José Antonio Ramírez Poli

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Ramírez Poli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el diecisiete de marzo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes*** insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, toda vez que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo*** de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo*** del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz; devuélvase las mismas a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el diecisiete de marzo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes*** insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, toda vez que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo*** de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo*** del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz; devuélvase las mismas a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 139/2023-II, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 767/2022, promovido por*** En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. USO ÓPTIMO DE RECURSOS. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese *** LA SENTENCIA DICTADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE EN SINTESIS DICE SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto que constituye la materia del presente juicio de amparo. En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis cuyo rubro, texto y datos de localización rezan*** Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, informe justificado rendido en autos y demás constancias que integran el presente expediente, se obtiene que*** reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz*** TERCERO. Es cierto el acto reclamado, por así haberlo aceptado la autoridad responsable al rendir informe con justificación; lo que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo, consistentes en copias certificadas del expediente civil en mención, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El acto reclamado fue notificado a la parte quejosa mediante lista de acuerdos de cinco de septiembre de dos mil veintidós; dicha notificación se tuvo por hecha y surtió sus efectos el seis de septiembre siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz;1 , por lo que el término de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al treinta de septiembre de dos mil veintidós, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco por haber sido sábados y domingos, ni los días catorce, quince y dieciséis por ser inhábiles de conformidad con el contenido de la página oficial del Consejo de la Judicatura*** la cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización a continuación se transcriben*** Por lo que, si la demanda de amparo que dio origen el presente expediente se exhibió el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, debe concluirse que su presentación fue oportuna. QUINTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer o que de oficio se advierta, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el peticionario de amparo sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.2 Para mejor comprensión del asunto, se estima necesario destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado*** Ahora bien, el impetrante expone en su demanda de amparo, en esencia, que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución, así como el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dado que la autoridad responsable no valoró las pruebas documentales que éste aportó, concatenado a ello, manifiesta que nunca ha existido relación de concubinato con la actora, por lo que no le corresponde a la actora la pensión alimenticia que se le otorgó, y que dicha resolución carece de los requisitos mínimos de legalidad y congruencia al no fundar ni motivar correctamente su actuar. Asimismo, agrega que que él ha exhibido los depósitos que ha realizado a la actora de manera voluntaria por conceptos de alimentos, por lo que siempre ha cumplido con su obligación alimentaria para con su hija, así también, que tiene gastos por concepto de vestido y alimentos, tanto de él como de su otra hija. Expuesto lo anterior, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, de modo que se otorgue a las personas la protección más amplia. Por otro lado, el artículo 14 constitucional, en su parte conducente, obliga a las autoridades a que, de manera previa al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados; dichas formalidades deben cumplir también con la diversa garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 constitucional. En ese sentido, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de proteger el derecho humano de acceso a la justicia, señala que las autoridades responsables están obligadas a fundar y motivar debidamente, por escrito, cualquier acto de molestia que pueda afectar a una persona, en la inteligencia de que los fundamentos jurídicos y la motivación respectivos deben ser congruentes con el fondo de la decisión que se emita. Por otra parte, de conformidad con el artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, se obtiene que en el auto en que se dé entrada a la demanda de alimentos, el juez podrá decretar a petición de parte, una pensión alimenticia provisional, con base en las circunstancias del caso (los acreedores justifiquen el vínculo o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva); el monto que se fije puede ser reclamado al contestar la demanda. La reclamación ahí prevista tiene por objeto reconsiderar la determinación provisional de fijación de alimentos con base en las circunstancias del caso y las pruebas aportadas. Los artículos 233 y 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz establecen la obligación de dar alimentos mutuamente entre los cónyuges, así como la de proporcionar alimentos de padres a