Jose Antonio Nieto Velazquez
Expediente 791/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Antonio Nieto Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, ***** a través de su autorizada, en contra de la sentencia autorizada el treinta y uno de enero del actual, el cual quedó registrado con el número 78/2022, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada y del acuerdo de diez de febrero del actual, en el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de enero del año en curso, dentro del presente juicio de amparo número 791/2021; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, y remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación, conforme a las reglas precisadas en el proveído de diez de febrero del actual. Por tanto, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítanse vía ordinaria el original del presente juicio y dos tomos de pruebas, toda vez que el que acto reclamado en esta instancia constitucional deriva del juicio ordinario civil 5175/2016-I, así como el original del escrito de expresión de agravios, lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con la constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Cúmplase.
- Principal
Agréguense a los autos copia del escrito signado por Elizabeth Pérez Rivera, autorizada con facultades amplias de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios; una vez que se encuentren debidamente notificadas del presente proveído y de la resolución impugnada, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación de los citados medios de impugnación. Por tanto, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), para que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del 04/02/24 02:13:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.0c MÓNICA MORALES SÁNCHEZ Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del citado recurso; lo anterior, en términos del numeral 39 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, por lista al tercero interesado.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 791/2021, promovido por ***********, contra un acto del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, el que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, *********** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, que se precisa a continuación: ACTO RECLAMADO: "(.) La resolución de fecha siete de septiembre del 2021, dictada dentro de la sección de ejecución del Juicio Ordinario Civil expediente número 5175/2016-I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba Veracruz que resolvió planilla de liquidación de rentas insolutas formulado por la parte ejecutante, hasta por la cantidad de $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). En términos de lo señalado por el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 11 a 14 del juicio). TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El veintiocho de septiembre de este año, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado, ******* (fojas 20 a 22 del juicio). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser cierto el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: - La resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 5175/2016, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, en la que se regularizó y aprobó la planilla de liquidación de rentas vencidas promovida por Jesús Fernández Perroni, en la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos). Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 25 del juicio). Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil número 5175/2016-IV, del índice administrativo de la referida autoridad responsable, remitidas como apoyo de su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado fue notificado por lista a la quejosa el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el ocho de los citados mes y año. Por tanto, el término de quince días hábiles para promover la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la Ley de la Materia, inició el nueve de septiembre y concluyó el cuatro de octubre del presente año. Lo anterior, sin contar los días once, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, dos y tres de octubre, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia; así como el quince de septiembre de este año, por haber sido declarado como no laborable de acuerdo a la circular 9/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, firmada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si el quejoso presentó su demanda de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se concluye que es oportuna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias del juicio natural remitidas por la autoridad responsable sustituta en vía de informe, que cuentan con el valor precisado en el considerando tercero de este fallo, a saber: 1. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil ocho, ante la Secretaría de Acuerdos del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, ****, demandó, en la vía ordinaria civil, de *******, la terminación del contrato de arrendamiento celebrado el veintiocho de febrero de dos mil siete, respecto de un bien inmueble; la desocupación y entrega material del mismo y el pago de rentas vencidas y que se siguieran venciendo hasta su desocupación y entrega (fojas 1 a 4 del tomo I de pruebas). 