José Antonio Moreno Sánchez

Expediente 772/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2020.

Datos del expediente

Expediente
772/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2020

Partes del expediente

  • José Antonio Moreno Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta en la cual se asienta que, después de revisar el escrito de demanda de amparo recibida vía electrónica en el Módulo de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito el catorce de agosto de dos mil veinte, se advierte que, esta se presentó sin firma electrónica. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho; contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 772/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Moreno Sánchez, ya que -como se explicara más adelante- se actualizan dos causas de improcedencia notorias y manifiestas. Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que José Antonio Moreno Sánchez reclama lo siguiente: El cobro excesivo en el recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad en el periodo de facturación del veinticinco de mayo de dos mil veinte, por la cantidad de ******, como consecuencia la orden de cortar el suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en ****** en esta ciudad por la falta de pago total del recibo. Antecedentes relevantes. 1. *******, manifiesta que el diez de junio de dos mil veinte, en un cajero de la Comisión Federal de Electricidad realizó el pago por el suministro de energía eléctrica del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, percatándose que la cantidad solicitada era de *****; siendo que únicamente pagó $***** por ser ésta, aproximadamente, la cantidad que en recibos anteriores pagaba. 2. Por tanto, es usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, con medidor ******** instalado dentro del inmueble indicado en el párrafo que antecede. 3. Asimismo, manifiesta que el cobro por el suministro de dicho servicio, es excesivo y tiene el temor de que se realice el corte de energía eléctrica en su domicilio. 4. Inconforme con lo anterior, José Antonio Moreno Sánchez, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Moreno Sánchez, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la primera improcedencia del juicio de amparo. Una vez analizada dicha demanda, este Juzgador considera que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de firma electrónica del quejoso. En dichos preceptos se prevé lo siguiente: (...) Razones de la primer causa de improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3 de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este caso -como se advierte de la constancia hecha por el secretario- el promovente optó por hacerlo de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción II, 62 y 64 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente: (...) De los artículos transcritos podemos concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada -salvo que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no se requiere firma electrónica-. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo no fue firmada de manera electrónica por el quejoso José Antonio Moreno Sánchez, sino por una persona diversa, a saber, Claudia Josseline Moreno Martínez. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por el justiciable, no existe no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En efecto, al mandar su archivo electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el promovente que realizó el trámite correspondiente no firmó electrónicamente. (...) Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal señaló que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. (...) Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, en este asunto este Juez de Distrito opta por seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) es claro que la demanda carece de firma electrónica y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por el directo quejoso, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. Fundamento de la segunda causal de improcedencia del juicio de amparo. No obstante lo anterior, en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo [interpretados en sentido contrario], que a continuación se transcriben: (...) Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, pues aun cuando se aduzca una violación a derechos humanos, la eficacia horizontal de estos puede analizarse en vías ordinarias para conflictos entre particulares. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados por la parte quejosa no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la promovente acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a reclamar actos relacionados con ese servicio que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. (...) Entonces, tenemos que si los actos reclamados se relacionan con la prestación de dicho servicio de suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. (...) En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; máxime que no tiene facultades para exigir coactivamente el cobro de sus tarifas por los servicios que presta. Así las cosas, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por José Antonio Moreno Sánchez. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [copia del acto reclamado] que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que concluir la improcedencia del juicio de amparo no se requieren mayores; máxime que existe jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente aplicable que resuelve ese tema. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por esa razón, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), en la que la propia Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante lo anterior, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si con posterioridad la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo sendas jurisprudencias como las 2a./J. 156/2017 y 2a./J. 30/2018, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría los criterios establecidos recientemente. Resulta aplicable a la anterior, por analogía, determinación la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K (10a.), establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclaman actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con los particulares respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Tampoco pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL". Sin embargo, lo cierto es que el Pleno en Materia Administrativa determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se impugna cualquier acto relacionado con la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior obedeció a que, para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete -cuando se sesionó la contradicción de tesis de la que surgió dicha jurisprudencia- no existía un criterio definido ni jurisprudencia de carácter obligatorio sobre el carácter o no de autoridad responsable de la citada Comisión; razón por la cual dicha determinación requería un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) En las relatadas consideraciones, tal como lo estimaron los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, en contra de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, debe estimarse que, al no existir jurisprudencia de aplicación obligatoria, ni criterio definido al respecto, entonces, no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de los juicios de amparo indirecto de los que derivan los recurso de queja analizados por los órganos colegiados referidos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, debe estimarse que el auto de inicio de trámite del juicio de amparo, no es el momento procesal oportuno para determinar el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el acto reclamado sea alguno relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica atribuible a la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que dicha determinación requiere un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva (.)" Sin embargo, si como señaló, la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico y estableció jurisprudencia obligatoria para todos los Plenos de Circuito, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía (incluyendo el corte de suministro en términos del contrato), razón por la cual ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), toda vez que ya no se requiere el análisis profundo ahí referido, sino únicamente aplicar la citada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precedentes de Tribunales Colegiados. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.A. 192/2017, Q.A. 193/2017, Q.A. 194/2017, Q.A. 195/2017, Q.A. 196/2017, Q.A. 197/2017 y Q.A. 198/2017, sostuvo lo siguiente: "De la cronología precisada, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha interrumpido expresamente las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 (9a.) y 2a./J. 113/2010 (9a.), que contienen un criterio similar al de la tesis aislada 2a.XLII/2015 (10a.). Es decir, siguen siendo vigentes y obligatorias, criterio en los que se establece que los actos ejercidos por la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de la prestación del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (consumidor) adquieren derechos y obligaciones recíprocas; esto es, se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación en cita, lo que implica, que tal relación no corresponde a la de autoridad y gobernado, es decir, no es una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; máxime que el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación se transforme de una relación de coordinación a una relación de supra a subordinación. En consecuencia como destacó el Juez de Distrito, la relación establecida entre la recurrente y la autoridad que la quejosa señaló como responsable, no es de supra a subordinación; pues a pesar de lo establecido en la Ley de Amparo que contempla la posibilidad de incluir a los particulares con esa calidad, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean, deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita, pueda lograr su cumplimiento coactivo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE: "Téngase por hecha la certificación de cuenta en la cual se asienta que, después de revisar el escrito de demanda de amparo recibida vía electrónica en el Módulo de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito el catorce de agosto de dos mil veinte, se advierte que, esta se presentó sin firma electrónica. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho; contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 772/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Moreno Sánchez, ya que -como se explicara más adelante- se actualizan dos causas de improcedencia notorias y manifiestas. Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que José Antonio Moreno Sánchez reclama lo siguiente: El cobro excesivo en el recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad en el periodo de facturación del veinticinco de mayo de dos mil veinte, por la cantidad de ******, como consecuencia la orden de cortar el suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en ****** en esta ciudad por la falta de pago total del recibo. Antecedentes relevantes. 1. *******, manifiesta que el diez de junio de dos mil veinte, en un cajero de la Comisión Federal de Electricidad realizó el pago por el suministro de energía eléctrica del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, percatándose que la cantidad solicitada era de *****; siendo que únicamente pagó $***** por ser ésta, aproximadamente, la cantidad que en recibos anteriores pagaba. 2. Por tanto, es usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, con medidor ******** instalado dentro del inmueble indicado en el párrafo que antecede. 3. Asimismo, manifiesta que el cobro por el suministro de dicho servicio, es excesivo y tiene el temor de que se realice el corte de energía eléctrica en su domicilio. 4. Inconforme con lo anterior, José Antonio Moreno Sánchez, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Moreno Sánchez, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la primera improcedencia del juicio de amparo. Una vez analizada dicha demanda, este Juzgador considera que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de firma electrónica del quejoso. En dichos preceptos se prevé lo siguiente: (...) Razones de la primer causa de improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3 de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este caso -como se advierte de la constancia hecha por el secretario- el promovente optó por hacerlo de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción II, 62 y 64 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente: (...) De los artículos transcritos podemos concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada -salvo que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no se requiere firma electrónica-. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo no fue firmada de manera electrónica por el quejoso José Antonio Moreno Sánchez, sino por una persona diversa, a saber, Claudia Josseline Moreno Martínez. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por el justiciable, no existe no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En efecto, al mandar su archivo electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el promovente que realizó el trámite correspondiente no firmó electrónicamente. (...) Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal señaló que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. (...) Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, en este asunto este Juez de Distrito opta por seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) es claro que la demanda carece de firma electrónica y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por el directo quejoso, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. Fundamento de la segunda causal de improcedencia del juicio de amparo. No obstante lo anterior, en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo [interpretados en sentido contrario], que a continuación se transcriben: (...) Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, pues aun cuando se aduzca una violación a derechos humanos, la eficacia horizontal de estos puede analizarse en vías ordinarias para conflictos entre particulares. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados por la parte quejosa no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la promovente acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a reclamar actos relacionados con ese servicio que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. (...) Entonces, tenemos que si los actos reclamados se relacionan con la prestación de dicho servicio de suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. (...) En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; máxime que no tiene facultades para exigir coactivamente el cobro de sus tarifas por los servicios que presta. Así las cosas, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por José Antonio Moreno Sánchez. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [copia del acto reclamado] que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que concluir la improcedencia del juicio de amparo no se requieren mayores; máxime que existe jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente aplicable que resuelve ese tema. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por esa razón, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), en la que la propia Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante lo anterior, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si con posterioridad la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo sendas jurisprudencias como las 2a./J. 156/2017 y 2a./J. 30/2018, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría los criterios establecidos recientemente. Resulta aplicable a la anterior, por analogía, determinación la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K (10a.), establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclaman actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con los particulares respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Tampoco pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL". Sin embargo, lo cierto es que el Pleno en Materia Administrativa determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se impugna cualquier acto relacionado con la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior obedeció a que, para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete -cuando se sesionó la contradicción de tesis de la que surgió dicha jurisprudencia- no existía un criterio definido ni jurisprudencia de carácter obligatorio sobre el carácter o no de autoridad responsable de la citada Comisión; razón por la cual dicha determinación requería un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) En las relatadas consideraciones, tal como lo estimaron los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, en contra de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, debe estimarse que, al no existir jurisprudencia de aplicación obligatoria, ni criterio definido al respecto, entonces, no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de los juicios de amparo indirecto de los que derivan los recurso de queja analizados por los órganos colegiados referidos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, debe estimarse que el auto de inicio de trámite del juicio de amparo, no es el momento procesal oportuno para determinar el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el acto reclamado sea alguno relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica atribuible a la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que dicha determinación requiere un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva (.)" Sin embargo, si como señaló, la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico y estableció jurisprudencia obligatoria para todos los Plenos de Circuito, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía (incluyendo el corte de suministro en términos del contrato), razón por la cual ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), toda vez que ya no se requiere el análisis profundo ahí referido, sino únicamente aplicar la citada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precedentes de Tribunales Colegiados. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.A. 192/2017, Q.A. 193/2017, Q.A. 194/2017, Q.A. 195/2017, Q.A. 196/2017, Q.A. 197/2017 y Q.A. 198/2017, sostuvo lo siguiente: "De la cronología precisada, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha interrumpido expresamente las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 (9a.) y 2a./J. 113/2010 (9a.), que contienen un criterio similar al de la tesis aislada 2a.XLII/2015 (10a.). Es decir, siguen siendo vigentes y obligatorias, criterio en los que se establece que los actos ejercidos por la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de la prestación del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (consumidor) adquieren derechos y obligaciones recíprocas; esto es, se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación en cita, lo que implica, que tal relación no corresponde a la de autoridad y gobernado, es decir, no es una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; máxime que el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación se transforme de una relación de coordinación a una relación de supra a subordinación. En consecuencia como destacó el Juez de Distrito, la relación establecida entre la recurrente y la autoridad que la quejosa señaló como responsable, no es de supra a subordinación; pues a pesar de lo establecido en la Ley de Amparo que contempla la posibilidad de incluir a los particulares con esa calidad, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean, deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita, pueda lograr su cumplimiento coactivo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo."

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