoa, en los términos siguientes: *** De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa, los preceptos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstenga de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que le devolvieran a la peticionaria de amparo las cantidades de dinero se le hubieran descontado a partir de la fecha en que le fue aplicado el descuento en su jubilación por pensión por el concepto 53 (fondo de pensiones). Así, el veintisiete de septiembre de este año (foja 138), se ordenó el cumplimiento a las responsables. Luego, mediante libelo y anexo recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de octubre de este año (fojas 158 y 159), la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales y remitió copia de la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad de $55,514.00 (cincuenta y cinco mil quinientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), a partir de la fecha en que le fue aplicado el descuento en su jubilación por pensión por el concepto 53 (fondo de pensiones). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que en parte se concedió la suspensión de los actos reclamados; por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa. En tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio presentado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un sobre con ciento once recibos de nómina exhibidos por el quejoso como anexo a foja noventa y uno; consecuentemente, agréguese dicho libelo para los efectos legales a que haya lugar y déjese por separado en lugar seguro los recibos a que se hace mención. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los recibos de nómina que exhibió; apercibida que de no hacerlo, dicha probanza podrá ser destruida junto con el expediente; lo anterior, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicios del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada al quejoso; luego, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que mediante proveído de veintinueve del actual mes y año, se tuvo por recibida dicha información.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada al quejoso; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a dicha parte con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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