2. El diecisiete de marzo de dos mil ocho, el titular del referido juzgado ordenó formar el expediente número 489/08/IV, admitió la demanda en la vía y forma propuestas, y ordenó emplazar a los demandados para que dieran contestación a la demanda (foja 6 del tomo I de pruebas). 3. Una vez emplazados los demandados y seguida que fue la secuela procesal, el veintiséis de junio de dos mil ocho, ****, en su calidad de arrendador (actor), ****, como arrendatario, y ****, como fiador (demandados), celebraron un convenio de transacción para dar por terminada la contienda judicial, en el que, en lo medular, el segundo de ellos cedió al último de los nombrados todos sus derechos como arrendatario derivados del contrato de arrendamiento materia de la acción intentada, lo que fue aceptado por éste; mientras que el primero otorgó su consentimiento respecto de dicha cesión y aceptó como su nuevo arrendatario a **** (fojas 36 a 38 del tomo I de pruebas). Asimismo, en dicho acuerdo de voluntades se estableció que solo se modificarían las cláusulas primera y cuarta del contrato original (relativas al precio de la renta y la vigencia del arrendamiento, respectivamente), pactando como duración del arrendamiento el término forzoso de treinta meses improrrogables contados a partir del quince de julio de dos mil ocho; y por cuanto hace al precio de la renta: que el primer año comprendido del quince de julio de dos mil ocho al catorce de julio de dos mil nueve, sería de $8,000.00 (ocho mil pesos) mensuales; el segundo año, que sería del quince de julio de dos mil nueve al catorce de julio de dos mil diez, la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos) mensuales; y los últimos seis meses comprendidos del quince de julio de dos mil diez al catorce de enero de dos mil once, el monto de $10,000.00 (diez mil pesos) mensuales. 4. Una vez ratificado el contrato de transacción por las partes que intervinieron en él, el ocho de agosto de dos mil ocho, fue aprobado en todas y cada una de sus partes por el juez del conocimiento (foja 43 del tomo I de pruebas). 5. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil diez, ******** manifestó que era su voluntad renunciar al "plazo extra" pactado en el convenio de transacción que transcurriría del quince de julio de dos mil ocho al catorce de enero de dos mil once, por lo que hacía entrega material del inmueble a través de la exhibición de las llaves correspondientes (foja 47 del tomo I de pruebas). 6. Por auto de treinta de los citados mes y año, se ordenó agregar el escrito precisado en el ordinal anterior y dar vista a la parte ejecutante (arrendador) para que manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 48 del tomo I de pruebas). 7. El veinticinco de enero de dos mil once, a solicitud del actor, ****, se abrió sección de ejecución y se ordenó requerir al demandado, José Antonio Nieto Velázquez, el pago de las rentas vencidas que, se señaló, ascendían a la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos), correspondientes a los meses de marzo a julio de dos mil diez a razón de $9,000.00 (nueve mil pesos) y de agosto a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos) (foja 87 del tomo I de pruebas). 8. En proveído de treinta y uno de marzo de ese año, se ordenó realizar al demandado el requerimiento precisado en el ordinal anterior, en el domicilio que ahí se indica, lo que se llevó a cabo el cuatro de mayo siguiente (foja 106 y 111 del tomo I de pruebas). 9. En acuerdos de tres y veintiocho de junio y nueve de septiembre de dos mil trece, así como trece de enero de dos mil catorce, en lo que aquí trasciende, se tuvo al demandado, **** exhibiendo cuatro billetes de depósito, cada uno de ellos por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos), correspondientes a las rentas de los meses de marzo, abril, mayo y junio de dos mil diez; con lo anterior se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 201, 215, 231 y 245 del tomo I de pruebas). 10. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con motivo de la Circular número 8, en la que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, determinó que a partir del cuatro de los citados mes y año, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad iniciaría sus funciones como órgano especializado en materia familiar, el juicio natural fue remitido para su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, en el que fue radicado con el número 5175/2016-I (foja 248 del tomo I de pruebas). 11. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el actor formuló planilla de liquidación de pago de rentas (foja 36 del tomo II de pruebas). 12. Por auto de veinte de los citados mes y año, se admitió a trámite la planilla de liquidación y se ordenó dar vista por el término de tres días a ****, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera (foja 37 del tomo II de pruebas). 13. Por acuerdo de dos de septiembre de esta anualidad, se tuvo al demandado, ****, desahogando la vista de referencia y se turnaron los autos para resolver (foja 43 del tomo II de pruebas). 14. El siete de septiembre del año en curso, se dictó interlocutoria relativa a la liquidación de rentas propuesta por el actor, en los términos siguientes (fojas 44 y 45 del tomo II de pruebas): "(.) RESUELVE: PRIMERO.