José Antonio Rojas Moreno

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Rojas Moreno
  • José Antonio Rojas Moreno y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el proveído de veintiocho de marzo del año en curso en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al solicitante del amparo, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que si bien se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, también se emitió proveído en el que concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso ******, no desahogo el requerimiento de tres de marzo de dos mil veintidós, es decir en informar si los menores M.J.R.Q. y M.R.Q. fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, en ese sentido se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que los menores aludidos recibieron la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis. Atento a ello, se advierte que la parte quejosa *****, en representación de los menores de iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q., reclamaron en la presente instancia constitucional, del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, en esencia: "La omisión de aplicar la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, a los menores aquí quejosos, de iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q." CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de los menores de identidad reservada de iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q., la vacuna contra el virus SARS-coV2, situación que sucedió en dos momentos y bajo dos dosis. Para ello, en proveído de ocho de febrero del año en curso se realizó un hecho notorio del presente asunto, con el diverso 66/2022-II-B del índice de este juzgado, en el que se comunicó a la quejosa que la responsable Secretaría de Salud del Estado de México, dentro del expediente antes citado, citó a la diversa solicitante del amparo para que presentara a la menor de iniciales M.E.F.G., con uno de sus progenitores y/o representante legal en el "Hospital del Niño", a fin de que le fuera aplicada la primera dosis de la vacuna; por tanto, se requirió al promovente de amparo, para que presentara a los menores de identidad reservada de iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q., para dicha aplicación, situación que así aconteció en esa data, lo cual se corrobora con el oficio enviado por la autoridad en comento el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, al correo electrónico tramite2@correo.cjf.gob.mx y registrado el veintiocho de febrero del mismo año en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 263-264). Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de completar el esquema de vacunación a los menores de iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q.; por lo que se obtuvo que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación seria el veintitrés y/o veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; lo cual así aconteció, toda vez que de la certificación de cuenta se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó a la parte quejosa en proveído de tres de marzo de este año, por lo que se presume que fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2.; lo que se deduce que el esquema de vacunación de dichos menores fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Sin que se soslaye el hecho de que a la fecha en que se actúa, todavía no se cuenta con las constancias en las que el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite haber aplicado la segunda dosis a los infantes quejosos antes citados; sin embargo, como quedó asentado en líneas anteriores se presume que fueron vacunados los menores de la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2. Máxime que en términos del artículo 260, de la Ley de Amparo, cualquiera de las partes está obligada en informar alguna causa de improcedencia. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que la autoridad responsable informó que la primera dosis le fue aplicada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós (foja 296), así como la parte quejosa informó lo conducente (foja 278); en tanto que la aplicación de la segunda dosis de vacunación se efectuó el veinticuatro de marzo del mimo año, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio signado por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el cual comunica que el diecisiete de febrero del año en curso, los menores con identidad reservada M.J.R.Q y M.R.Q., fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 y para acreditar su dicho remite diversas constancias. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la oficiante las constancias que envió, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, manifiesta que la aplicación de la segunda dosis de inoculación citada, se encuentra prevista para el veintitrés y veinticuatro de marzo del año que transcurre; sin embargo en proveído de tres de los cursantes se acordó la conducente, sin que haya que proveer al respecto. Por otra parte, no pasa desapercibido este juzgador que la autoridad oficiante en el documento que adjuntó que denomina carta de consentimiento, informando para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años se advierte lo siguiente: De lo anterior, la responsable asienta que este juzgador la obliga a vacunar a los menores supracitados, "aún sin estar estipulado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México, ni en los lineamientos operativos; y a pesar de que la vacuna Pfizer/BioNTech tiene autorización para su uso en personas de 12 a 17 años de edad la aplicación no está libre de riesgo. - - - - - En ese sentido, no se responsabiliza a la Secretaría de Salud respecto de los efectos adversos que pudiera provocar la vacuna, considerando que la misma se aplica bajo la entera responsabilidad de (los) progenitor (es) y/o tutor (es) del menor, así como de este último y en pleno acatamiento a la instrucción de la autoridad jurisdiccional en comento." Ahora bien, comuníquese nuevamente a la responsable oficiante que en el auto admisorio se determinó lo siguiente: ".con fundamento en los artículos 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, para que la autoridad responsable, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias, para que se aplique en favor de los menores quejosos de iniciales; M.J.R.Q., y M.R.Q., ya sea directamente por la propia autoridad responsable, o