José Antonio Rodríguez Olivar
Expediente 12/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Antonio Rodríguez Olivar
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 12/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Antonio Rodríguez Olivar, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 2. Notificador Rafael Terán Molina, dependiente del Departamento de Ejecución Fiscal, de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (autoridad señalada en el escrito aclaratorio) Con residencia en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1. La emisión del oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019, de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, respecto al mandamiento de ejecución notificado al C. Jorge Luis García Cano, Director de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, signado por el Lic. Filiberto Salmerón Suárez, Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, respecto de la multa ordenada al suscrito JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ OLIVAR, por la cantidad de $8,221.20 (Ocho mil doscientos veintiún pesos 20/100 M.N.), en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TJA/SS/108/2018, derivado del juicio de nulidad número TCA/SRA/I/001/2013, así como el acta de requerimiento de pago levantada en esa misma fecha, en cumplimiento al oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019. 2.2.- El acta de embargo de fecha trece de diciembre del año en curso, en cumplimiento al oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, por auto de veintiuno de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 12/2020; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma, se llevara a cabo, con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los mismos por dicho fenómeno, que ordenó la suspensión de actividades laborales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del tres de agosto de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, por lo que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del presente juicio, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma se llevara al cabo, con motivo de la suspensión de labores de las autoridades responsables, misma que se señaló nuevamente por acuerdo de trece de julio del año en curso, para tener verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo en relación con las constancias de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que contiene el mandamiento de ejecución de la multa impuesta al aquí quejoso José Antonio Rodíguez Olívar, en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente de ejecución de sentencia TJA/-SS/107/2018, derivado del juicio de nulidad TCA/SRA/I/001/2013, mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, por la cantidad de $8,221.20 (ocho mil doscientos veintiún pesos 20/100, moneda nacional), del que derivó el requerimiento de pago y embargo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, atribuido al Notificador Ejecutor Rafael Terán Molina, dependiente del Departamento de Ejecución Fiscal, de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, pues así lo informó en su representación el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, quien al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del mismo, certeza que se corrobora además con las constancias remitidas como complemento a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los invocados ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, es cierto el acto de ejecución reclamado al Notificador Rafael Terán Molina por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, no obstante que al rendir su informe con justificación lo negó, pues de las constancias remitidas por la autoridad exactora, se advierte la diligencia relativa al cobro de la multa. CUARTO. Estudio de fondo. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como se indicó en el considerando segundo, los actos reclamados por la parte quejosa se identifican como aquellos que se emiten dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, pues a través del oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se emitió el mandamiento de ejecución de la multa impuesta al aquí quejoso José Antonio Rodíguez Olívar, dentro del expediente de ejecución de sentencia TJA/SS/107/2018, derivado del juicio de nulidad TCA/SRA/I/001/2013. Lo anterior adquiere relevancia en tanto el análisis de la legalidad del inicio del procedimiento administrativo de ejecución necesariamente debe tener como punto de partida la notificación previa de la resolución determinante, ya que constituye una condición que permite a la autoridad fiscal hacer efectivo su cobro a través de dicho procedimiento; afirmación que tiene sustento en el hecho de que, de la intelección de los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, en tratándose de cobros fiscales es necesario que previo al inicio del procedimiento coactivo de cobro, el gobernado sea enterado previamente del crédito fiscal que se ha determinado a favor del fisco, a efecto de que ocurra a enterarlo o bien, haga uso de los medios de defensa para impugnarlo en caso de inconformidad con el mismo, lo que constituye uno de los requisitos previos a la emisión del mandamiento de ejecución. Y una vez efectuado el examen del anterior aspecto, el juez de Distrito deberá constatar que en dicho mandamiento de ejecución se hayan colmado los requisitos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales atinentes a la observancia de la debida fundamentación y motivación, particularmente en lo que atañe a la competencia del funcionario que emitió