Jose Antonio Perez Silva
Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Antonio Perez Silva
- Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) [el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados], por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 133/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y Jefe del Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades responsables la negativa que me dieron en el oficio sin número de fecha 25 de enero de 2021, en el sentido de proporcionarme información sobre una carpeta de investigación que se está integrando en mi contra, en cuanto al número y la Agencia del Ministerio Público ante la cual se encuentra en trámite, ello para poder preparar mi defensa". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integral del escrito inicial de demanda, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es el siguiente: El oficio sin número de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a través del cual se le negó información respecto del contenido de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra e intervención en la misma. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa, ni de autos se advierta su existencia, pues de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que fue diversa autoridad ministerial la que negó proporcionarle la información y el acceso al legajo o carpeta de investigación que se hubiera iniciado en su contra. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio en cuanto a la autoridad antes citada. Tiene aplicación sobre el particular por su contenido la Jurisprudencia número 1002, consultable en la página 1621, Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Sí las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jefe del Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, pues así lo manifestó en su informe justificado, y su existencia se corrobora además con las constancias que remitió en su apoyo, pues dentro de las mismas obra el oficio reclamado, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio. La parte quejosa argumenta que el oficio reclamado vulnera sus derechos humanos de defensa adecuada y de debido proceso legal que tiene todo probable indiciado. Tales motivos de inconformidad resultan infundados. Ahora bien, el Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en el oficio reclamado de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en lo que interesa asentó: "En atención a su escrito, fechado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, en el que solicita se le informe si en esta institución se instruye, una carpeta de investigación, que se haya iniciado en su contra; a partir del mes de enero de dos mil veinte a la fecha; por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 apartado B fracción VI y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, 106, 113 fracción VIII, 131, 212, 214 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales me permito informarle lo siguiente: La información contenida en las carpetas de investigación tramitadas por el Ministerio Público para la persecución de delitos, está catalogada como reservada, de acuerdo al artículo 110 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se transcribe: "De la Información Reservada. Artículo 110: Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público", aunado a que, conforme a lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicha ley y demás disposiciones aplicables, siendo que para que una persona con el carácter de imputado y su defensor tenga el acceso a dichos registros, debe estarse a lo establecido en el numeral artículo 20 apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es precisa en señalar: ". el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirle declaración o entrevistarlo.", en razón de lo anterior y toda vez que en el presente caso, usted no tiene el carácter de víctima, no se encuentra detenido, no ha sido citado para comparecer como imputado, ni tampoco se ha pretendido recibir su entrevista dentro de alguna carpeta de investigación, no es procedente legalmente proporcionarle la información que solicita respecto del contenido de las carpetas de investigación tramitadas en esta Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar." Como se precisó, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, devienen infundados. Es así, pues contrario a lo que se sostiene, el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece claramente los supuestos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a tal información, siendo los siguientes: Cuando el imputado se encuentre detenido; Cuando sea citado para comparecer como imputado; Cuando sea sujeto de un acto de molestia y Cuando se pretenda recibir su entrevista. En el caso, del informe justificado que rindió el Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, y de las demás constancias que integran los autos, no se desprende que el quejoso encuadre en alguno de dichos supuestos, esto es, que se encuentre detenido; que haya sido citado para comparecer como imputado, ni se ha pretendido recibir su entrevista o sea sujeto de algún acto de molestia al respecto, fue entonces correcto que la autoridad responsable le negara información y acceso a algún legajo o carpeta de investigación que se haya iniciado en su contra. Por tanto, el actuar de la autoridad responsable no le depara perjuicio, pues fue correcta la interpretación que hizo respecto del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el que se niegue a una persona el acceso a una carpeta de investigación, con base en el precepto 218 invocado por la responsable, no le ocasiona a aquella, ninguna afectación jurídica a sus derechos defensa, por ser acorde a los lineamientos básicos relacionados con la investigación inicial que realiza el Ministerio Público, en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reconocer el derecho de toda persona imputada a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, facilitándole los datos que requiera para su defensa, así como de resguardar el principio de reserva que rige toda investigación ministerial. Ya que de no mantener esa reserva y permitir que cualquier persona pueda tener acceso pleno a los datos que integran el legajo de investigación, sin tener el carácter de imputado o de víctima u ofendido, podría entorpecer la función del Ministerio Público de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y quién podría haber participado en su comisión, poniendo en riesgo su éxito, con la consecuente afectación general que se ocasionaría a la sociedad de que el sistema de procuración de justicia no fuera efectivo. Por tanto, el que se niegue a una persona el acceso a una carpeta de investigación sin tener el carácter de imputado, víctima u ofendido, con base en tales preceptos, no le ocasiona a aquella ninguna afectación jurídica en sus derechos de defensa. Sin embargo, si en algún momento adquiere tal calidad, se encontrará en aptitud de solicitarlo y acceder a los registros de la investigación para preparar una defensa adecuada a sus intereses. Se invoca en apoyo, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible a página 2275, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época, de rubro y texto: "INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados." En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de violación formulados y no existir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 133/2021, promovido por ********************en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************contra el acto que reclama al Jefe del Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Adjúntese el escrito de José García Reyes, autorizado del quejoso JOSÉ ANTONIO PÉREZ SILVA, sin que haya lugar a acordar sobre su contenido, toda vez que no contiene firma electrónica (evidencia criptográfica), conforme a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (artículos 2, fracción XVI, 10, 14 y 16). NOTIFÍQUESE.
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