hijos. Asimismo, el artículo 239 del mismo código prevé que los alimentos que solicita el acreedor alimentario están destinados a satisfacer sus necesidades indispensables para subsistir, como son la alimentación, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedades y, eventualmente, los gastos necesarios para sufragar su educación básica y proporcionarle un oficio, arte o profesión lícitos. A su vez, el artículo 337 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, dispone que los tribunales deben recibir y valorar las pruebas de acuerdo con lo previsto en el capítulo respectivo de la propia ley, a menos que de la adminiculación de las pruebas rendidas en el juicio y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicción distinta respecto de los hechos del litigio. Por su parte, el artículo 243 del Código Civil del Estado Veracruz, establece que si fueran varios los que deban de dar alimentos y todos tuvieran la posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Precisado lo anterior, debe decirse que en materia de alimentos la base de su legalidad es que deben ser proporcionados conforme con la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos como lo señala el artículo 242 del Código Civil de Veracruz, con base en las pruebas que obren en autos de cada una de las partes en el juicio. En resumen, la institución de los alimentos tiene como finalidad principal proveer para la subsistencia de aquéllos que conforme con la ley están en condición de recibirlos y consiste en la obligación a cargo del deudor para suministrar a quien los necesita, las cantidades o montos que acorde a sus posibilidades, sean suficientes para cubrir los gastos de subsistencia. En efecto, la medida provisional, como su nombre lo indica, es determinada en el auto que admite la demanda natural sin mayores pruebas ni manifestaciones que las señaladas por la parte actora en su escrito de reclamo, la que subsistirá por regla general hasta en tanto se dicte sentencia de fondo en el juicio y se decrete o no la pensión definitiva, esto es, que el porcentaje fijado en ella en modo alguno prejuzga sobre lo que se resolverá en la sentencia respectiva. En cambio, la pensión definitiva es decretada en la sentencia que decide la cuestión de fondo planteada y tiene como base todo el material probatorio allegado al controvertido por ambas partes. Ahora bien, la resolución reclamada es constitucional porque contrario a lo que argumenta la parte quejosa, la autoridad responsable dictó dicha resolución con respeto de los derechos humanos de las partes como lo disponen los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es infundado la porción del concepto de violación en el que aduce que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución. Se sostiene lo anterior, toda vez que la autoridad responsable atendió las formalidades esenciales del procedimiento, ya que tomó en consideración los requisitos previstos en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Para demostrar tal aserto, es necesario transcribir la disposición legal en comento, que en lo conducente establece*** Del precepto transcrito, se colige que toda autoridad previo a emitir un acto privativo derivado de una instancia judicial, tendrá que respetar las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas como las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, ya que en caso de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin del derecho fundamental de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Así las cosas, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido que dichas formalidades de manera genérica se observan en*** La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Bajo este orden de ideas, se puede establecer que el Juez responsable cumplió tales formalidades esenciales del procedimiento, pues para resolver la reclamación que nos ocupa, tomó en consideración los requisitos previstos en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, del que se advierte que los requisitos para la tramitación y resolución del recurso de reclamación en comento, son*** Que se formule dentro del escrito de contestación a la demanda, o dentro del término de nueve días, incluso cuando se hace valer en escrito diverso al de la contestación de la demanda. 2. Admitida la reclamación, se otorgue vista a la parte contraria de la reclamante. 3. Recurso que el juez resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. En ese contexto, deviene infundado el motivo de disenso en el que el quejoso expone que la autoridad responsable transgrede lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución, ya que cumplió con el debido proceso. Como se ve, el aquí quejoso, compareció ante el Juez responsable a dar contestación a la demanda instaurada, asimismo, entre otras cuestiones, interpuso el recurso de reclamación en contra de la pensión provisional decretada en autos. De igual forma, el Juez responsable admitió a trámite la reclamación promovida y ordenó dar vista a la parte actora por el término de tres días, la cual no desahogó y se le tuvo por precluido tal derecho. Por tanto, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó resolución interlocutoria, en la que declaró improcedente la reclamación interpuesta, y confirmó la pensión alimenticia provisional decretada. En conclusión, se advierte que el Juez responsable acató todos los extremos que son necesarios para la tramitación y resolución del recurso de reclamación, ya que se pone de manifiesto que se colmaron los requisitos que establece el artículo 210 de la legislación adjetiva civil para el Estado. En concordancia con lo anterior, es infundado el concepto de violación en el que la parte impetrante arguye que la resolución reclamada transgrede lo previsto en el artículo 16 constitucional. En ese sentido, es pertinente precisar que la exigencia de fundamentación se ha entendido como el deber de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. La motivación es la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplica. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre aspectos que carezcan de relevancia para tales disposiciones. Por su parte, el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz dispone*** El precepto transcrito prevé implícitamente el principio de congruencia externa que debe cumplirse en las sentencias que se dicten en los juicios civiles tramitados por tribunales del Estado de Veracruz, que básicamente consiste en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado. Tal principio no es exclusivo de las sentencias definitivas que se dicten en los referidos juicios civiles, sino que debe observarse en toda resolución judicial que obedezca a la solución de un planteamiento realizado por las partes, como lo son aquellas que resuelven cuestiones cuyo estudio no es propio de la sentencia definitiva. En esa medida, si en una resolución judicial (sea sentencia definitiva, interlocutoria o la que resuelve un recurso intermedio), el juzgador no da contestación a la totalidad de los planteamientos hechos valer por las partes o introduce aspectos ajenos a los que con precisión fueron sometidos a su consideración, es decir, ajenos a la litis, ésta resulta inconstitucional por contravenir los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. En el caso particular, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable citó los artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que regulan la obligación de dar alimentos, la procedencia y el trámite que se debe dar a la reclamación, de igual forma, expresó las causas que lo llevaron a adoptar la decisión combatida, así como la valoración de pruebas. Ante estas circunstancias, es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, conforme a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución General de la República y se resolvió de manera congruente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Como es palmario, no asiste razón al impetrante, en lo tocante a que la autoridad responsable dejó de valorar las pruebas aportadas por el reclamante. Ello es así, ya que de la confrontación de los medios de prueba ofrecidos por el demandado en el juicio de origen y lo sostenido por el Juez responsable, se advierte que este último sí consideró las documentales anexadas por el deudor alimentario y les otorgó valor probatorio; empero, las desestimó y estableció las razones por las cuales era procedente confirmar el monto fijado de forma provisional por concepto de pensión alimenticia. En ese contexto, son infundadas las manifestaciones del quejoso, en las que argumenta que la actora no acredita la calidad de concubina, por lo que no le corresponde la pensión alimenticia que se le otorgó. Lo anterior, pues se advierte que la autoridad responsable estimó que el vínculo de parentesco entre el demandado y la accionante*** se fijó bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues la concesión de la medida cautelar como consecuencia de una relación concubinaria, es procedente cuando quien lo reclama afirme cumplir con los requisitos y consten datos probatorios para sostener su dicho; ya que en ese momento no se discute la titularidad del derecho ejercitado. En primer término, debe precisarse que la reclamación, como medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tiene como objeto únicamente equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado la responsable, mas no cuestionar aspectos sobre la procedencia de los alimentos reclamados, ni en torno al derecho con base en el cual se piden, menos aún puede tener el alcance de desvirtuar el carácter de concubina reconocido por la responsable desde el auto de inicio, con el propósito de cancelarlos o reducirlos al mínimo. Esto es así, porque ello implicaría, desde ese momento (reclamación), desconocer el derecho alimentario que hace valer la actora, lo cual no puede decidirse en dicho medio de defensa, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, la responsable difícilmente podría contar, en ese lapso, con el material probatorio suficiente y objetivo para decidir el derecho que le asiste a la parte acreedora alimentaria, quien puede demostrarlo durante el juicio, desvirtuando así, los motivos aducidos en dicho medio de impugnación. Ello, precisamente porque la materia de la reclamación, como se dijo, se constriñe exclusivamente a examinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente, de acuerdo con las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, y en ese tópico, nada tiene que ver si la actora tiene o no el derecho alimentario, sino solamente los dos elementos que integran dicha proporcionalidad, a saber: la posibilidad del alimentista y la necesidad del alimentario, en los términos expuestos por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. De ahí que, el análisis de la proporcionalidad que se haga en la reclamación se constreñirá al examen conjunto y sistemático de esos dos elementos (la posibilidad del alimentista y la necesidad del alimentario), tomando en cuenta todos los medios de prueba aportados hasta ese momento procesal, lo que permitirá, en su caso, regraduar la pensión alimenticia provisional, hasta el monto que el juzgador considere proporcional. Lo que implica que si en la substanciación de la reclamación, se llegaran a aportar pruebas documentales, éstas sólo servirían para regraduar la pensión alimenticia provisional, atendiendo al mencionado binomio de la proporcionalidad, pero no para decidir el derecho a recibir alimentos, pues esta cuestión, como se ha mencionado, debe ser materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva. En razón de las consideraciones expuestas, se insiste, el derecho alimentario no se puede decidir en esa etapa procesal (reclamación), sino que solamente es factible resolverlo en la sentencia definitiva, una vez que se hayan desahogado todos los medios de convicción que ofrezcan las partes, o en su caso, de haber sido procedente, se hayan recabado de manera oficiosa las pruebas que haya estimado conducentes el juzgador para resolver la cuestión sometida a su potestad. Además, debe tenerse en cuenta que, cuando se reclama la medida cautelar de alimentos como consecuencia de una relación concubinaria, es suficiente que quien se ostente como parte acreedora, justifique tal hecho, con algún medio de prueba, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, pues así lo dispone el artículo 210, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; como aconteció en el caso, pues la parte actora, al presentar su escrito inicial de demanda, además de invocar la relación de concubinato que dijo tener con el demandado, exhibió la copia certificada del acta de nacimiento 01070, con fecha de registro de ocho de abril de dos mil dieciséis (página 23 del informe justificado), de cuyo contenido se advierte que tuvo una hija con el demandado; lo cual, resulta suficiente para la etapa procesal que se revisa, pues debe tenerse en cuenta que el vínculo entre acreedora y deudor alimentario no deriva de documentos públicos inscritos en el Registro Civil; estimar lo contrario, soslayaría la igualdad sustantiva con que la legislación civil trata las relaciones matrimoniales y concubinarias. En esa medida, es inconcuso que si el Juez natural reconoció a la actora la calidad de concubina del demandado y, por ende, su derecho a demandar alimentos atendiendo a las manifestaciones y la documental referida que aportó en el auto inicial, no puede desconocerse tal derecho en la reclamación, pues en esa etapa no se está en aptitud de dilucidar tal cuestión, precisamente porque el pronunciamiento respecto del derecho o no, de recibir alimentos, será objeto de análisis al emitirse la sentencia de fondo en el juicio natural. Por tanto, resulta correcta la determinación del Juez responsable, cuenta habida que, basta la presunción del concubinato para fijar la pensión provisional, sin perjuicio de lo que se resuelva en la definitiva, en la que, con base en las pruebas que obren en autos, se podrá determinar si se demostró o no, dicha relación. Asimismo, es infundado el motivo de disenso en el que el quejoso argumenta que él realizó depósitos de alimentos de manera voluntaria a la actora, por lo que siempre ha cumplido con su obligación alimentaria para con su hijo; así también, que tiene gastos por concepto de alimentos, tanto de él como de su otra hija. Ello es así, dado que la determinación reclamada es objetivamente correcta, ya que, en primer término, no basta que el solicitante de amparo haya realizado diversas consignaciones voluntarias como concepto de pensión alimenticia, sino que, dada la trascendencia del concepto de los alimentos, y todo lo que ello comprende, resulta indispensable fijar un porcentaje que de forma obligatoria garantice su provisión, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a la parte acreedora, sujeta a la voluntad del deudor de proporcionarle cualquier cantidad por concepto de alimentos Aunado a ello, el Juez responsable también consideró que al ser el demandado quien cuenta con un empleo que le genera ingresos, es él quien debe sostener la carga alimentaria; lo anterior, con base en que de autos no se advierte que la medida provisional resulte desproporcionada, ya que no se allegó al sumario medio de prueba para justificar que la actora tiene una vida laboral activa y es ella quien se encuentra otorgando los alimentos a su hija menor de edad en términos del artículo 240 de la ley adjetiva; lo que lo llevó a concluir que la pensión alimenticia provisional recurrida no resultó excesiva y desproporcional, aún tomando en consideración a la diversa menor hija del quejoso. Consideraciones que son objetivamente correctas, en tanto que, el aquí quejoso debe proporcionar alimentos a ambas menores de edad y no aportó prueba que demostrara que el porcentaje ratificado en el acto reclamado, le impidiera satisfacer sus necesidades propias y de la diversa menor. Ante esas circunstancias, se considera que acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, de tal manera que la resolución combatida no es violatoria de derechos fundamentales, pues la autoridad responsable expresó los razonamientos pertinentes al caso concreto, lo que implica una adecuada fundamentación y motivación y que se satisfagan los requisitos del artículo 16 constitucional. En mérito de lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte impetrante, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios cuyos rubro y texto, refieren*** OCTAVO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 767/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 139/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se*** PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE*** en el juicio de amparo 767/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, contra la autoridad responsable y acto reclamado que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 139/2023-II de este juzgado. CÚMPLASE.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista el acta circunstanciada de cuenta, se advierte que el presente juicio de amparo fue turnado para su resolución al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado para que lleve a cabo la vinculación de este expediente con el mencionado Juzgado Auxiliar. Con apego a la fracción V, del artículo ÚNICO, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril del mismo año, se ordena notificar a las partes por lista el presente proveído a efecto de que tengan conocimiento de lo anterior. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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