dicho mandamiento, para posteriormente atender los conceptos de violación que se esgriman respecto de la diligencia del inicio del procedimiento económico coactivo. Sin embargo, la parte quejosa esencialmente en sus conceptos de violación sostiene que el mandamiento de ejecución contenido en el oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, porque se pretende que como persona física asuma las responsabilidades que derivan del incumplimiento del Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, dentro de un juicio de nulidad, al ser el directamente obligado a su cumplimiento, ya que el quejoso sostiene que en modo alguno tiene el carácter de obligado solidario y/o responsable para responder por las omisiones en las que incurra dicho ayuntamiento, respecto de las obligaciones que en materia jurisdiccional se encuentra sujeto. Entonces, del contraste del concepto de violación y los actos reclamados, se advierte que en modo alguno controvierte frontalmente los aspectos sobre los que debe ponderarse la legalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo de ejecución mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, sino que se encuentra dirigido a reclamar la sanción económica impuesta por un tribunal administrativo derivado de un juicio de nulidad, respecto del cual por auto de nueve de enero de dos mil veinte, se le previno para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Chilpancingo, Guerrero y como acto reclamado el auto en el que se impuso la multa del que deriva el mandamiento de ejecución contenido en el oficio SI/DGCCV/DEF/0856/2019, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, quien por escrito recibido el veinte de enero siguiente, manifestó que no era su deseo señalar como autoridad responsable a dicha sala ni tampoco el acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, en el que se impuso dicha multa (fojas 25 a 29). De modo que si el quejoso no combate el acto reclamado, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, porque no se dirige a revelar la ilegalidad de los motivos en los que las autoridades responsables justificaron el inicio del procedimiento económico coactivo y su ejecución, se arriba a la conclusión de que dicho motivo de disenso resulta inoperante, y por ende, este Juzgado se encuentra imposibilitado para analizarlo, aunado a que en el presente asunto no opera la suplencia de la queja. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/21 que el integró Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1051, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, al resultar jurídicamente inoperante el concepto de violación aludido -sin que se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo-, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada en contra de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Antonio Rodríguez Olivar, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, conforme al oficio número CCJ/ST/1892/2021, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto las autoridades responsables Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia y Notificador del Departamento de Ejecución Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, reanudaran sus labores que mantenía suspendidas con motivo de la contingencia derivada de la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19. Luego, tomando en consideración que es del conocimiento público que las citadas autoridades reanudaron labores el uno de junio de dos mil veintiuno, se ordena la continuación del presente juicio. Consecuentemente, con fundamento el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; para ello, se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Por lo que, de elegir comparecer de forma virtual a la citada audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para su desahogo, en términos del acuerdo general 12/2020 y del artículo 25 del mencionado acuerdo general 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos respectivamente a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. Lo anterior, con independencia de que se verifique la entrega de los oficios 7334/2020 y 7335/2020 de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dirigidos a las autoridades responsables Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia y Notificador del Departamento de Ejecución Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, que contienen el acuerdo de reanudación del procedimiento con posterioridad a la suspensión de labores de los órganos del Poder Judicial de la Federación del diecisiete de marzo al dos de agosto de dos mil veinte; luego, si de la revisión que se haga con el encargado de la correspondencia de que estos fueron devueltos por la suspensión de labores de las citadas autoridades, se instruya al reenvíen los mismos, sin ulterior acuerdo. Finalmente, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el referido Acuerdo General 21/2020 y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de las personas justiciables y del personal jurisdiccional y ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicarán por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- José Antonio Orenday Texta758/2015
- José Antonio Parra Rodríguez1054/2022
- José Antonio Pérez Otero17/2011
- José Antonio Ramírez Rojas1312/2014
- José Antonio Reyes Ramírez862/2021
- José Antonio Reyes Ramírez739/2023
- José Antonio Saiz Onofre326/2020
- José Antonio Téllez Rifas y Otros.594/2018
- José Antonio Terán Flores1106/2017
- José Armando Piña Medina439/2021
- José Armando Vázquez Manzanarez1136/2014
- José Arturo Avendaño Guillen809/2022