José Antonio Olvera Camacho

Expediente 1099/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1099/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Olvera Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que solicitó a la Directora de Operaciones y Control de Pago actualice la planilla de liquidación correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno a favor de la parte quejosa. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Directora de Operaciones y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de siete días, siguiente al en que quede legalmente notificada de este auto, remita copia certificada de la planilla de liquidación correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno a favor de la parte quejosa. Apercibidos que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se les impondrá a cada uno, una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 192 de la ley de la materia vigente; además de que se continuará con el procedimiento que al efecto establece el segundo de los numerales indicados y, se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por José Antonio Olvera Camacho, contra actos de los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1099/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 8, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien en dicho párrafo se señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y ésta tiene la obligación de hacerlo en breve término al peticionario, no se establece un tiempo específico. A continuación se transcriben los artículos en mención: Ley de Amparo "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Razones de la improcedencia En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, que en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite al juzgador desarrollar un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 8° de la Constitución si bien reconoce el derecho de petición que tienen los gobernados de realizarlo por escrito, de manera pacífica y respetuosa, también señala la obligación de los empleados públicos de respetar el ejercicio de ese derecho, y señala que le debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sin embargo, como ya antes se señaló, este artículo no específica un plazo para que se de contestación a la petición del quejoso. Ahora bien, en la presente demanda de amparo, el quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de dar contestación a su escrito presentado el quince de septiembre del presente año en la Oficialía de Partes de dicha autoridad. Entonces, si bien el derecho de petición, como antes se ha señalado, previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela dicho precepto, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto. Sirve de apoyo al tema en comento, las siguientes tesis: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO. El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo". "PETICIÓN, DERECHO DE. "BREVE TERMINO". La garantía que se consagra en el artículo 8o. constitucional tutela el derecho de los particulares para que les sea contestada toda petición que eleven a las autoridades, en breve término y, si la demanda de amparo se promueve antes de transcurridos cuatro meses desde la presentación del escrito que no ha sido contestado, y no existe motivo alguno para considerar que no pudo haberse dado debida respuesta en dicho lapso, existe violación al artículo octavo constitucional en perjuicio de la parte quejosa, pues las características de la petición son las que determinarán el término para que se estime violado dicho precepto e inclusive éste podría ser computado en días, si la naturaleza de la solicitud así lo exige." "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Por lo tanto, este Juzgado de Distrito, considera que, dada la naturaleza de la petición formulada, aun no transcurre un término prudente para que la autoridad le de contestación, pues no ocurren por lo menos, los cuatro meses que resultan aceptables para que se emita su contestación. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [copia del acto reclamado] que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Como lo solicita el promovente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo se les autoriza en términos del segundo párrafo última parte del citado artículo y en la misma calidad a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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