- Dado lo manifestado en el considerando que antecede, se regulariza y aprueba la planilla de rentas vencidas promovida por ****con la personalidad que se ostenta. SEGUNDO.- Se aprueba la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) por motivo de rentas vencidas. TERCERO.- Se despacha ejecución en contra de Eduardo Maffuz Abraham y José Antonio Nieto Velázquez por la cantidad aquí aprobada. (.)". Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso las partes no formularon planteamiento alguno al respecto, ni de oficio se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado uno de los conceptos de violación formulados por el quejoso y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. No obstante, en primer término se dará respuesta a los motivos de disenso que resultan ineficaces, cuyo análisis es técnicamente viable, toda vez que las violaciones alegadas en ellos no podrán ser superadas con motivo de la concesión del amparo, esto es, la transgresión que dará lugar al otorgamiento de la protección de la Justicia Federal no incide en la materia de aquéllas inconformidades. Así, se tiene que es infundado el concepto de violación en el que se aduce: - Que la resolución reclamada viola en su perjuicio los artículos 57 y 361, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, por haber dejado de analizar y tomar en consideración la alegación contenida en su escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (desahogo de vista de la planilla de liquidación), a saber: "Como dato a favor del ocursante ejecutado, obra el escrito de fecha junio de 2010 (Fojas 47 de autos) con sello de recibido 11 de junio del 2010 en el que entre otras cosas se expresa lo siguiente: [Por así convenir a los intereses de la presente parte condenada o ejecutada; me sirvo renunciar a parte del plazo extra pactado para la desocupación del inmueble arrendado, haciendo en consecuencia entrega material del mismo a la parte ejecutante a través de la exhibición ante Juzgado de las llaves correspondientes PRIMERO.- Me tenga por presentado con este escrito, renunciando a parte del plazo extra que se otorgara a la parte ejecutada para la desocupación del inmueble motivo de controversia. SEGUNDO.- Se tengan por exhibidas de mi parte, las llaves del bien inmueble controvertido, el cual se encuentra ya totalmente desocupado. TERCERO.- Se tenga por cumplido de manera anticipada el plazo de desocupación pactado en convenio celebrado con fecha 26 de Junio del 2008". A la anterior solicitud recayó el auto de fecha 30 de junio del 2010, mismo que en parte de su contenido se sirvió acordar que: [... téngase por presentado al promovente, exhibiendo las llaves del inmueble materia del presente controvertido, las cuales se guardan en el secreto de este Juzgado bajo el número DBA/113-10; así como viene renunciando a plazo extra que se pactó para la desocupación del inmueble . haciendo en consecuencia entrega material del mismo, a través de la exhibición de las llaves .]. Vista que no fue desahogada por la parte ejecutante, quien en respuesta procedió a solicitar la apertura de la sección de ejecución, según su ya mencionado escrito de fecha 21 de enero de 2011. Haciendo notar que en ese escrito manifiesta que le adeudan rentas; entre otras de los meses de marzo a Julio de 2010, Agosto a Diciembre del 2010 y Enero del 2011. Cuando que las llaves del inmueble arrendado, se le consignaron desde el 11 del mes de junio del 2010. No obstante, el actor manifiesta se le adeuda el importe de los meses de marzo a julio del 2010 a razón de $9,000.00 de renta mensual; agosto a diciembre de 2010 y enero de 2011 a razón de diez mil pesos cada uno. Esto es, la cantidad de $105,000.00 (CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluyendo en esta cuenta indebidamente los meses en los que el inmueble se encontraba ya desocupado y las llaves del mismo a su disposición; esto es, desde el once de junio del 2010. Que las anteriores manifestaciones o alegaciones no fueron tomadas en consideración por el juez resolutor, no obstante la alusión manifiesta y señalamiento expreso de las actuaciones que así lo confirmaban. No asiste razón al peticionario pues, contrario a lo que sostiene, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable sí atendió a lo esencialmente planteado en su escrito de desahogo de vista, en la parte transcrita por el impetrante, por lo que no infringió en forma alguna los preceptos que invoca. Para la mejor comprensión de lo anterior, es pertinente citar los artículos 57 y 361, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establecen: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. (.) Los jueces o tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito". "Artículo 361. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que el juez apruebe prudentemente; más si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días. El juez fallará dentro de igual término, lo que estime justo. Contra esta resolución no habrá recurso". El primer precepto transcrito prevé implícitamente el principio de congruencia externa que debe cumplirse en las sentencias que se dicten en los juicios civiles tramitados por tribunales del Estado de Veracruz, que básicamente consiste en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado. Tal principio no es exclusivo de las sentencias definitivas que se dicten en los referidos juicios civiles, sino que debe observarse en toda resolución judicial que obedezca a la solución de un planteamiento realizado por las partes, como lo son aquellas que resuelven cuestiones cuyo estudio no es propio de la sentencia definitiva. Ahora, el segundo precepto regula el procedimiento a seguir para dotar de liquidez las prestaciones a cuyo cumplimiento se ordenó en sentencia, pero no contienen cantidad líquida, según el cual, la parte que obtuvo, al promover la ejecución, debe presentar su liquidación, con la que se dará vista a la parte contraria por el término de tres días, y si ésta nada expusiere al respecto, el juez aprobará prudentemente la cantidad que corresponda. En caso de que la parte vencida sí exprese su inconformidad con relación a la planilla, se dará vista con las razones que alegue a la parte promovente por el término de tres días, vencido el cual el juez fallará en ese mismo lapso lo que considere justo. En esa medida, atendiendo al principio de congruencia que rige las resoluciones judiciales, la sentencia que determina si procede aprobar, reprobar o regular una planilla de liquidación de sentencia será incongruente por falta de exhaustividad, si en ella se omite analizar alguno o algunos de los planteamientos contenidos en la referida planilla, o bien, en su caso, de los argumentos contenidos en el escrito de inconformidad presentado por el vencido o del desahogo de la vista concedida con relación a dicha inconformidad la parte que obtuvo. ntado lo anterior, se tiene que, como se adelantó, es inexacto que la autoridad responsable haya omitido atender lo transcrito por el quejoso en el concepto de violación de trato. El planteamiento que deriva de lo reproducido por el peticionario (tomado de su escrito de desahogo de vista), consiste esencialmente en que desde el once de junio de dos mil diez, desocupó el inmueble arrendado, renunció al "plazo extra" que se pactó en el convenio judicial celebrado en autos e hizo entrega de las llaves de dicho bien; que se dio vista con lo anterior al tercero interesado pero éste no la desahogó y, en respuesta, procedió a solicitar la apertura de la sección de ejecución. Ahora, en la interlocutoria que se reclama el juez del conocimiento hizo referencia a lo manifestado por el aquí quejoso en su escrito de desahogo de vista en los términos siguientes (foja 44 del tomo II de pruebas): "(.) Por su parte, José Antonio Nieto Velázquez al desahogar la vista que al efecto se le concediera, refiere que es falso que se le haya adeudado al actor la cantidad que refiere, ya que no existe resolución interlocutoria que previa vista a la demandada con planilla de liquidación formulada por la accionante, aprobara la liquidación de rentas insolutas por ese monto, ya consta (SIC) únicamente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil once, en el que se ordenó la apertura de la sección de ejecución y de manera incomprensible se estableció requerir al demandado de la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos) por rentas insolutas de los meses de marzo a julio de dos mil diez, agosto a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once, por un importe de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), así como el acuerdo de once de julio de dos mil once, en el que se mandató el embargo sobre un inmueble de su propiedad sin vista previa al accionado, cuando las llaves del bien arrendado se le consignaron a su contrario desde junio de dos mil diez, cuando reclama meses en los cuales ya no estaba ocupado el bien, y en la cantidad líquida que refiere, no indica cuáles son los meses de renta que aún se le adeudan, por lo que deviene imprecisa y oscura, siendo que se han depositado los meses de marzo, abril, mayo y junio de dos mil diez como consta en autos. III.- Impuesto el suscrito de la planilla formulada en autos, se considera jurídico concluir que debe de regularizarse la misma, en atención a lo siguiente: Consta en actuaciones, que por auto de veinticinco de enero de dos mil once, se apertura la sección de ejecución en la misma pieza de autos, ordenándose requerir de pago al demandado José Antonio Nieto Velázquez por la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos) derivado de los meses de marzo a julio de dos mil diez, agosto a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once, por un importe de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). (.)". Resultando inatendibles las manifestaciones vertidas por la parte demandada, ya que en principio, el acuerdo del veinticinco de enero de dos mil once quedó firme para todos los efectos legales procedentes, ante la falta de interposición de medio de impugnación oportuno, precluyendo así el derecho del accionado para hacer valer las violaciones procesales que aduce, y, en añadidura, de su escrito de desahogo de vista el mismo reconoce que únicamente ha depositado el importe de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) relativo a los meses de marzo, abril, mayo y junio de dos mil diez, de ahí que es inconcuso que ha cumplido de manera parcial con lo ordenado, por lo que, resulta procedente que se despache ejecución por