José Antonio Morales Serna
Expediente 1612/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/12/2016
Partes del expediente
- José Antonio Morales Serna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho enviado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de seis de los actuales. Acúsese recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, al tenor de la comunicación de cuenta y sus anexos, se tiene por hecha la notificación de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva, el original de dicha incidencia es susceptible de destrucción. El duplicado de dicho expediente es susceptible de destrucción. GIRA DESPACHO PARA NOTIFICAR A QUEJOSO. Finalmente, considerando que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, con apoyo en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Rio, Querétaro, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional y de conformidad con los artículos 278 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, notifique el presente proveído, al quejoso en el lugar de su reclusión, debiendo hacer entrega de copia autorizada de este auto y de los oficios que se acuerdan. Hágase saber, que se otorgan facultades amplias para diligenciar la comunicación oficial aludida y con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se autoriza habilitar días y horas inhábiles para que se realice la diligencia ordenada en el párrafo que antecede. Notifíquese; personalmente por despacho a la parte quejosa en el centro de reclusión donde se encuentra interno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho enviado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de quince de los actuales. Acúsese recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, al tenor de la comunicación de cuenta y sus anexos, se tiene por hecha la notificación de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
AGREGA DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho enviado a fin de notificar a la parte quejosa el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso. Acúsese recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, al tenor de la comunicación de cuenta y sus anexos, se tiene por hecha la notificación de mérito, para los efectos legales conducentes. AGREGA OFICIO. Por otra parte, téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual envían las constancias que les fueron solicitadas en veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, y al efecto remiten copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en los autos del recurso de revisión 103/2015. ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de las constancias remitidas por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro y el Director del centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, como representante y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, se advierte que se ordenó el traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, tal como se desprende del oficio SG-E060-10271-J/2011. Asimismo, que el aquí quejoso promovió juicio de amparo contra la resolución de cinco de marzo de dos mil trece, que contiene la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro al Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo, cuyo amparo se le concedió, entre otros efectos, para que el aquí quejoso fuera trasladado de Centro de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo al centro de reclusión en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado, esto es al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, sentencia que fue confirmada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, dentro del recurso de revisión 103/2015. Documentales que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, de los informes justificados, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que se realizaron los tres traslados; por tanto, de conformidad al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de traslado al Centro de Reinserción Social de Querétaro al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro. La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro al Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo. La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. En la especie, respecto del acto reclamado precisado en el número 1), se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el impetrante estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que si el agraviado ha manifestado su conformidad con el acto de autoridad conculcador de derechos fundamentales, ya sea porque dicha conducta de aceptación se realice expresamente ante la responsable o se advierta por la forma de actuación que entrañe ese consentimiento o admisión, el juicio de amparo será improcedente, pues resulta incontrovertible que el impetrante aceptó ajustarse al acto de autoridad que posteriormente tilda de inconstitucional. Con base en esas condiciones, en el caso se actualizan los requisitos aludidos en párrafos precedentes, pues el quejoso se conformó con el acto reclamado, en virtud de que no promovió el juicio de amparo contra ese acto, sino uno posterior, por lo que se advierte que entraña su consentimiento con el primer acto que reclama relativo al traslado del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro. En consecuencia, queda claro que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro al diverso Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, no puede analizarse en esta vía constitucional, pues tal actuación ha sido consentida al haberse conformado con dicha orden, basándose en ella para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y exigir su cumplimiento, lo que entraña una aceptación, actualizándose de esta forma la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la propia ley en cita. Por otro lado, respecto del acto reclamado precisado en el numeral 2), se actualiza la causal prevista en la fracción XI del artículo 61 la Ley de Amparo, ya que se reclaman actos que fueron materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo. En efecto, el Director del Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, como representante y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, al momento de rendir su informe justificado remitió las constancias relativas a la sentencia de cinco de noviembre de dos mil catorce, dictada el Juez Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en León, dentro del juicio de amparo 751/2014-III, donde el aquí quejoso reclamó la resolución de cinco de marzo de dos mil trece, que contiene la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro al Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. De lo anterior, se concluye que el aquí quejoso ******, promovió previamente un diverso juicio de amparo en el que ya se reclamó el acto que también conforma la litis en el presente procedimiento, a saber el traslado del Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro al Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo. Así las cosas, si en la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, se resolvió sobre la constitucionalidad del acto reclamado; tal determinación hace inejercitable de modo absoluto, una nueva acción de amparo, pues considerar lo contrario, atentaría contra el principio de la cosa juzgada, dado que se otorgaría a la parte quejosa, la oportunidad de controvertir una vez más la resolución en comento, con la promoción de nuevos juicios, cuando ya tuvo ese derecho en uno previo. De esta manera, se estima actualizada la causal invocada, que impide de nueva cuenta proceder a su estudio, pues como se precisó, en el juicio de amparo 751/2014-III seguido ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, ya existe un pronunciamiento respecto del acto que aquí pretende reclamar la parte promovente, tal y como se estableció incluso en la resolución dictada en el diverso juicio al concederse el amparo y protección de la justicia federal. De tal guisa, al actualizarse la causal aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. Ahora bien, la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable- Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal perfilada con antelación, conviene tener en cuenta, que a solicitud de este órgano jurisdiccional, el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en León, remitió a este juzgado copia certificada de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, dentro del amparo en revisión 103/2015, de las que se advierte que dicho tribunal por ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia recurrida dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en León, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Antonio Morales Serna, cuyo efecto es trasladar al aquí quejoso del Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, lugar donde se encontraba anteriormente. Asentado lo anterior, es evidente que se trata de actos que emanan del citado juicio de amparo 751/2014 del índice de este juzgado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor, tal y como en la especie aconteció. Interesa resaltar el segundo caso de improcedencia previsto por la invocada fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que se refiere a actos encaminados a dar cumplimiento a una resolución que derive de un juicio de amparo, en el caso concreto, en tratándose de un fallo protector de derechos fundamentales. En este tema, debe decirse que en el caso de que la resolución materia de cumplimiento sea amparatoria, es condición indispensable para actualizar la causa de improcedencia, que en el antecedente juicio de amparo, la autoridad jurisdiccional federal haya definido el fondo del litigio planteado, sin otorgar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, de suerte que, no exista la posibilidad de que la responsable inserte nuevos razonamientos que escapen al precedente estudio ya sometido a la potestad del poder judicial federal vía amparo. En efecto, la causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Entonces, como ya se dijo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal. En consecuencia, para dar cumplimiento a dicha determinación en uno de junio de dos mil dieciséis, se realizó dicho traslado, tal como se advierte del acta administrativa de entrega-recepción de interno visible a foja 79, lo que es precisamente la materia del presente juicio que se intenta. Así, de lo expuesto se revela que en lo que concierne a la decisión materia del presente amparo, esto es, el traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Doce CPS "Guanajuato" en Ocampo al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, encuentra su apoyo en un mandato de autoridad judicial federal, que en ese rubro específico, no dota de libertad jurisdiccional a las autoridades responsables, ya que estaban constreñidos a acatar la ejecutoria de amparo en los términos ya apuntados. Entonces, se clarifica que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el amparo indirecto 751/2014, promovido por José Antonio Morales Serna. Ergo, la improcedencia de la demanda de amparo que nos concierne, surge de la necesidad de tutelar la institución jurídica de la cosa juzgada, ya que el problema jurídico ventilado en el que se ordena el traslado del aquí quejoso, ya fue dirimido en forma definitiva por diverso órgano jurisdiccional, a través de la ejecutoria del Tribunal de alzada, en cuya substanciación inclusive la aquí parte quejosa estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios de defensa para combatir dicha determinación y postular los argumentos que a su interés estimara convenientes respecto al litigio planteado, de conformidad con el artículo 202, segundo párrafo de la Ley de Amparo, mismo que no puede retomarse por esta juzgadora federal sin menoscabar la verdad legal prevaleciente merced a la decisión de la citada Superioridad. No es óbice reiterar que con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión al hoy quejoso, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a un fallo protector de derechos fundamentales, incluso por vicios propios en la ejecución, de suerte que, tales vías pueden instarse siempre que se esté en la hipótesis de procedencia correspondiente. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie las causas de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracciones IX, XI y XIII, así como 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. GIRA DESPACHO PARA NOTIFICAR A QUEJOSO. Luego, considerando que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, con apoyo en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Rio, Querétaro, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional y de conformidad con los artículos 278 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, notifique el presente proveído, al quejoso en el lugar de su reclusión, debiendo hacer entrega de copia autorizada de este auto y de los oficios que se acuerdan. Hágase saber, que se otorgan facultades amplias para diligenciar la comunicación oficial aludida y con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se autoriza habilitar días y horas inhábiles para que se realice la diligencia ordenada en el párrafo que antecede. De igual forma, se requiere a la mencionada autoridad, para que una vez que diligencie en sus términos la comunicación que se trata, la devuelva a la brevedad, solicitando sirva remitir el acuse de recibo de estilo correspondiente. Notifíquese; personalmente por despacho a la parte quejosa en el centro de reclusión donde se encuentra interno.
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