José Antonio Santa Cruz Betance

Expediente 1914/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 1 actuación registrada, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1914/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Santa Cruz Betance

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica auto a asesor jurídico. Vista la certificación puesta por el secretario de este juzgado, se advierte que la parte quejosa y su asesor jurídico no desahogaron la vista relativa al cumplimiento del fallo protector; por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables Director General, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, (fojas 187 a 191), las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que se otorgó al quejoso la atención médica especializada en el área de traumatología, mediante consulta del especialista respectivo del Hospital General de Gómez Palacio, Durango, practicada el once de noviembre de dos mil diecisiete, respecto a los padecimientos que refirió el quejoso como secuelas de operación de cráneo y codos, lo cual derivó en la prescripción de un tratamiento de terapia física, así como de medicamentos Celebrex 100 mg, y Gabapentina 300mg, proporcionado al peticionario de amparo del dieciséis de noviembre al cinco de diciembre de ese año, según aparece de las constancias que aparecen en autos (fojas 189 y 190). Lo anterior, sin que el quejoso o su asesor jurídico manifestaran inconformidad con el cumplimiento decretado por las precitadas autoridades responsables, puesto que se le dio vista del mismo en su momento procesal oportuno. Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por el solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgadora advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso, asesor jurídico del quejoso y agente del Ministerio Público adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables.

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