la cantidad insoluta de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). (.)". De lo transcrito se advierte que el juez responsable sí atendió el planteamiento de mérito formulado por el peticionario al desahogar la vista en relación con la planilla de liquidación, pues hizo referencia a él, al señalar que el peticionario alegó que desocupó el inmueble desde el mes de junio de dos mil once y que se reclaman meses en los que dicho bien ya no estaba ocupado. Enseguida, el juez local desestimó dicho argumento (y otros), medularmente, porque -señaló- en el expediente existe el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil once, el cual quedó firme al no haber sido impugnado. Proveído este último en el que, como lo destacó la responsable y se constata con su contenido, se abrió la sección de ejecución en el juicio natural y se ordenó requerir a ***** el pago de las rentas vencidas que, se determinó, ascendían a la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos), correspondientes a los meses de marzo a julio de dos mil diez a razón de $9,000.00 (nueve mil pesos) y de agosto a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos) (foja 87 del tomo I de pruebas). De ahí sea inexacto lo sostenido por el impetrante en el sentido de que el juez natural no atendió el argumento que precisa en la inconformidad de trato. Por otra parte, es fundado pero inoperante el concepto de violación en el que alega: - Que la autoridad responsable dejó de tomar en consideración lo alegado por el ejecutado en su escrito de desahogo de vista consistente en que: "En tanto que en su planilla de liquidación de rentas que nos ocupa, de fecha 12 de agosto de 2021, manifiesta se le adeudan aun $68,000.00 (SESENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENS. MON. NAL); pero sin indicar ni precisar cuáles son los meses de renta que aún se le adeudan, por lo que tal regulatoria luce oscura e imprecisa. Relacionado a lo anterior manifiesto existe en autos el escrito del demandado de fecha 24 de mayo del 2013, a través del cual se consignó billete de depósito por la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago de la renta del mes de MARZO del 2010; lo cual se acordó por auto de fecha 3 de junio del 2013. Ocurso de fecha 20 de junio del 2013, por medio del cual el demandado consignó $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de la renta del mes de ABRIL del 2010, mismo que se acordó por auto de 28 de junio de 2013. Ocurso de fecha agosto 28 del 2013, por medio del cual el ex inquilino demandado, consignó, billete de depósito por la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.; por concepto de pago de la renta del mes de MAYO 2010; el cual fue acordado por auto de fecha 9 de septiembre del 2013. En tanto que la renta del mes de JUNIO del 2010, por importe de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) se consignó por escrito de fecha noviembre de 2013, recibido el 02 de diciembre del 2013, el cual se llevó a cabo con la siguiente leyenda: [PRIMERO.- Me tenga por presentado con este escrito consignando a favor del arrendador SR**** el pago de la renta del mes de junio del 2010 por importe de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) ello en concepto de finiquito de las rentas adeudadas por el suscrito durante el tiempo que permanecí en posesión del local comercial arrendado, hasta la desocupación voluntaria del mismo llevada a cabo de mi parte, en su oportunidad, mediante la consignación llevada a cabo en su debida oportunidad dentro de los autos del presente expediente de las correspondientes llaves del local]. Consignación última que fue acordada por auto de fecha 13 de enero del 2014, siendo que esa consignación de la renta del mes de junio del 2010, billete de depósito folio número 409256 de fecha 26 de noviembre del 2013 fue recibido de conformidad por el ejecutante según recibo de fecha 09 de abril del 2021, fojas 483 de autos, de plena conformidad; esto es, en los términos consignados por el ejecutante SR. ***. Teniendo aplicación con relación a lo anterior, los señalamientos de los artículos 2030 a 2036 del Código Civil vigente en el Estado" Que la última consignación realizada por la parte ejecutada en favor de su ex arrendador fue en concepto de finiquito desde el mes de noviembre de dos mil trece y acordado en el mes de enero de dos mil catorce, la cual fue recogida por la parte ejecutante, en concepto de finiquito, hasta el nueve de abril de dos mil veintiuno, según recibo otorgado en autos. Que si la parte consignataria recibió de conformidad la última consignación de la ejecutada, en la forma y términos que ésta realizó la consignación del ejecutado, esto es - señala-, sin reserva de derecho alguno, entonces la ejecutante no puede aducir que se le siguen adeudando rentas. Por tanto -señala-, el juez no debió aprobar la liquidación presentada por la ejecutada. En efecto, es cierto que el juez responsable omitió atender el argumento a que hace referencia el peticionario, pues de la lectura integral de la resolución reclamada no se advierte que lo haya hecho. Sin embargo, tal omisión es insuficiente para otorgar la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, pues es evidente que, a la postre, el planteamiento a que alude el peticionario sería