José Antonio Reyes Ramírez

Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 63 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
862/2021
Año
2021
Actuaciones
63
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Reyes Ramírez
  • Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo 21, previa conservación de la demanda y resoluciones que concedieron la medida cautelar provisional y definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remitió dos tomos en el expediente principal y tres tomos en el cuaderno incidental, de copias certificadas del juicio ordinario civil de convivencia número 1610-2/2019; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado los referidos tomos, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 862/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito José Antonio Reyes Ramírez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora: 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Ejecutora: 2. Centro de Convivencia Familiar Supervisada dependiente de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "A la Ordenadora A).- La omisión del llevar a cabo el régimen de convivencia provisional decretado judicialmente por la ordenadora en el expediente 1610/2019 relativo a la convivencia familiar, que debe existir entre los menores (.) y el suscrito JOSÉ ANTONIO REYES RAMÍREZ, así como la falta de aplicación de los medios de apremio necesarios para que se realicen las convivencias decretadas en autos del citado juicio. De las Ejecutoras B).- La falta de cumplimiento del régimen de convivencias decretado." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Una vez desahogada la prevención de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por acuerdo de doce de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 862/2021; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en diversas ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos omisivos suscitados dentro de un juicio familiar que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso relama lo siguiente: 1. Del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el régimen de convivencia familiar provisional mediante videollamadas o vía telefónica de las dieciséis horas a las dieciséis horas con treinta minutos los días miércoles y sábados de cada semana, que debe existir entre los menores de iniciales J.A.R.O e I.A.R.O y el quejoso JOSÉ ANTONIO REYES RAMÍREZ, decretado en audiencia previa y de conciliación de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 1610/2019 relativo al Juicio de Convivencia Familiar, promovido por este último, en contra de Diana Iris Olea Ortega; convivencia que sería supervisada por la persona que designara la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada dependiente de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, quien establecería contacto con ambos progenitores para que se realice la citada convivencia, debiendo enviar los reportes correspondientes. 2. Y de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada dependiente de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura, residente en esta ciudad, la falta de cumplimiento del régimen de convivencia decretado. TERCERO. Inexistencia de la omisión precisada en el punto 2 del considerando segundo. La Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión reprochada, lo que debe aceptarse en sus términos, en razón de que de la copia certificada allegada a los autos por el Juez responsable como complemento a su informe justificado mediante oficio 1060 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, registrado el veintinueve de octubre siguiente en el libro de correspondencia común de este Juzgado Federal con el número 11677, remitió entre otras, el oficio 849-2, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a la Directora del referido Centro, el cual se le entregó el veinticuatro de agosto siguiente; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el tres de agosto de dos mil veintiuno, al momento de la presentación de la demanda, la omisión reclamada era inexistente, al no existir por parte de la autoridad ejecutora obligación alguna que cumplir lo ordenado en el mencionado medio de comunicación expedido y entregado a su destinatario con posterioridad a la presentación de la demanda, circunstancia que impide su análisis. De ahí que procede el sobreseimiento en el juicio a su respecto de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo numeral 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de la omisión reclamada precisada ene l punto 1 del considerando segundo. El Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, al rendir su informe con justificación aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora además con las copias certificadas remitidas como apoyo a su informe (tomos I y II de pruebas) y como complemento al mismo, derivadas del expediente número 1610/2019 relativo al Juicio de Convivencia Familiar, promovido por el aquí quejoso, en contra de Diana Iris Olea Ortega. QUINTO. Causas de improcedencia fundada. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto del acto reclamado identificado en el punto 1, del considerando segundo, se advierte oficiosamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, al haber reclamado el quejoso del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el régimen de convivencia familiar provisional mediante videollamadas o vía telefónica de las dieciséis horas a las dieciséis horas con treinta minutos los días miércoles y sábados de cada semana, que debe existir entre los menores de iniciales J.A.R.O e I.A.R.O y el quejoso JOSÉ ANTONIO REYES RAMÍREZ, decretado en audiencia previa y de conciliación de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 1610/2019 relativo al Juicio de Convivencia Familiar, promovido por este último, en contra de Diana Iris Olea Ortega; convivencia que sería supervisada por la persona que designara la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada dependiente de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, quien establecería contacto con ambos progenitores para