José Antonio Montes Dorantes
Expediente 360/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2018
Partes del expediente
- José Antonio Montes Dorantes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del Juicio de Amparo 360/2018, promovido por ******, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; RESULTANDO: I. Mediante escrito recibido el *****, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado, turnado a este Juzgado Federal el mismo día, compareció *****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. II. La parte peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; no señaló tercero interesado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; III.- Por auto de *****, se desechó parcialmente la demanda por la autoridad ahí precisada, dadas las razones expuestas en dicho proveído; asimismo, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, registrándose bajo el progresivo que ha quedado precisado en el Libro de Gobierno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este Juicio de Amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 52, fracción III, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, Acuerdos 3/2013 y 30/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al atribuirse actos a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, con apoyo en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; y, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. Actos reclamados: De las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades: El proceso legislativo origen de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, particularmente los numerales 90 al 110. El proceso legislativo origen de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018. La aplicación y ejecución de las citadas disposiciones legales, a razón del pago de los derechos registrales controvertidos por esta vía, a decir de la parte quejosa materializado en la factura con número de folio interno A-1039 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, expedida por la Notaría Pública Número Uno, de la demarcación territorial de Cadereyta de Montes, Qro. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos en cuanto la esfera competencial del Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, puesto que al momento de rendir su informe justificado negó haber recibido pago alguno por parte del promovente, respecto de los derechos registrales que controvierte, sin que la parte agraviada haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, tal y como lo solicita la autoridad exactora responsable, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, en lo que atañe a su intervención efectuada dentro del proceso legislativo de las normas tildadas de inconstitucionales, pues al margen de lo expresado por dichas autoridades en su informe justificado, no se puede soslayar que atendiendo a la naturaleza de los mismos, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo, de su artículo 2°, por tratarse de derecho positivo nacional y vigente. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del numeral reproducido en primer término, se desprende que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en su interés jurídico o legítimo, y por esta razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación en la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con la parte quejosa. Por otra parte, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. De igual forma, resulta pertinente señalar que si la parte quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Por su parte, del segundo precepto legal transcrito en líneas precedentes, se advierte que procede el juicio de amparo contra normas generales con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación; por tanto, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia de dicho juicio, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para reclamarlas, de lo contrario, el juicio de amparo indirecto que en contra de tales normas se promueva, resulta improcedente. Ahora bien, las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos: Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas); y, A través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas). Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa. En el caso, la parte quejosa reclama el pago de derechos registrales contenidos en los numerales 90 al 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, originados por la escritura pública número diecinueve mil doscientos cuarenta, que refiere la factura con número de folio A-1039, expedida a su favor por el Notario Público Número Uno, de la demarcación territorial de Cadereyta de Montes, Qro.; sin embargo, para acreditar el interés jurídico, necesariamente debió demostrar en forma fehaciente e indubitable que realizó el pago de la contribución que aquí se combate, para que así este juzgado estuviera en aptitud legal de emprender el estudio de su constitucionalidad en contraposición de sus argumentos; extremos que no se acreditaron en el presente juicio, ya que el quejoso no ofreció medio de prueba eficaz para demostrar a este juzgado que realmente enteró al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, concepto alguno respecto a los derechos registrales que indica en la multicitada factura que anexó a su escrito de demanda identificada con el número de folio interno A-1039 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, expedida a su favor, para que así este juzgado estuviera en aptitud legal de estudiar el acto reclamado. Lo anterior, porque la factura exhibida a pesar de estar relacionada con la escritura pública número diecinueve mil doscientos cuarenta, únicamente contiene la siguiente leyenda "T.D.", "DERECHOS CATASTRO", "R.P.P." y "R.P.P. AV. DEF."; sin embargo, dicha información resulta escasa para demostrar de forma fehaciente cuál de los numerales que en esta vía controvierte es el que le causa perjuicio; máxime que dicha documental no es apta para acreditar que el promovente realizó el pago del tributo que combate en esta vía de amparo. Documental a la que se le reitera valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que resultan ser factura que contiene los datos que corroboran su fiabilidad, como son el certificado digital y folio fiscal. Medio de prueba que, como se dijo, resulta insuficiente para acreditar la afectación a su esfera jurídica, pues si bien, se demuestra que la anotada factura se encuentra expedida a favor de la parte quejosa, no da pauta a tener por cierta la afirmación efectuada por el disidente en el sentido de que fue sujeto de aplicación de las normas que controvierte en esta vía, pues en su caso, evidencia que la parte quejosa realizó el pago de los conceptos que ahí se describen al Notario Público que la expidió, pero no que hubiese pagado a la Hacienda Pública del Estado los conceptos que en esta vía reclama. Máxime que en esos casos, el Notario no tiene una obligación solidaria en el pago de derechos registrales, como sí sucede tratándose de los impuestos municipales, al disponerlo la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado en su numeral 73. De dicha reproducción se advierte que el Notario está en posibilidad de cobrar honorarios cuando tramite una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad sede de la oficina del Notario; sin embargo, dicha legislación no contempla obligación alguna de gestionar la aludida inscripción. A ello se suma que en el Código Civil del Estado de Querétaro, en el Título Segundo, denominado "Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio", no se prevé la carga al Notario de llevar a cabo la inscripción de un acto traslativo de dominio protocolizado ante su potestad. Antes bien, se establece que se trata de una institución pública y que entre los títulos sujetos a registro, se encuentran aquellos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles. Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas en el párrafo anterior, el notario público ante quien se otorgó, dentro del plazo de vigencia del aviso preventivo, dará aviso definitivo al Registro respecto de la operación de que se trate, el que contendrá, además de los datos mencionados en el párrafo anterior, la fecha de escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado, practicará de inmediato la nota de presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia de ciento ochenta días naturales, a partir de la fecha de presentación del aviso definitivo. Si éste se presenta dentro del término establecido para el aviso preventivo, sus efectos se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior; en caso contrario sólo surtirá efectos desde la fecha y hora en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda. Si el testimonio respectivo se presenta al Registro Público dentro de cualquiera de los términos que se señalan en los dos párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra terceros desde la fecha de presentación del aviso preventivo o, en su caso, desde la fecha de presentación del aviso definitivo, con arreglo a sus números de entrada. Si el testimonio se presenta vencidos los referidos plazos, su inscripción únicamente surtirá efectos desde la fecha y hora de su presentación. [.]" De la reproducción que precede, se obtiene que, dada su naturaleza, si un documento traslativo de dominio como aquel de donde emana el pago de derechos aquí controvertido, no se inscribe en la oficina registral, no produce efectos ante terceros. Por ende, se destaca que la inscripción de dicho documento puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o bien, por el notario público que haya autorizado la escritura de que se trate, esto es, se prevé la posibilidad de que el Notario sea quien solicite la inscripción correspondiente, pero no existe obligatoriedad de realizar tal acción. Inclusive, está previsto que el notario público ante quien se vaya a otorgar el instrumento, puede solicitar al Registro Público la emisión de un certificado sobre la existencia e inexistencia de gravámenes en relación con los mismos, en cuyo caso surte efectos de aviso preventivo que a la postre se convierte en aviso definitivo con todas las implicaciones de oposición a terceros respecto del acto traslativo de dominio que se pretende inscribir; no obstante, se reitera, el Notario no tiene conferida obligación alguna en gestionar la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que versa sobre actos traslativos de dominio como la que es origen de los derechos que aquí se controvierten en esta vía constitucional. A mayor abundamiento, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los actos de particulares son aptos para demostrar la existencia de un acto de aplicación, en el caso, la aludida factura no es idónea para tal efecto, pues además de los motivos antes expuestos, incluso considerando que es apta para acreditar un acto de recaudación de normas que prevén derechos registrales; lo cierto es que la información ahí plasmada no conduce indefectiblemente a la norma aplicada, y por tanto, no es apta para demostrar el interés jurídico del impetrante, toda vez que no se advierte el concepto ni la suma recaudada, lo que no otorga certeza alguna en torno a la operación que se llevó a cabo, o bien, no especifica en qué supuesto de los establecidos en los numerales 90 al 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, se encuentra la parte quejosa. Así pues, la parte quejosa debió haber demostrado el pago referente a derechos registrales con algún medio de prueba idóneo, lo que no aconteció, ya que de la factura expedida a su nombre por el citado fedatario que adjuntó a su demanda, se advierten datos respecto al pago de honorarios y establece el monto a pagar por ellos; sin embargo, se insiste no se demuestra que la contribución prevista en las normas reclamadas haya ingresado a la Hacienda Pública del Estado de Querétaro. Por tanto, al no estar demostrado en autos el acto del que aquí se duele la parte quejosa, es inconcuso que se actualiza el motivo de improcedencia antes mencionado, previsto en el artículo 61, fracción XII, del propio ordenamiento de amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley anotada, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, este juzgador advierte como motivo de improcedencia de este juicio, con relación a la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018; el previsto en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se desprende, en lo que interesa al presente asunto, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Lo anterior, porque respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, no se encuentra demostrado que se le hubiera aplicado a la parte quejosa en la factura con número de folio **** de ****, expedido por el Notario Público Número Uno, de la demarcación territorial de Cadereyta de Montes, Qro., con el que la parte quejosa compareció al amparo. Máxime, porque no señaló artículos de dicho ordenamiento que regulen supuestos vinculados directamente con el pago de la contribución que se combate, por