bien, por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de la misma, de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio de los quejosos, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 para la prevención de COVID-19 en México y, de ser el caso, se aplique la vacuna respectiva a los citados menores quejosos; siempre y cuando una vez que se realice una valoración médica integral y exhaustiva a los menores quejosos en donde en su caso se determine, sí físicamente y de acuerdo a su edad y estado de salud, son candidatos a la aplicación de la misma y en las modalidades (tipo o marca de la vacuna) así como la dosis correspondiente de acuerdo a todos los aspectos médicos que deben de tomarse en consideración, como por ejemplo de manera enunciativa y no limitativa el peso, edad, raza, alergias, enfermedades, y demás aspecto facticos que puedan ser referencia; además de que deberá considerarse el comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años; y de no ser así, deberá manifestarlo ante este Juzgado de Distrito. - - - - - En el entendido que la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito, la fecha y hora en que quedó programada la valoración motivo de la medida suspensional." Atento a lo anterior, la oficiante no ha informado a la fecha la valoración que realizó a los menores con iniciales M.J.R.Q., y M.R.Q., es decir que la aplicación de la vacuna a los citados menores quejosos; debería ser aplicada siempre y cuando una vez que realizaran una valoración médica integral y exhaustiva a los menores en comento, en donde en su caso se determinaran, sí físicamente y de acuerdo a su edad y estado de salud, son candidatos a la aplicación de la misma y en las modalidades (tipo o marca de la vacuna) así como la dosis correspondiente de acuerdo a todos los aspectos médicos que deben de tomarse en consideración, como por ejemplo de manera enunciativa y no limitativa el peso, edad, alergias, enfermedades, y demás aspecto facticos que puedan ser referencia; además de que deberían apegarse al comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años; y de no ser así, deberían manifestarlo ante este órgano de control constitucional. Por lo que, queda bajo su más estricta responsabilidad la aplicación de la vacuna correspondiente, pues este juzgado no tiene facultades para ordenar a las responsables la aplicación de la misma al ser un órgano jurisdiccional (no médico-científico), por lo mismo, en la suspensión concedida se precisó a las autoridades que, previo a la aplicación (de ser procedente), realizara las valoraciones médicas correspondientes, lo que se traduce no en una orden dada u obligación impuesta por el suscrito juzgador como erróneamente lo hace ver la oficiante. Máxime que la responsabilidad de los profesionales médico-sanitarios va más allá de los deberes contenidos, ya que están obligados a actuar de acuerdo a los estándares de su profesión. Tales requerimientos pueden provenir tanto de disposiciones reglamentarias (Normas Oficiales Mexicanas), como de la lex artis ad hoc o, simplemente de la lex artis de su profesión. Así, para determinar el tipo de responsabilidad derivada de los profesionales médico-sanitarios, deberá analizarse el cumplimiento o incumplimiento de las prescripciones de la ciencia médica en el momento del desempeño de sus actividades. En efecto, el ejercicio de la ciencia médica trae aparejados ciertos riesgos que no siempre pueden evitarse, por lo que para responsabilizar al personal médico-sanitario por los daños ocasionados en los procedimientos a su cargo debe probarse un actuar negligente. En tal sentido, su responsabilidad es de índole subjetivo, cuyos elementos son: el daño, la culpa y el nexo causal entre dicho daño y culpa. Así, anteriormente la responsabilidad médico-sanitaria generaba una responsabilidad de índole objetiva, debido a la dificultad que representaba el probar la negligencia del médico. No obstante, la caracterización de la responsabilidad médico-sanitaria evolucionó hacia una responsabilidad subjetiva al considerar a la ciencia médica una actividad de medios y no de resultados. Tal evolución no impidió que se estableciera en algunos casos, la inversión de la carga de la prueba de la responsabilidad; y los profesionales médicos y/o las instituciones de salud tienen los conocimientos necesarios para determinar qué información puede ser relevante en el proceso. Asimismo dichas instituciones deben contar con el expediente médico del paciente. Por tanto, las pruebas relevantes se encuentran en muchas ocasiones en posesión de los propios médicos o de los centros hospitalarios, o bien, éstos profesionales pueden acceder con mayor facilidad a las mismas, o bien, hacer los exámenes correspondientes previo a realizar alguna actuación de su labor. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.22/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 235, de rubro y texto siguiente. "DAÑOS ORIGINADOS POR LA PLICACIÓN NEGLIGENTE DE LA ANESTESIA. GENERAN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ÍNDOLE SUBJETIVA (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE TABASCO). Aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado para la administración de la sustancia denominada anestesia, los daños generados por la administración negligente de la misma actualizan una responsabilidad de índole extracontractual, al estar en juego valores indisponibles para el paciente como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora bien, tal responsabilidad extracontractual es de carácter subjetivo, por lo que para exigir la reparación de los daños generados por el uso de anestesia debe probarse el elemento subjetivo de la conducta. No obstante, existe la presunción de que los daños ocasionados por la anestesia fueron originados por un actuar negligente, por lo que le corresponderá desvirtuar dicha presunción al personal médico que participó en las etapas que abarca el cuidado anestésico.".

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado; atento a ello, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, no pasa desapercibido este juzgado que la autoridad oficiante, refiere que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para los menores aquí quejosos con iniciales M.J.R.Q. y M.R.Q., es el veinticuatro de los cursantes; sin embargo, dicha información fue acordada el tres de marzo de este año

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano