José Antonio Ovis Pedrero
Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Antonio Ovis Pedrero
- Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso José Antonio Ovis Pedrero, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 9 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 831/2020-9, promovido por José Antonio Ovis Pedrero. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, al no existir medio de prueba por desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 831/2020-9, promovido por José Antonio Ovis Pedrero, contra actos de la Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, José Antonio Ovis Pedrero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S El inicio de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019. La orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización y/o detención decretada en su contra y su ejecución. A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S ORDENADORAS 1. Lic. Carmen del Rosario González Carrera, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. Lic. Dagoberto Aguilera Alejandro, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3. Lic. Guadalupe Pilar Rascón Castillo, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 4. Lic. Emilia Leticia Escobedo García, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 5. Lic. Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 6. Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción responsable de la integración de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019. EJECUTORA 7. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de uno de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 831/2020-9, y se admitió la demanda de que se trata; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. En proveído de veinte de octubre del año en curso (fojas 48 a 50), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, aclarara la denominación correcta de las autoridades responsables denominadas: Lic. Dagoberto Aguilera Alejandro, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Lic. Emilia Leticia Escobedo García, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción responsable de la integración de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad. Lo anterior, a efecto de que fueran llamadas a juicio, desistiera de dicho señalamiento o acreditara la existencia de las mismas, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo señalado, se dejaría de tener como tales y se tendrían sus actos como inexistentes; siendo notificada del referido acuerdo, el veintiséis de octubre de la presente anualidad (foja 63); por lo que el referido término trascurrió del veintiocho de octubre al tres de noviembre del año en curso, sin que haya hecho manifestación al respecto. CUARTO. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad (fojas 64 a 66), se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso José Antonio Ovis Pedrero, en proveído de veinte de octubre del año que trascurre, esto es, se dejó de tener como autoridades responsables siguientes: Lic. Dagoberto Aguilera Alejandro, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Lic. Emilia Leticia Escobedo García, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción responsable de la integración de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad. Por tanto, se tuvieron sus actos como inexistentes, por lo que se ordenó interrumpir toda comunicación con las mismas. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: El inicio de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019. La orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización y/o detención decretada en su contra y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables ordenadoras denominadas Carmen del Rosario González Cabrera y Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscales del Ministerio Público Investigador adscritas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en el inicio de la carpeta de investigación AI-FECC-027/2019 y la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización y/o detención, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dichas negativas. Por su parte la autoridad responsable ordenadora licenciada Guadalupe del Pilar Rascón Castillo, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, residente en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización y/o detención, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La licenciada Guadalupe del Pilar Rascón Castillo, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado consistente en el inicio de la carpeta de investigación CI-FECC-02772019, de su índice; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de la lectura del contenido de su propio informe admite la existencia del inicio de la referida carpeta de investigación; por tanto, de dicha manifestación se evidencia la certeza del acto reclamado, y se tiene por cierto el citado acto reclamado, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso consistente en el inicio de la carpeta de investigación CI-FECC-02772019, encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos 5° y 6, de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al amparista. Lo anterior es así, ya que por lo que respecta al inicio de la carpeta de investigación CI-FECC-027/2019, debe tenerse presente que la función persecutoria del Ministerio Público no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que es válido decir que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar dicho acto, razón por la que no se surte el interés jurídico, ni legítimo, para combatirlos mediante el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.48 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Materia Común, Penal, página 1947, registro 2015500, de rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." En ese contexto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Congruente con ello, cabe destacar que hasta el momento no existe algún acto de molestia en contra del quejoso derivado del inicio de la referida carpeta de investigación en el que se le requiera para comparecer dentro de la misma, lo cual en dado caso, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, se trata de un acto fuera de juicio que de ninguna manera afecta la libertad de la persona destinataria. En efecto, tal dispositivo, dispone lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Texto del cual se desprende que el procedimiento penal comprende tres etapas, a saber: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Ahora, si en el caso el quejoso, combate de la licenciada Guadalupe Pilar Rascón Castillo, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, que se haya iniciado la carpeta de investigación CI-FECC-027/2019, permite advertir que el acto impugnado se ubica dentro de la etapa de investigación inicial. En ese contexto, conforme al artículo 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público requiera la presencia del quejoso para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer; a fin de recabar los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera oportuno reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; citará al imputado acorde al numeral 213, del ordenamiento legal en cita. Así, la cita al imputado, constituye un presupuesto necesario para que en el momento procesal oportuno el imputado quede a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación. Congruente con lo expuesto, es dable afirmar que el inicio de la carpeta de investigación CI-FECC-027/2019, no es un acto que afecte la libertad personal de José Antonio Ovis Pedrero, al tratarse de una simple determinación de la fiscal responsable, con la cual se inicia la fase de integración de la misma, en la cual eventualmente la responsable en ejercicio de sus atribuciones podría requerir la presencia del quejoso con la finalidad de desahogar una diligencia relacionada con los hechos que se investigan, y previo hacerle de su conocimiento los derechos que consagra a su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20 apartado B, así como lo establecido en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, a través de la emisión del acto reclamado la autoridad responsable está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga afectación alguna, pues ésta se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no vincular a proceso al imputado, ya que hasta la presente fecha la carpeta se encuentra en su fase de integración; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al agente investigador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Se sostiene ello, ya que con motivo del inicio de la carpeta de investigación aún no se la ha citado a comparecer, por lo que el acto que por esta vía combate se trata de un acto fuera de juicio que de ninguna manera afecta su libertad personal. Por tanto, ante la ausencia de una afectación real y actual a la parte quejosa, es evidente que carece de interés jurídico para promover juicio de amparo, pues la carpeta de investigación CI-FECC-027/2019, iniciada por la licenciada Guadalupe Pilar Rascón Castillo, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, no implica un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Es aplicable, por identidad de razones la Jurisprudencia 1a.78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, página 239, registro 2018828, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Antonio Ovis Pedrero por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales del nueve al trece de noviembre del presente año, mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. En atención a lo anterior, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa, programada para las diez horas con diez minutos del doce de noviembre del presente año, y se fijan como nueva hora y fecha para su verificativo las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Por otra parte, advirtiéndose de autos que mediante proveído de veinte de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, aclarara la denominación de las autoridades responsables que se señalan a continuación, a fin de que pudieran ser llamadas a juicio, se desistiera de las mismas o acreditara su existencia, a saber desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de las mismas, a saber: Dagoberto Aguilera Alejandro, Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado. Emilia Leticia Escobedo García, Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, responsable de la Integración de la Carpeta de Investigación AI-FECC-027/2019. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En caso de no hacerlo, se dejarían de tener como responsables y por ende, se tendrían sus actos como inexistentes. Y tomando en cuenta que dicho plazo ha transcurrido con exceso, dado que la parte quejosa fue notificada el veintiuno de octubre del presente año, respectivamente, sin que hiciera manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento y se deja de tener como autoridades responsables a las antes citadas, teniéndose sus actos como inexistentes. Notifíquese.
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