desestimado por la autoridad responsable, toda vez que de la revisión del sumario se advierte lo siguiente: - Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil trece, el impetrante exhibió el billete de depósito 409256, de veintiséis de noviembre del citado año, correspondiente a la renta del mes de junio de dos mil diez y señaló que lo hacía en concepto de finiquito (fojas 242 y 243 del tomo I de pruebas). - El ocurso de referencia fue acordado por el juez del conocimiento el trece de enero de dos mil catorce, únicamente en el sentido de tener al demandado exhibiendo el referido billete por concepto de renta del mes de junio de dos mil diez, y se ordenó dar vista al tercero interesado para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (foja 245 del tomo de pruebas). - El cinco de marzo de dos mil veintiuno, a solicitud de la parte demandada, el juez local ordenó requerir personalmente al tercero interesado para que acudiera al tribunal a recibir el referido billete de depósito, ya que a esa fecha no lo había hecho, sin formular apercibimiento alguno (foja 23 del tomo II de pruebas). De lo anterior deriva que, aunque es cierto que el quejoso consignó el pago de la renta correspondiente al mes de junio de dos mil diez con la intención de que fuera en concepto de finiquito, no consta que al tercero interesado se le haya dado vista con esto último, sino únicamente con la consignación de dicha renta. Ahora, aun cuando se asumiera que sí se le dio vista con lo pretendido por el peticionario, no se formuló apercibimiento alguno al tercero interesado para el caso de no desahogarla, por ejemplo, de tener por finiquitado el adeudo. Ante ello, no puede considerarse que la sola circunstancia de que el ejecutante haya acudido a recibir el billete de depósito que ampara la renta del mes de junio de dos mil diez, implique que la recibió aceptándola como finiquito, ya que no existe constancia alguna que así lo indique. Por el contrario, con posterioridad al trece de enero de dos mil catorce (fecha en que se notificó al tercero interesado la consignación de la plurimencionada renta), concretamente el veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 245 y 250 del tomo II de pruebas) y de forma previa a la recepción del billete respectivo, la parte actora pidió se decretara el embargo sobre la caja registradora de una negociación del demandado; actuar que evidencia que no estaba de cuerdo en tener por finiquitado el adeudo por concepto de rentas vencidas. Máxime que, como acertadamente lo sostuvo el juez responsable en la interlocutoria que se analiza, obra en el juicio natural el auto de veinticinco de enero de dos mil once, en el que se abrió la sección de ejecución y se determinó que, a esa fecha, las rentas vencidas ascendían a la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos), correspondientes a los meses de marzo a julio de dos mil diez a razón de $9,000.00 (nueve mil pesos) y de agosto a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos) (foja 87 del tomo I de pruebas); y la renta que pretendía consignar el peticionario como finiquito es la correspondiente al mes de junio de dos mil diez, es decir, atendiendo a lo decretado en el referido auto, faltarían por liquidar las rentas relativas a los meses de julio a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once. En ese sentido, se tiene que el hecho de que el ejecutante no haya precisado en su planilla de liquidación los meses de renta adeudados no la vuelve oscura o imprecisa, pues sí indicó puntualmente los depósitos o rentas cubiertas por el quejoso, por lo que, ante la existencia del auto de veinticinco de enero de dos mil once, bastaba el simple cotejo entre éste y los pagos efectuados por el impetrante para conocer cuáles son los meses de renta que se adeudan. De ahí lo ineficaz del concepto de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 108, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo, Común, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado". Sin que obste lo alegado por el impetrante en diverso concepto de violación, en el que aduce que el auto de veinticinco de enero de dos mil once, al que se refiere el juez responsable en la parte final de su resolución, es un mero requerimiento sin regulación previa y sin que se haya observado la mecánica del artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Además de que -señala- dicho requerimiento no fue practicado en su domicilio sino en un lugar diverso. Lo anterior pues, en primer lugar, dicha resolución es un auto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, fracción II, del referido código adjetivo, ya que entraña un mandamiento de pago dirigido a una de las partes, en el caso, al demandado, por lo que sí es vinculante. En segundo término, con independencia de lo correcto o incorrecto que resulte dicho proveído, se trata de una resolución que, como bien lo consideró la autoridad, ha quedado firme al no haber sido impugnada por las partes, por lo que su legalidad ya no podía ser analizada por el juez local en el acto reclamado. Por último, por lo que respecta a la ilegalidad de la notificación del requerimiento al quejoso, por haberse realizado en un domicilio diverso al suyo, debió combatirse a través del incidente de nulidad respectivo; máxime que, del sumario natural se aprecia que mediante escrito firmado el once de marzo de dos mil trece, el impetrante interpuso recurso de queja contra diverso auto, de cuya lectura se advierte que, al menos a esa data, ya tenía pleno conocimiento del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil once (fojas 169 a 174 del tomo I de pruebas). De ahí que esta última inconformidad también sea infundada. Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el que se aduce: - Que el ejecutante presentó su liquidación basándose solo en el convenio celebrado entre las partes y elevado a la categoría de cosa juzgada; que el tercero interesado deriva la existencia de una cantidad líquida adeudada por el hoy quejoso en su favor, pero ello no es así porque del clausulado de dicho convenio no se advierte adeudo de cantidad líquida alguna del arrendatario, esto es -afirma-, que el convenio carece de reconocimiento de adeudo líquido alguno del arrendatario en favor del arrendador. Que el incidentista se limitó a dar por existente un supuesto adeudo líquido derivado del convenio celebrado entre las partes y a tal suma le restó los abonos realizados por el inquilino, desentendiéndose del contenido que a la fecha presentan las actuaciones del procedimiento de origen. Que resulta entonces que la regulación de rentas insolutas formulada por la ejecutante es incompleta y, por ende, obscura e imprecisa, por lo que -aduce- su contenido no puede ser aprobado en forma alguna, sin que el juzgador pueda subsanar sus deficiencias. Carece de razón el quejoso, toda vez que, contra lo que sostiene, es inexacto que el tercero interesado haya formulado su planilla de liquidación basándose únicamente en el convenio judicial celebrado por las partes, pues de la lectura de su escrito respectivo se advierte que señaló "(.) como consta en actuaciones el total del adeudo es de $105,000.00 (CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 (.)", lo que, como se vio en líneas precedentes, es acertado si se toma en cuenta que existe el auto de veinticinco de enero de dos mil once, en el que se determinó que las rentas vencidas, a esa última fecha, ascendían a esa cantidad. Ante ello, es inexacto que, por las razones que indica el impetrante, la planilla de liquidación propuesta por el tercero interesado resulte incompleta, obscura e imprecisa y que, por ello, no debió ser aprobada. Por otra parte, es inoperante la inconformidad en la que el quejoso alega: - Que la falta de análisis de las actuaciones del juicio natural por parte del juez responsable se traduce en que en su resolutivo tercero despacha ejecución en contra de *** cuando desde la celebración del convenio de fecha veintiséis de junio del dos mil ocho ese señor Maffuz Abraham quedó fuera de la controversia civil que nos ocupa, asumiendo sus obligaciones contractuales el hoy quejoso; máxime que -dice-, aunque no venga al caso, el señor Maffuz tiene ya varios años de haber fallecido. La inoperancia de lo anterior deriva del hecho que el citado concepto de violación se funda medularmente en que fue incorrecto que el juez responsable despachara ejecución en contra de Eduardo Maffuz Abraham, porque, a decir del inconforme, éste quedó fuera de la controversia de origen desde la celebración del convenio de veintiséis de junio de dos mil ocho; sin embargo, al único al que podría afectar tal decisión es al antes nombrado, quien no figura como quejoso en este contencioso constitucional. Lo que constituye un impedimento técnico para que la suscrita emprenda el análisis del motivo de disenso, al versar sobre una consideración que no afecta en forma alguna la esfera jurídica del peticionario sino, en todo caso, de diversa persona. Finalmente, procede abordar el concepto de violación que se considera esencialmente fundado, en el cual el peticionario sostiene: - Que la planilla de liquidación de rentas vencidas se basa primordialmente en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada el ocho de agosto de dos mil ocho, del cual -dice el quejoso- sostiene el ejecutante se deriva a su favor una adeudo de rentas por la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos), respecto del que deduce abonos realizados por el ejecutado por una total de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos), lo que, según el incidentista, arroja a su favor una diferencia por el importe de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos). Sin embargo, el juez responsable, en forma oficiosa y en evidente suplencia de la queja, establece un saldo en favor del ejecutante por la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos), esto es, no obstante que el ejecutante reconoce que se abonó un importe de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos), el juzgador reduce oficiosamente dicha cantidad a $36,000.00 (treinta y seis mil pesos). Atendiendo a la causa de pedir, asiste razón el peticionario, toda vez que el juez responsable transgredió en su perjuicio el principio de congruencia que rige el dictado de las resoluciones judiciales (explicado en líneas precedentes), en la medida de que aprobó la liquidación de rentas vencidas por un monto mayor al que solicitó el ejecutante en su planilla de liquidación, esto es, excedió lo pretendido por éste; lo que se traduce en la