José Antonio Royuela Solarana

Expediente 1828/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1828/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
29/12/2016

Partes del expediente

  • José Antonio Royuela Solarana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1828/2016-IA; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, turnado en la misma fecha a este juzgado, José Antonio Royuela Solarana solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de seis de diciembre de este año se registró y admitió la demanda bajo el número 1828/2016-I-A, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; solicitó informe justificado a las autoridades responsables, y señaló fecha para celebrar audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse una orden de citación a autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en: La orden de citación y su ejecución. TERCERO. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen, sin que el peticionario del amparo haya aportado prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. La autoridad Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía de Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México omitió rendir informe justificado, pese a estar notificado del oficio por el que se le solicitó (foja 20); por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto, aunado a que el quejoso adjuntó el original del citatorio de veintiocho de noviembre de este año (foja 10). De igual forma, constituye un hecho notorio que en el cuaderno incidental derivado de este expediente, la citada autoridad rindió informe previo aceptando el acto, debiéndose agregar copia certificada para constancia legal. El resto de las autoridades negaron el acto, sin embargo, procede presumir cierta la existencia de la ejecución que se les reclama, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dada su calidad de ejecutoras y ante la presunción a la ordenadora. Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este juzgado estima de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, la integración de una carpeta de investigación no se realiza de manera inquisitiva, ni se ejerce de manera arbitraria, ya que tiene su fundamento en las facultades que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere a la Representación Social, con la finalidad de investigar y determinar la existencia o no de algún hecho delictivo; de ahí que la citación reclamada no coloca al quejoso en peligro inminente de ver afectados sus derechos humanos, como lo pretende hacer valer. En efecto la citación del amparista en la carpeta de investigación 463300360004816, atribuida al Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía de Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales, no quebranta los derechos sustantivos del quejoso, ni lo afecta en grado predominante o superior, atento a que la facultad que el Representante Social investigador ejerce en este caso particular, no implica el análisis del hecho ilícito en su contra, ni su probable participación, pues la cita es con el carácter de testigo, lo que implica la obligación que tiene aquél de investigar y perseguir los delitos sometidos a su conocimiento, de ahí que, no le depara un perjuicio. Es decir, la citación del inconforme, por sí sola no tiene la finalidad de privarlo de la libertad, pues no constituye una orden de comparecencia o presentación, dado que únicamente pretende garantizar que por sí misma se presente para que rinda su entrevista, en relación a los hechos que se investigan en la carpeta de investigación y sin que se constituya un presupuesto o requisito ineludible para integrar la investigación. De ahí que la sola emisión del acto descrito no coloca al quejoso en peligro inminente de ver afectado su derecho fundamental de libertad personal, aun temporalmente. Sobre el particular es aplicable el siguiente criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1113, Tomo XX, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, Novena Época, Materias Constitucional y Penal, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación prevía sí puedan, por sus características efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Antonio Royuela Solarana, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo y por los motivos vertidos en los diversos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del Secretario Yamín Dávalos Rosas. Doy fe. El Juez El Secretario

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón que antecede, en la que la actuaria judicial hace constar su imposibilidad para hacer entrega de los oficios 29660, 29661 y 29662, dirigidos al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia; Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia; Elementos Captores de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de México, por las razones que ahí expone. En consecuencia, se dejan de tener como responsables, para los efectos del juicio en que se actúa, a las autoridades de referencia; por tanto, se suspende toda comunicación con las mismas. Por otra parte, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1828/2016-IA. R E S U L T A N D O; ÚNICO. Por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado ordenó formar el incidente de suspensión por así haberlo solicitado el quejoso; requirió el informe previo; y, fijó fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O; PRIMERO. Las autoridades responsables Procurador General de Justicia; Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía de Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia, Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia y el Juez de Control de Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, todos del Estado de México, negaron los actos que de ellas se reclaman, consistentes en orden de arresto y/o orden de presentación, dentro de la carpeta de investigación 463300360004816, con la cual se pretende privar de su libertad. Por tanto, como el quejoso no aportó pruebas que desvirtuara dicha negativa, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables. Al respecto, resulta aplicable la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las responsables niega los actos que se les atribuyen, y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. (Octava Época, S.J.F. Tomo X, Octubre 1992, página 356)". SEGUNDO. Ahora, por cuanto hace al Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía de Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el citatorio dentro de la carpeta de investigación 463300360004816, ello en virtud de comparecer a rendir su entrevista en carácter de testigo; y que a la fecha no ha hecho efectivo el apercibimiento. Ahora, en cuanto a dicho acto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no sea privado de su libertad deambulatoria con motivo del referido citatorio. En ese sentido, es conveniente señalar que bien la orden de citación librada para declarar en la carpeta de investigación no tiene los alcances de una orden de detención; sin embargo, afecta de manera temporal la libertad deambulatoria de la persona, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que es del rubro siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA." En ese sentido, el promovente deberá presentarse ante la autoridad responsable que aceptó el acto reclamado, para la práctica de las diligencias necesarias, en los términos que se precisan a continuación. Dentro del plazo de cinco días legalmente computados, el quejoso deberá: a) Comparecer ante la responsable en los términos mencionados líneas precedentes; e, b) Informar su comparecencia a este órgano de Control Constitucional (lo cual deberá efectuar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que realice dicha comparecencia). c) Además, deberá exhibir, dentro de los cinco días siguientes al de su legal notificación, garantía por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Luego, en caso de incumplimiento con las medidas de aseguramiento antes precisadas, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable, ello de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a José Antonio Royuela Solarana, respecto de los actos que reclama a las autoridades precisadas y por los motivos expuestos en el considerando primero de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a José Antonio Royuela Solarana, respecto de los actos que reclama a la autoridad precisada y por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta determinación. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguense los informes justificados remitidos por la autoridad que lo suscribe y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la citada legislación, se tienen como delegados a quienes refiere. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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