José Antonio Rincón Simón
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Antonio Rincón Simón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 20 del precitado acuerdo general. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No existe. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida del licenciado Jesús Omar López Coronado, secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por otro lado, se hace constar que la única autoridad responsable denominada ********************, omitió rendir su informe justificado, pese a que fue debidamente notificada para ello. Igualmente, se precisa que la parte quejosa no desahogo la prevención formulada por este juzgado, a fin de que señalara como autoridad responsable al Director de Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad, quien ordenó el retiro de circulación de los vehículos objeto del acto reclamado, de ahí que, se continuo con el juicio únicamente por la autoridad señalada en el escrito inicial, en términos del acuerdo de veintisiete de abril de este año. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ********************solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del particular denominado ********************, los cuales a continuación se trascriben: "IV. LA OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- LA OMISIÓN DE DEVOLVERME AL QUEJOSO ********************, EN CALIDAD DE PROPIETARIO, MIS DOS VEHÍCULOS, EL PRIMERO MARCA ******************** ******************** Y EL SEGUNDO MARCA ******************** YA QUE CON FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO LA DIRECCION DE ECOLOGÍA DEL R. AYUNTAMIENTO ME REALIZO EL RETIRO DE MIS VEHICULOS POR EL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN Y FUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ********************. QUEIN RECOGIÓ MIS VEHÍCULOS Y LOS TRASLADO A SU CORRALÓN [.]" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que se vulneró en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 apartado B, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Returno. La demanda fue turnada inicialmente al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, quien la radicó y posteriormente la returno a este juzgado federal, a través del oficio número 7791, recibido en este órgano el nueve de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, este juzgado aceptó el returno planteado, por lo que, mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se continuó con el trámite del juicio bajo el número de expediente 371/2023-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, entre otras cosas. Durante la secuela del procedimiento, este juzgado advirtió que los actos reclamados fueron ordenados por el Director de Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad, por ello, se dio vista a la parte quejosa para manifestará si era su deseo ampliar la demanda respecto dicha autoridad. Luego, al no haber contestado el requerimiento relativo, por acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó continuar con el trámite del juicio únicamente en los términos planteado en la demanda, esto es, sin tener como autoridad responsable al Director de Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad, quien ordenó el retiro de circulación de los vehículos cuya devolución reclama la parte quejosa. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: La retención y/o aseguramiento de los vehículos que aduce son de su propiedad, los cuales fueron retirados de la circulación por orden del Director de Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad; y En vía de consecuencia, la omisión o negativa de devolverle los citados vehículos. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable ********************, pues al no haber rendido su informe justificado, pese a estar debidamente notificada, se presume la certeza de los actos atribuidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 115-120, sexta parte, Séptima época, página 84, con registro 252213, que indica: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. PRESUNCION DEL ACTO RECLAMADO, CONFORME AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. ALCANCES. La presunción de certeza del acto reclamado, que opera porque la autoridad responsable no rinde informe justificado, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, sólo implica tener por demostrada la existencia del acto reclamado, pero carece del efecto de tener por acreditada la ilegalidad del propio acto ni, por otra parte, exime al quejoso de la obligación de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del propio acto reclamado, salvo cuando el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Lo anterior con fundamento en el referido numeral y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgado advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley Amparo, los cuales disponen lo siguiente En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 5, de la Ley de amparo establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Por su parte, el artículo 108, fracción III, de la misma legislación, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" De acuerdo con los numerales antes citados, se infiere que es a la parte quejosa a quien corresponde precisar ya sea en su escrito de demanda de amparo, o en cualquier otro momento procesal, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, el señalamiento y denominación de la autoridad o autoridades responsables a quienes les atribuye la emisión o ejecución del acto que le causa un perjuicio en sus derechos fundamentales; ello con la finalidad de que el órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud, en primer lugar, de poder llamar a juicio a la autoridad designada; y en segundo, para que el propio órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de analizar y dirimir la cuestión que le es planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo, una vez habiéndose llamado previamente a la autoridad a la que le atribuye la emisión del acto reclamado. De esta manera, haciendo una interpretación a contrario sensu de lo expuesto previamente, se obtiene que si la parte quejosa es omisa en señalar a la autoridad o autoridades responsables que hayan participado en la emisión o ejecución de los actos que reclama en su demanda de amparo, tal situación traería como consecuencia que en modo alguno pudiera examinarse la constitucionalidad de los actos que sean atribuidas a dichas autoridades, al no haber sido llamadas al juicio de amparo, ante la omisión de la parte quejosa de hacer el señalamiento de las mismas, dado que de lo contrario, se estaría analizando la constitucionalidad de un acto, sin que la autoridad que lo haya emitido o ejecutado tuviera la oportunidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas tendentes a establecer la constitucionalidad de los actos que se le atribuyan. Así, la fracción en estudio establece como requisito la obligación a cargo del quejoso de señalar en la demanda a la autoridad o autoridades responsables, bajo el entendido de lo que la Ley de Amparo, en su artículo 5º, fracción II y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definen como autoridades responsables. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra en la tesis PXXVII/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De este modo, conforme a lo establecido en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo tener ese carácter los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos humanos de los gobernados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que el quejoso deberá precisar la denominación de la autoridad o autoridades que se encuentren en las hipótesis que señala el numeral citado. Requisito que es fundamental para analizar la inconstitucionalidad propuesta en la demanda, debido a que la autoridad responsable es parte de la controversia y debe tener la oportunidad de pronunciarse en relación al acto que se le atribuye. No obstante, si del examen integral de la demanda se advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable o bien del informe justificado, es deber del juzgador de amparo requerir al promovente para que manifieste si la señala o no con ese carácter. Tiene aplicación, la tesis VIII.1o.19 K, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con registro número 195463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 1106, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados". Ahora bien, recordemos que el quejoso reclama esencialmente la retención y/o aseguramiento de los vehículos que aduce son de su propiedad, respecto de los cuales la autoridad responsable se niega a devolverlos. Así pues, debe indicarse que acorde a los hechos que se narran en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamado derivan de la orden dada por el Director de Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad, pues dicha dependencia ordeno el retiró de circulación de los vehículos en cuestión. No obstante, esa autoridad no fue señalada como autoridad responsable, pues la parte quejosa no desahogó la prevención realizada para tal efecto, por ello, en auto de uno de junio del presente año se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, por lo que se ordenó continuar con el trámite del juicio únicamente en los términos planteados en la demanda, esto es, sin tener como autoridad responsable al Director de Ecología y Medio Ambiente. En ese contexto, si la parte quejosa no quiso señalar como responsable a la autoridad que ordenó el aseguramiento y/o retención de los vehículos cuya devolución se reclama, por ende, no se puede examinar la legalidad de dicho acto al no haberse llamado a la autoridad que lo emitió, lo que deriva de la propia omisión imputable al peticionario de amparo. En este orden de ideas, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la autoridad emisora de los actos reclamados, no es posible analizar su constitucionalidad, y por ello se debe sobreseer en el presente juicio, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sobre ese punto resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. CLXIV/98, publicada en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por todo lo anterior, al quedar plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el día de hoy se encuentra señalada fecha para celebrar la audiencia constitucional, sin embargo, el titular de este juzgado de Distrito, se encuentra gozando de licencia y la secretaria encargada del despacho por Ministerio de Ley, carece legalmente de facultad para resolver en definitiva el presente asunto; por tanto, a fin de evitar una posible reposición de procedimiento, procede diferir la audiencia respectiva. Diferimiento. Es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada número I.6o.C.75 K, visible en la página 1870, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto rezan: "SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. SÓLO ESTARÁ FACULTADO PARA DICTAR SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CUYAS AUDIENCIAS SE CELEBREN DURANTE LAS VACACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE DEPENDA. El secretario de Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, únicamente estará facultado para dictar sentencia en los juicios de amparo cuya audiencia se fije y celebre durante los días de vacaciones del titular del órgano jurisdiccional del que dependa. Por ello, las resoluciones que aquel pronuncie con el carácter indicado, serán válidas jurídicamente, sólo en el caso que él haya celebrado la audiencia fijada durante los referidos días de vacaciones del titular, en ejercicio de su encargo como juzgador sustituto por ministerio de ley, pero si decreta el sobreseimiento en un juicio fuera de audiencia, es incuestionable que tal determinación no puede ser jurídicamente válida si no existe constancia alguna que acredite en qué términos fue autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, acorde con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que implica trasgresión a las reglas fundamentales del procedimiento, dado que el aludido funcionario sólo puede realizar lo que le es permitido o autorizado legalmente, esto es, resolver en definitiva en los juicios de amparo cuya audiencia se hubiere fijado y celebrado durante los días de su gestión por vacaciones del titular del juzgado correspondiente." Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Se tiene por recibido el oficio del encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de este juzgado federal. Estado de autos. Ahora bien, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, para que remita las piezas postales requeridas; por tanto, hágase del conocimiento de la autoridad compareciente que subsiste el término y apercibimiento en el auto de referencia. Notifíquese.
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