José Antonio Martínez Maldonado

Expediente 1012/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1012/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Martínez Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de las constancias que le fueron remitidas para la sustanciación del recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve e informa que se admitió el mencionado medio de impugnación bajo el número 247/2019.

  2. Principal

    Visto el ocurso presentado por el quejoso *********** , mediante el que promueve recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo (dictado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve); de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese una copia al sumario para que obre como legalmente corresponda. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimosexto Circuito, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo ***.

  3. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por ********* en contra de actos del encargado de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 123, Apartado B constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 1012/2019-V. Desechamiento En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como actos reclamados, sendos oficios sin fecha suscritos respectivamente por el director de personal adscrito a la Oficialía Mayor y por el encargado de la Oficialía Mayor, ambos de la Presidencia Municipal de Celaya, por virtud de los cuales -con motivo de la petición formulada por escrito en data dieciséis de agosto de dos mil diecinueve-, se le requirió al quejoso diversa información relacionada con su empleo como elemento de la policía municipal de Celaya, Guanajuato; y determinaron que su solicitud de pensión jubilatoria por años de servicio es improcedente, en virtud de que es un oficial de policía municipal perteneciente a los cuerpos de seguridad pública, por lo cual no posee el carácter de empleado previsto en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato; que el promovente debía ajustarse a las disposiciones que le regulan como miembro de las fuerzas de seguridad pública. Precisión de actos que también encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en sendos oficios sin fecha suscritos respectivamente por el director de personal adscrito a la Oficialía Mayor y por el encargado de la Oficialía Mayor, ambos de la Presidencia Municipal de Celaya, por virtud de los cuales le requirió diversa información relacionada con su empleo como elemento de la policía municipal de Celaya, Guanajuato; y determinaron que su solicitud de pensión jubilatoria por años de servicio es improcedente por las razones expuestas y que el promovente debía ajustarse a las disposiciones como miembro de las fuerzas de seguridad pública; actos en contra de los cuales previo a la promoción del presente juicio, debió promover el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de las referidas determinaciones, de conformidad con los artículos 226, 227, 234, 235 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura íntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aquí reclamados, encuadran en tales hipótesis, pues los oficios sin fecha suscritos por el director de personal adscrito a la Oficialía Mayor y por el encargado de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal de Celaya, se fundamentaron en los artículos, entre otros, 8, 182 y 184 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en el numeral 10 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya; es decir, son impugnables a través de los medios ordinarios de defensa aludidos en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, el peticionario de amparo debió interponer optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinación contenida en los oficios reclamados, se fundamentó en el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios, así como en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya (foja 9); asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del escrito de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona la interpretación de los fundamentos que se citaron en los oficios reclamados, con lo cual queda de manifiesto que no solo aduce violaciones a la constitución, sino también expresa motivo de disenso de legalidad. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por José Antonio Martínez Maldonado, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se le tiene designando como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Angélica Rosales Cruz, Juan Francisco Ramírez Morales y Diego Armando Barrientos Hernández, toda vez que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las persona que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); por tanto, se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Asimismo, se tiene designando como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle Nicaragua número ciento dos, colonia Latinoamericana, en esta ciudad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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