José Antonio Ovis Pedrero
Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Antonio Ovis Pedrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de dicha certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de dicha certificación secretarial se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, ARCHÍVENSE los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 16/2022-6, promovido por **********, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida vía electrónica el siete de enero de dos mil veintidós, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, José Antonio Ovis Pedrero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La omisión de pagarme la pensión por jubilación a la que tengo derecho y que he venido disfrutando desde el mes de mayo de 2013." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 2 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, registrada con el expediente 16/2022-6 y se determinó remitir por conocimiento previo la citada demanda de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al estimarse actualizada la hipótesis de relación por antecedente o conocimiento previo contemplada en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal. Después, por auto de dieciocho de enero del año en curso, el citado Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, informó que no aceptaba la competencia planteada por este juzgado, por lo que, este órgano jurisdiccional continúo conociendo del presente asunto y en ese propio acuerdo se determinó desechar la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Posteriormente, inconforme con dicha determinación, en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue radicado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el expediente 34/2022; medio de impugnación que fue resuelto por el Tribunal de Alzada en sesión virtual celebrada el siete de julio de dos mil veintidós, en el cual declaró fundado el citado recurso de queja. Finalmente, por auto de nueve de agosto del año en curso, al haberse recibido el testimonio de ejecutoria remitido por el Tribunal Colegiado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de seguirle pagando la pensión que recibe mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la cual le fue cancelada con motivo del procedimiento administrativo de reducción de pensión, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, aun cuando las responsables no hayan manifestado nada al respecto, pues de las constancias que remitieron se advierte que existió la cancelación de la pensión por jubilación que disfrutaba el impetrante, con motivo de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la responsable; documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, al rendir su informe justificado, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Director General de ese Instituto, manifestó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce que contra la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que ordenó cancelar la pensión que percibía el quejoso como jubilado, el citado impetrante promovió Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el cual quedó radicado bajo el expediente 011/2022-S-2, de su índice. Es fundado lo alegado por la citada autoridad responsable, toda vez que respecto del acto que se les atribuye, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, vigente, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. El precepto mencionado busca evitar la coexistencia de medios ordinarios de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues de ser así, traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias, en este caso, ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, dicho precepto legal consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Dicha causa de improcedencia deriva directamente del principio de definitividad, que prevé que el acto que se estudie en amparo ya no debe ser susceptible de ser revocado, modificado o anulado. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción de amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los medios de defensa, el ordinario y el constitucional, por vías separadas, podrían culminar como ya se indicó en resoluciones contradictorias. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 15, Novena Época, con número de registro 190665, de rubro y contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo" Ahora, de las documentales que exhibió al presente asunto la parte quejosa, así como las que adjuntó la autoridad responsable Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Director General de ese Instituto, se advierte que en el caso particular el impetrante José Antonio Ovis Pedrero interpuso Juicio Contencioso Administrativo, en contra de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se ordenó la cancelación de la pensión que recibía mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y como consecuencia de ello, la omisión de la citada responsable de continuarle pagando la citada pensión (lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio), controvertido que se admitió a trámite en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, radicado bajo el número de expediente 011/2022-S-2, de su índice. Además, de dichas constancias que obran en autos se advierte que el referido juicio contencioso se encuentra en trámite. De lo anterior se concluye que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa promoviendo juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se ordenó la cancelación de la pensión que recibía mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. También se actualiza el segundo requisito, ya que el juicio de mérito se admitió a trámite y a la fecha se encuentra pendiente de resolución, toda vez que así se advierte de las constancias que obran en autos. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque el juicio contencioso de mérito se promovió por el propio quejoso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. En relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, pues según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, existe un juicio ordinario (contencioso administrativo) en trámite pendiente de resolver, en el que el impetrante señaló como acto reclamado la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual se ordenó la cancelación de la pensión que recibía mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y como consecuencia de ello, se produjo la omisión de la responsable de continuarle pagando la citada pensión, controvertido que aún no ha sido resuelto, pero que de declararse procedente la pretensión, traería consigo la modificación, revocación o confirmación de lo aquí reclamado. No obsta lo anterior, que en libelo inicial haya manifestado que reclama la omisión de cubrirle el pago de la pensión a que tiene derecho a partir del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, así como el correspondiente pago de los 85 días de gratificación correspondiente al ejercicio fiscal 2021, pues ello es consecuencia, de la determinación tomada por la responsable en el procedimiento administrativo de revisión de pensión, a través del expediente ISSET/UAJ/008/2021,cuya resolución fue reclamada a través del procedimiento contencioso antes mencionado, razón por la cual este juzgado se encuentra impedido para hacer el análisis del acto reclamado, al existir un medio de defensa que puede nulificar dicha resolución. Por lo que se reitera que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que alude al medio de defensa pendiente, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea examinada al mismo tiempo en dos instancias que podrían concluir en resoluciones contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que le informan el criterio sustentado por Tribunales Colegiados de Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, página 522, Octava Época, con número de registro 219749, que a la letra dice lo siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 73, FRACCION XIV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de garantías es improcedente: "cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la transcripción anterior se advierte, que los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) El recurso o medio de defensa, debe ser interpuesto por el propio quejoso, y d) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Criterios los anteriores que no obstante que se integraron conforme a la anterior Ley de Amparo, son aplicables al caso concreto en virtud de que los mismos no se oponen a la vigente, atento a lo expuesto en el artículo 6° transitorio de la Ley en la Materia. Ciertamente, de lo anterior, válidamente se puede colegir que la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, reclamada en el juicio ordinario, simultáneamente con el presente juicio constitucional, constituye el medio legal de defensa idóneo de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo, pues de dicha determinación reclamada se originó la omisión que el impetrante reclama en el presente asunto, esto es, de seguirle pagando la pensión que recibía mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la cual le fue cancelada con motivo del procedimiento administrativo de reducción de pensión, mediante la multicitada resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló que no se haría la publicación de los nombres y datos personales en el presente asunto, por así haberlo solicitado la parte quejosa; por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso José Antonio Ovis Pedrero, mediante el cual remite como prueba copia certificada del oficio UAJ/FAZG/3420/2022 de diecinueve de abril de dos mil veintidós. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, la documental que exhibe en copia simple, la que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese.
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