lo que es válido sostener que la Ley en comento no tuvo una aplicación directa en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, se impone sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que obste para lo determinado, que la factura pudiera constituir un acto de aplicación de las normas impugnadas, toda vez que no basta la existencia de un acto de aplicación, sino que éste debe causar perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, lo que en el caso, al no demostrarse fehacientemente la afectación a la esfera jurídica mediante el pago, dicho acto por sí mismo es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso. No es óbice para lo considerado, que se haya tenido por acreditada la existencia de los actos reclamados, pues ello no releva a la parte quejosa de su obligación de acreditar el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo. Por otro lado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, lo cual impone al juzgador la obligación a que de manera oficiosa indague, y en todo caso, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causa de improcedencia, cuando advierta algún indicio de alguna de éstas. También es importante señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde al quejoso acreditar que cuenta con interés jurídico para instar el juicio constitucional, a través de los medios de prueba que considere conducentes para tal fin. Así las cosas, la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, únicamente se surte para indagar la actualización de alguna causa de improcedencia, pero no para desvirtuarla, porque la sociedad está interesada en que los juicios de amparo sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, a fin de salvaguardar el orden público. En esas condiciones, al existir en un juicio de amparo indicios de que se surte alguna causa de improcedencia en el ejercicio de la acción constitucional, corresponde, por un lado, al Juez de amparo investigar, aun de oficio, su actualización, para salvaguardar el orden público y el interés social y, por el otro, al quejoso la carga de aportar las pruebas para acreditar la procedencia de su pretensión de amparo. Por lo anterior, resulta innecesario pronunciarse respecto las diversas causas de improcedencia que se hacen valer o se adviertan de oficio, ya que en nada variaría la determinación aquí tomada. "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Cabe señalar que las causas de improcedencia por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Por otro lado, conviene precisar que el análisis de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, no dejan en estado de indefensión a la parte quejosa al haberse omitido darle vista con las mismas a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Montes Dorantes, en contra de los actos y autoridades precisadas en la consideración segunda; por los motivos y fundamentos explicados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Ténganse por recibidos y agréguense a los autos los informes justificados que rinden: Legislatura del Estado de Querétaro por conducto del Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Gobernador Constitucional por conducto del Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno. Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto dela Procuradora Fiscal del Estado. Con su contenido, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley de Amparo. En relación con el domicilio que señalan, así como los delegados que designan, dígase que se estén a lo acordado en el auto admisorio. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ************, apoderado legal de Operadora Querétaro Moderno, Sociedad Anónima de Capital Variable, particular señalada como responsable, mediante el cual informa que los lugares sobre los cuales ha de versar la probanza ofrecida en autos se encuentran resguardados por personal de seguridad dependientes de la empresa de vigilancia privada "ASER", que cuenta con registro ante la Secretaria de Seguridad Ciudadana, bajo el régimen de persona física a nombre de María Ofelia Sánchez Morelos, asimismo, solicita se gire oficio a la referida empresa a efecto de que informe el domicilio y nombre de la persona que debe autorizar el acceso a los inmuebles para el desahogo de la inspección judicial pendiente de desahogo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de la materia, requiérase a María Ofelia Sánchez Morelos, en su carácter de empresa de vigilancia privada con nombre comercial "ASER", a fin de que informe el nombre y domicilio de la persona física o moral que tenga las facultades para permitir el acceso al Actuario adscrito a este Juzgado a los domicilios que se precisan a continuación: Lote 6, manzana 1, segunda etapa, Fraccionamiento el Refugio, Querétaro, Querétaro; Lote 22, manzana 12, cuarta etapa, Fraccionamiento el Refugio, Querétaro, Querétaro; Lote 150, manzana 3, segunda etapa, Fraccionamiento el Refugio, Querétaro, Querétaro; y, Parcela 83 Z-Z- P 1/1 del Ejido El Pozo. Lo anterior, con la finalidad de realizar el desahogo de la inspección judicial admitida en el presente asunto; circunstancia que deberá hacer del conocimiento de este juzgado dentro del plazo de tres días contado a partir del día en que reciba el oficio que derive de este acuerdo. Bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo, se le impondrá una multa por la suma equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo; en ese sentido, se le remite copia del escrito en el cual se advierten los domicilios en los cuales deberá desahogarse la prueba en mención. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, en cuanto a la solicitud del promovente de requerir a Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado Sociedad Anónima de Capital Variable, para efecto de que permita el acceso a los domicilios a inspeccionar, dígasele que este a lo acordado en auto de quince de marzo del año en curso. Sin que pase inadvertido, que en el escrito de cuenta la promovente hace mención entre otros al Lote 150, manzana 12, segunda etapa, fraccionamiento El Refugio, Querétaro; sin embargo, se hace la aclaración que los domicilios correctos son los precisados en párrafos precedentes, en virtud de que así se precisan en el escrito por medio del cual la particular responsable amplió la prueba de inspección. Notifíquese y por oficio a **************, en su carácter de encargada y /o propietaria de la empresa de vigilancia privada con nombre comercial "ASER".
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