incongruencia del acto reclamado por conceder más allá de lo pedido en un asunto que se rige por el principio de estricto derecho. En efecto, como en esencia lo aduce el impetrante, el tercero interesado, en su planilla de liquidación, señaló que se le adeudaba la cantidad de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos); sin embargo, el juez responsable, supliendo indebidamente su propuesta, aprobó la liquidación en el monto de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos), esto es, en una cantidad mil pesos mayor. No pasa inadvertido que es obligación de los tribunales verificar que los conceptos contenidos en las planillas de liquidación presentadas por los vencedores, coincidan con la condena establecida en la sentencia, independientemente de que la parte demandada desahogue o no la vista otorgada en relación con tal planilla. Sin embargo, la obligación del juez de ajustar o regular lo propuesto en la planilla de liquidación tiene su límite en el supuesto de que advierta que la cantidad solicitada por el vencedor es inferior a la que conforme a derecho proceda; hipótesis en la que debe estarse a lo regulado en la planilla de que exhiba el incidentista, pues actuar de forma contraria implicaría conceder más de lo pedido, rebasando la litis. Al respecto, es ilustrativa la tesis II.4o.C.15 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1426, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS. CUANDO NO SE JUSTIFIQUEN LAS CANTIDADES ADUCIDAS EN LA PLANILLA RESPECTIVA, EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA EXAMINAR DE OFICIO Y CONDENAR A LAS CANTIDADES CORRECTAS CON LA ÚNICA LIMITANTE DE ESTAR A LO QUE EXHIBA EL INCIDENTISTA EN CASO DE QUE LAS CANTIDADES DEMANDADAS SEAN INFERIORES O MAYORES A LAS QUE PROCEDAN CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, anterior al vigente dispositivo que, en esencia y en lo conducente, es similar a lo previsto en el diverso 1.228 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México el cual literalmente establecía: "Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.-De esta decisión, si fuere apelable, se admitirá el recurso sin efecto suspensivo.", se advierte que dicho numeral resulta ambiguo, ya que no prevé la forma en que debe actuar el Juez en caso de que no se demuestre la procedencia exacta de todas y cada una de las cantidades propuestas en la planilla. Ante tal oscuridad, debe tenerse en cuenta que el incidente de gastos y costas, al igual que el de liquidación de intereses, tiene como objetivo primordial determinar con precisión la cuantificación de las costas a que quedó obligada la parte vencida en el juicio por sentencia ejecutoriada, si a lo anterior se suma la circunstancia de que el Juez tiene potestad para resolver de fondo el asunto planteado, y la obligación de dictar una resolución ajustada a derecho, entonces, resulta indispensable, para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución que el juzgador, como director del proceso, precise, examine y analice, aun de oficio, la planilla propuesta y corrija las cantidades presentadas condenando a las cantidades correctas, pensar lo contrario, es decir, declarar la improcedencia del incidente por no coincidir las cantidades, haría nugatorio el derecho para hacer efectiva la prestación de condena impuesta en la sentencia ejecutoriada, lo que significaría contrariar la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada apartándose, además, del cumplimiento estricto al principio de economía procesal. Por lo que, si se limitara la actividad del Juez sólo a aprobar o rechazar la planilla sin admitir que puede hacer uso de su arbitrio, para aprobar, incluso, cantidades distintas a las que se señalan en ella, dicha intervención jurisdiccional se reduciría a un trámite administrativo y no de análisis de legalidad. Lo anterior tiene como limitante el supuesto en el que el juzgador advirtiera que las cantidades demandadas en la planilla son inferiores o mayores a las que conforme a derecho procedan, pues en este caso, el límite del Juez estará a lo regulado en la planilla que exhiba el incidentista, ya que actuar en sentido contrario, significa rebasar la litis, concediendo más de lo pedido". En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación de trato, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por José Antonio Nieto Velázquez, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 5175/2016; b) En su lugar, emita una nueva en la que, al resolver sobre la liquidación propuesta por Jesús Fernández Perroni, reitere las consideraciones que no son materia de la concesión del amparo; y c) Atendiendo a los lineamientos trazados en esta sentencia, al fijar la cantidad líquida a la que ascienden las rentas vencidas respectivas, tome en consideración que Jesús Fernández Perroni señaló que el adeudo pendiente es únicamente por el monto de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos). OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 11 a 14 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *****, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, por las razones y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la quejosa y por lista al tercero interesado.
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