que se realice la citada convivencia, debiendo enviar los reportes correspondiente; y de las copias certificadas de las constancias que integran el referido expediente familiar de origen, remitidas por el Juez responsable como complemento a su informe justificado y en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida, el cual se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Juez familiar responsable con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de agosto de dos mil veintiuno) adoptó diversas medidas con el propósito de lograr la materialización de la convivencias familiares decretadas en el expediente natural, se estima que han cesado los efectos del acto omisivo reclamado. En efecto de las constancias aludidas en lo que aquí interesa se destaca lo siguiente: 1. Que mediante escrito de seis de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso José Antonio Reyes Ramírez formuló demanda de régimen de convivencia en contra de la tercera interesada Diana Iris Olea Ortega, con el objeto de que se le permitiera la convivencia con sus menores hijos de iniciales J.A. e I. A. de apellidos R. O. 2. Asunto que le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, registrándose bajo el número de expediente 1610/2019-2, se ordenó emplazar a la demandada, quien produjo su contestación oponiéndose a la convivencia, haciendo valer acción reconvencional de oposición y restricción de convivencia. 3. Que en audiencia previa y de conciliación de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se decretó como convivencia provisional mediante video llamadas o vía telefónica, de las dieciséis horas a las dieciséis horas con treinta minutos los días miércoles y sábados de cada semana, convivencia que será supervisada por la persona que designe la Directora del Centro de Convivencia Familiar de la Unidad Jurídica Integral dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, quien establecería contacto con ambos progenitores para que se realizara la citada convivencia, debiendo enviar los reportes correspondientes. 3. Que por oficio 849-2 de dieciséis de agosto siguiente, dirigido a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se le requirió para que en el término de tres días designara a la persona que establecería contacto con las partes para que se materializara la convivencia entre José Antonio Reyes Ramírez y sus menores hijos, asimismo, para que proveyera los mecanismos necesarios y realizara el enlace a los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados por las partes, la cual tendrá lugar en un horario de las dieciséis horas a las dieciséis horas con treinta minutos de los días miércoles y sábados de cada semana por video llamada o llamada telefónica, proporcionando los medios de comunicación correspondientes. 4. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dio cuenta con los oficios remitidos por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Acapulco, mediante los cuales proporcionó el día y horario en que tendrían lugar las convivencias entre el actor y sus menores hijos, así como la renuente postura de la demandada para permitir las convivencias ordenadas y la negativa a recibir llamadas del personal del mencionado Centro de Convivencia Supervisada; a virtud de lo anterior, previno a la demandada para que permitiera las convivencias a través de video llamadas en el horario y día programados, apercibida de multa; lo que reiteró en acuerdo de veintidós de septiembre siguiente. 5. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio signado por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Acapulco, mediante el cual informó que en relación al servicio de convivencias por video llamada, se procedió a localizar a la demandada a través del número telefónico proporcionado para orientarla respecto de la plataforma que sería utilizada para brindar dicho servicio sin que haya sido posible localizarla, toda vez que no contestó las llamadas; a virtud de lo anterior lo anterior, se hizo efectiva la medida de apremio decretada el dos de septiembre de dos mil veintiuno y al efecto le impuso una multa, asimismo, le previno nuevamente a la demandada para que permitiera las convivencias a través de video llamadas en el horario y día programados, apercibido de arresto por cuatro horas por desacato a una orden judicial, solicitó a la Directora del Centro de Convivencia Supervisada informara las gestiones realizadas para establecer contacto con dicha parte, asimismo, se requirió a la demandada para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación informara si había cambiado el número de teléfono celular, de ser así, proporcionara el nuevo, para estar en aptitud de proporcionarlo al referido Centro y lograr el enlace respectivo, apercibido de multa. 6. Por acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, dado que la demandada no proporcionó el número de celular requerido, se hizo efectivo el apercibimiento del auto mencionado en el párrafo que antecede. 7. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dio cuenta nuevamente con la negativa de la demanda en permitir las convivencias a través de video llamadas de sus menores hijos con el actor y se le previno de nueva cuenta para que permitiera las referidas convivencias apercibida de arresto por veinticuatro horas y se requirió la Administración Fiscal Estatal número Dos, de la Secretaría de Finanzas del Estado para que requiera a la demandada de las multa aplicada el siete de enero de dos mil veintidós. 8. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, tomando en consideración que la demandada Diana Iris Olea Ortega manifestó carecer del equipo idóneo para permitir las convivencias decretadas en autos a través de video llamadas entre sus menores hijos y el actor se modificó el régimen de convivencias decretado en audiencia previa y de conciliación de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, y se ordenó se llevaran a cabo de manera física los días domingos de cada semana en un horario de las diez horas a las dieciocho horas a través de entrega - recepción en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de esta ciudad, lo anterior, a partir del domingo veintisiete de febrero de dos mil veintidós, hasta en tanto se allegaran nuevos elementos para su modificación, para lo cual se apercibió a la demandada que de no acatar dicha determinación se le impondría un arresto por veinticuatro horas y se daría vista al Ministerio Público por desacato a una orden judicial y se requirió a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado fuera el enlace entre el actor y la demandada para la entrega y recepción de los menores debiendo informar el cumplimiento dentro del término de tres días hábiles apercibida de multa de no informar. 9. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por la encargada del despacho del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, mediante el cual informó la programación de entrega-recepción así como las recomendaciones que deben observar los litigantes, y ordenó dar vista a las partes. 10. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, se recibió el reporte de la entrega recepción de los menores de veintisiete de febrero y seis de marzo del año en curso, las cuales no se efectuaron debido a que la demandada no presentó a los infantes, a virtud de lo anterior, y atento al reiterado desacato de la demandada, se hizo efectivo el apercibimiento de veintidós de febrero de dos mil veintidós y se le impuso un arresto por veinticuatro horas, para lo cual se ordenó requerir al Secretario de Seguridad Pública Municipal, para que ordenara a elementos a su mando dieran cumplimiento a dicha medida, debiendo informar lo correspondiente; asimismo se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, para que manifestara lo que esa representación social estimara pertinente respecto de la conducta contumaz de la demandada. 11. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, a través del cual remitió los reportes de las entregas y regresos de los menores de los días trece y veinte de marzo del presente año, en cuyos recuadros de observaciones, se asentó que la demandada no presentó a los infantes y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 12. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, se previno a la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, para que dentro del término de cinco días justificara con los documentos idóneos, haber dado inicio a la carpeta de investigación correspondiente en relación con los posibles hechos delictuosos que resultaren por la negativa de la demandada para permitir las convivencias ordenadas en autos; asimismo se previno nuevamente a la demandada que de seguir incurriendo en desacato para el caso de que no presentara a los menores para su entrega-recepción en el mencionado Centro de Convivencia Familiar en el horario y días establecidos se le impondrá un arresto por cuarenta y ocho horas, con independencia de la vista que se haya dado al Ministerio Público por su conducta contumaz. 13. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, a petición de la parte actora y ante la negativa de la demandada para permitir las convivencias presenciales se previno a la demandada para que permitiera las convivencias presenciales decretadas en proveído de veintidós de febrero de este año, y le apercibió que de seguir incurriendo en desacato a una orden judicial, se decretaría el cambio de custodio respecto de los menores involucrados; luego se precisó al Ministerio Público que la carpeta de investigación debería iniciarla por desacato a una orden judicial, dadas las múltiples negativas de la demandada para permitir dicha convivencia. 14. Por auto de veinte de mayo del año en curso, se advierte que atento a lo manifestado por los menores en audiencia de escucha de menores verificada el treinta y uno de marzo pasado, en el que refirieron sufrir violencia por parte del progenitor, modificó las convivencias decretadas de manera física a través de entrega recepción a convivencias supervisadas los domingos de cada semana a partir de las diez horas con treinta minutos a las doce horas con treinta minutos en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM); a virtud de lo anterior, previno a la demandada Diana Iris Olea Ortega, para que a partir del domingo veintidós de mayo de dos mil veintidós presentara a los menores J.A. e I.A. de apellidos R. O, en el horario fijado en las instalaciones del mencionado centro, con apercibimiento que de no hacerlo se le impondría multa. 15. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada mediante el cual remitió los reportes de convivencias respectos de veintidós y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en cuyos recuadros de observaciones, se asentó en el primero que la convivencia se efectuó en el día y horario programado y en el segundo, que la convivencia no se efectuó debido a que los niños no quisieron convivir con su progenitor, lo que además han seguido manifestando los referidos infantes en las diversas fechas programadas para ello, como se advierte de los reportes de cinco, doce, diecinueve, veinte y veintiséis de junio, tres y diez de julio del año en curso y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Entonces como puede constatarse con las constancias relacionadas se observa que el Juez responsable con posterioridad a la presentación de la demanda adoptó diversas medidas a fin de vencer la actitud contumaz de la demandada, de manera que logró que los presentara en el día y horas indicados en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada; de ahí que, ha dejado de existir la cuestión que dio origen a la petición de protección de la justicia federal; de ahí que procede el sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado identificado con el punto 1, con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción V, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 862/2021, promovido por José Antonio Reyes Ramírez, contra las omisiones y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones contenidas en el tercer y quinto considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES.

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