José Antonio Olivar Albarran
Expediente 678/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Antonio Olivar Albarran y Otros.
- José Antonio Olivar Albarran
- Jesús Jeovani Martínes Aragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio remítasele copia certificada de las constancias que indica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, se ordena la devolución del cuaderno de pruebas, remitido por la autoridad responsable ordenadora. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 678/2018 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. JOSÉ ANTONIO OLIVAR ALBARRAN, JESÚS JEOVANI MARTÍNES ARAGÓN, JAIME MISAEL PEÑA DE LA ROSA, JESÚS ADÁN PÉREZ GARCÍA, RUBÉN MISAEL LARES LOERA, VÍCTOR MANUEL MERAZ PALOMARES, NELSON GARZA LOZANO, JOSÉ ALBERTO NIETO PÉREZ, ENEDINO GARCÍA RAMOS, ISIDRO CORREA DORIA, HUGO ALBERTO ROJAS PÉREZ, MARCO ANTONIO CARRILLO VARGAS, ARMANDO SANTOS GARCÍA, MARTÍN DÍAZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MÁRQUEZ, GABRIEL RIVERA HERNÁNDEZ Y RUBÉN BRYAN SUÁREZ DELGADO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Director General; Director de Seguridad y Custodia y Comité Técnico Interdisciplinario, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número TRECE "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; consistente en la sanción de quince días que les fue impuesta a los quejosos en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (correctivo disciplinario); que estimaron violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 6°, 8° y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo presentada por los quejosos (fojas 13 y 14), los que inconformes con dicha determinación junto con su defensor público federal en veinticinco de julio del mismo año, interpusieron recurso de queja en su contra (fojas 20-31), que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Tercer Circuito, quienes por resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 307/2018 de su índice, declararon fundado dicho recurso, ordenando dejar sin efecto el auto recurrido y acordar lo conducente en relación con la admisión de la demanda (fojas 75-87). TERCERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y la audiencia constitucional se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. En la audiencia constitucional se dejó de tener como autoridad responsable al Director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ante su inexistencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. La Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados por los quejosos RUBÉN MISAEL LARES LOERA e ISIDRO CORREA DORIA, sin que éstos hayan desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías por lo que a dichos quejosos respecta. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. En su informe justificado la Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, convino en la existencia de los actos reclamados por los diversos quejosos JOSÉ ANTONIO OLIVAR ALBARRAN, JESÚS JEOVANI MARTÍNES ARAGÓN, JAIME MISAEL PEÑA DE LA ROSA, JESÚS ADÁN PÉREZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL MERAZ PALOMARES, NELSON GARZA LOZANO, JOSÉ ALBERTO NIETO PÉREZ, ENEDINO GARCÍA RAMOS, HUGO ALBERTO ROJAS PÉREZ, MARCO ANTONIO CARRILLO VARGAS, ARMANDO SANTOS GARCÍA, MARTÍN DÍAZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MÁRQUEZ, GABRIEL RIVERA HERNÁNDEZ Y RUBÉN BRYAN SUÁREZ DELGADO. Lo que además se corrobora con las constancias remitidas, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca; pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte los quejosos reclaman la sanción impuesta en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (correctivo disciplinario). Acto en contra del cual, procede el recurso de revisión ante el juez de Ejecución, en términos del artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el que dispone: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario." De dicho precepto se advierte, en contra las resoluciones administrativas por faltas disciplinarias -como en el caso- procederá la revisión ante el juez de ejecución, por lo que, el acto impugnado resulta ser improcedente para ser analizado en la presente instancia constitucional, ya que previó a ello deberá agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que la legislación en comento precise más requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, pues como se advierte del numeral en cita, con la interposición se suspenden los efectos del acto de manera oficiosa, sin condicionante o salvedad alguna, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Y si bien, el acto reclamado restringe indirectamente la libertad de la parte quejosa a los límites de su estancia, cierto es también, que tal determinación se emitió dentro de un procedimiento administrativo disciplinario regido por el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, por ende, se encuentra obligado a agotar los recursos que la ley le confiere para impugnar la determinación hoy reclamada. Sin que lo anterior implique que se prive a los amparistas del derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, pues no deben pasarse por alto aspectos relacionados con presupuestos formales, procesales o criterios de admisibilidad, que necesariamente tienen que ser atendidos previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, los hoy quejosos se encuentran obligados a agotar el recurso de revisión ante el juez de ejecución, y al no haberlo hecho, es manifiesta la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada Ley. Resulta aplicable, la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1835 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." De igual forma, se cita en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Por otro lado, al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, no procede entrar al estudio de los conceptos de violación; esto con base en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, del Tomo, que aparece en la página 57, número 70, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, y del contenido: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 678/2018, promovido por JOSÉ ANTONIO OLIVAR ALBARRAN, JESÚS JEOVANI MARTÍNES ARAGÓN, JAIME MISAEL PEÑA DE LA ROSA, JESÚS ADÁN PÉREZ GARCÍA, RUBÉN MISAEL LARES LOERA, VÍCTOR MANUEL MERAZ PALOMARES, NELSON GARZA LOZANO, JOSÉ ALBERTO NIETO PÉREZ, ENEDINO GARCÍA RAMOS, ISIDRO CORREA DORIA, HUGO ALBERTO ROJAS PÉREZ, MARCO ANTONIO CARRILLO VARGAS, ARMANDO SANTOS GARCÍA, MARTÍN DÍAZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MÁRQUEZ, GABRIEL RIVERA HERNÁNDEZ Y RUBÉN BRYAN SUÁREZ DELGADO, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
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