José Antonio Méndez González

Expediente 72/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
72/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Méndez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva y se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez de Partido Civil especializada en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, un tomo de pruebas que allegó a su informe de ley, toda vez que resulta innecesaria su retención.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 72/2021, promovido por *******; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, ***** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Partido Civil, residente en Comonfort, Guanajuato y otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de nueve siguiente, se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción. En diverso de seis de abril de dos mil veintiuno se mandó emplazar a las terceras interesadas, ***** y ***** (actoras) por conducto de la autoridad responsable (las constancias respectivas fueron acordadas el veintiuno siguiente). TERCERO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados son ejecutables en la ciudad de Comonfort, en la que ejercer jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisará el acto reclamado. El quejoso reclama expresamente "el ilegal auto emitido en el expediente civil número **** mediante el cual ordena el remate de segunda almoneda, del bien inmueble ubicado en finca urbana número ****** y "la ejecución material de las ordenes giradas por la primera autoridad responsable." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que no existe el auto referido; es decir, no se ha emitido ninguna orden para rematar el predio. No obstante, de la lectura integral de la demanda, se advierte que su queja gira en torno a que se le pretende privar del inmueble "que yo poseo desde hace más de 30 años y de este acto de autoridad se viola en mi perjuicio el artículo 14", además de que "jamás fui oído y vencido en juicio por los demás partícipes, todo ello en razón a que hasta el día de hoy me enteré de dicha situación a la que mis hermanos son autores, pues es mi único lugar donde vivo y he vivido toda mi vida, pues si me llegaran a lanzar o privar de mi propiedad, sería un daño irreparable por alguna autoridad" Lo anterior permite advertir que se ostenta tercero extraño al procedimiento de origen, por lo que el acto que se debe tener como controvertido es, la falta de llamamiento o en su caso, el llamamiento ilegal al juicio **** del índice del Juzgado de Partido Civil, con sede en Comonfort, Guanajuato, así como los actos tendientes a ejecutar la sentencia ahí dictada, relacionados con el predio sobre el que dice tener derecho. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El coordinador de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, expresó que "no son ciertos los actos reclamados (.) ya que no se encuentra alguna ejecución material de orden giradas por parte de la Jueza del Juzgado de Partido Civil y Especializado en Materia Familiar de esta ciudad". Su afirmación corroborada con las constancias del procedimiento, permiten advertir que no se desprende su participación. Además, sus atribuciones son únicamente de naturaleza administrativa. Es aplicable por identidad jurídica, la parte conducente de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." En esa medida, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de actos atribuibles a dicha autoridad, se sobresee en el presente juicio respecto de ella. CUARTO. Existencia de actos. La jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de un juicio sobre terminación de copropiedad, en cuya sentencia se ordenó la venta del inmueble, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. De ahí que se tiene como tal para resolver. QUINTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil **** del índice del Juzgado Civil de Partido, con sede en Comonfort, Guanajuato, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: Las terceras interesadas, *****, por su propio derecho y como apoderada legal de *****, entre otros, demandaron al quejoso la acción de terminación de copropiedad del inmueble identificado como finca urbana número ***, de *****en Comonfort, Guanajuato. En auto de veintitrés de junio de dos mil veinte se radicó la demanda y se mandó emplazar al aquí quejoso, quien fue llamado en diligencia de veintiséis de junio de dos mil veinte, entendida con él. En escrito de nueve de julio de dos mil veinte, el quejoso, ***** presentó escrito de contestación, al que recayó el acuerdo de diez siguiente en el que se le tuvo contestando en tiempo y forma la demanda. El aquí promovente participó en el procedimiento, presentando entre otros, escrito en el que designó perito para el desahogo de la experticial ordenada en autos, así como uno diverso en el que ofreció pruebas testimonial e inspección; además , se desahogó a su cargo la prueba confesional por posiciones. Finalmente, el siete de enero de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción. En lo que interesa, se resolvió: "Tercero. La pretensión de terminación de copropiedad ejercida por ***** y *****, por propio y derecho, la primera además como apoderada legal de *****, resultó procedente. Las excepciones opuestas por los demandados resultaron improsperantes. En consecuencia, es procedente la terminación de la copropiedad que actualmente existe respecto del bien inmueble consistente en la finca urbana número **** ****** de Comonfort, Guanajuato. Luego, se ordena su venta y repartición del precio entre los interesados, salvo el derecho del tanto que pretenda ejercitar algún copartícipe, el cual deberá realizar dentro de quince días siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución." En auto de cuatro de febrero del presente año, se tuvo al quejoso revocando el mandato judicial a quienes había designado primigeniamente. En ese mismo proveído, se declaró que la sentencia causó ejecutoria, sin que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprendan actuaciones posteriores tendentes a ejecutar el fallo. SEXTO. Improcedencia. De los antecedentes narrados, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el acreditamiento de la calidad de "tercero extraño", cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En correlación con ese numeral, el diverso 107, fracción VI, reza: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De las interpretación conjunta de las disposiciones transcritas, se desprende que opera la improcedencia del juicio constitucional cuando quien acude al amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño, pero ha tenido intervención en el juicio natural, carece de esa calidad. Lo anterior, porque la persona extraña, para efectos de lo establecido en la fracción VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo, es quien no ha figurado en el juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio, sin haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. También lo es quien siendo parte en dicho juicio o procedimiento, no fue emplazado o fue incorrectamente llamado a juicio. Así lo aclaró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 7/98, consultable en la página 56, del Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De ahí que, con independencia de la legalidad o ilegalidad de los actos que reclame la parte quejosa, si compareció, tuvo intervención en el juicio respectivo, o bien, conoció la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado, con antelación a los plazos legales, aunque no haya comparecido a aquél, ello hace que pierda la calidad de tercero extraño con la que pretenda ostentarse, y por ende, que el juicio de amparo que promueva resulte improcedente. Así lo hizo ver el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción de tesis, P./J. 39/2001, registro IUS 189916, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 93 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Luego, si el promovente se ostenta tercero extraño al juicio; sin embargo, de los antecedentes narrados, se advierte que se apersonó al juicio y participó en él, contestando la demanda, ofreciendo y desahogando pruebas, se desvirtúa la calidad de ajeno al procedimiento, cuyo concepto ya fue desarrollado en la premisa normativa de este fallo, en el sentido de que basta que el promovente del amparo se integre a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En las condiciones apuntadas, es decir, en razón de que el aquí quejoso se apersonó al juicio de origen, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario acorde con la jurisprudencia transcrita en este fallo. Por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63, del cuerpo de leyes invocado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero y sexto.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de los corrientes, se requirió a la autoridad responsable, jueza de Partido Especializada en Materia Familiar, residente en Comonfort, Guanajuato, para que emplazara a los terceros interesados **** y a *** por propio derecho; la primera, además, como apoderada legal de **** (parte actora en el juicio de origen), reconocidos en ese proveído, sin que a la fecha hayan sido allegadas las constancias respectivas. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y, en su lugar, se señalan las catorce horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el oficio que suscribe la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar, residente en Comonfort, Guanajuato. Téngasele rindiendo informe justificado y adjuntando diversas constancias que integran parte del juicio ordinario civil 115/2020 sobre terminación de copropiedad, del que emana el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de él en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias exhibidas, se desprende que, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceras interesadas a ** y a ** por propio derecho; la primera, además, como apoderada legal de **. Todas como parte actora en el juicio de origen. Por tanto, como los actos reclamados emanan de un procedimiento judicial, acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento a juicio en el último domicilio procesal señalado para recibir notificaciones en el expediente subyacente, por conducto de la jueza responsable, lo que deberá hacer en un plazo que no exceda de tres días. En el entendido de que si señalaron los estrados o alguna dirección electrónica, en esa forma deberá practicarse su emplazamiento. Deberá correrles traslado con copia del escrito inicial de demanda y del auto admisorio, además, requerirles para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Una vez practicada la diligencia encomendada, deberá remitir las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se requiere a la responsable para que, en el mismo plazo, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de origen, incluidas las actuaciones posteriores a la sentencia de fondo, entre las que destaca el acto reclamado (auto que ordena remate en segunda almoneda, del bien inmueble en conflicto). Se apercibe a la autoridad responsable de que se trata, que, en caso de no cumplir con lo mandado, se le impondrá una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo.

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