José Antonio Torres López

Expediente 2100/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2100/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Torres López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 41 a 53), la Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de diciembre dos mil diecinueve (foja 54), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que indicaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 19 a 26), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la junta responsable, de manera inmediata, dictara el laudo correspondiente dentro del juicio 272/2018 de su índice. Resolución que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 32 a 33). Ante ello, a través de oficio y anexos recibidos el once de diciembre de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 41 a 53), la Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello remitió copia certificada del laudo dictado el diez de diciembre de la presente anualidad dentro del contradictorio laboral 272/2018 de su estadística (fojas 44 a 52). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada; además, no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio número 1181/2019, de tres de diciembre de la presente anualidad, signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto número 325/2013 (auxiliar 724/2019) y anexos, en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada en esa fecha, y de la que se advierte que, se sobreseyó en el presente juicio. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales, informa que acató el fallo protector concedido; por tanto, agréguense a sus autos para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlos en el momento en que este Juzgado se pronuncie respecto el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 122 a 124), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecisiete de octubre de la presente anualidad (foja 125), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 73 a 96), se determinó conceder a ****, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito realizado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Resolución que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 118 a 119). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la parte peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 122 a 124), la Delegada de Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante cheque, el doce de dicho mes y año, por la cantidad de ****. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho por la cantidad de **** (fojas 16 y 66), y que se efectúo la devolución mediante la entrega del título de crédito citado en el párrafo anterior el doce de octubre de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil dieciocho al mes de octubre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes septiembre del año en que se actúa fue de 100.917 y para el mes de febrero del mismo año fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7644; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: **** se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ****; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de *****; sin embargo, de las constancias que anexó al oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la sentencia, se advierte que reintegró la diversa de**, es decir, hay un excedente de ****; en ese sentido, se considera que dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de recibir la cantidad referida, así como los que efectué la quejosa, a fin de reintegrar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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