José Antonio Manuel Huerta

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Manuel Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    .... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria virtual de quince de abril de dos mil veintiuno, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja instado por José Antonio Manuel Huerta, por propio derecho, contra el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 111/2021, en términos del Considerando Quinto de esta resolución." En atención a lo anterior y como lo solicita la Superioridad oficiante acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; ...Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. .... Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento a este Juzgado el contenido del acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de queja 25/2021. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal de Alzada oficiante respecto de dicho medio de impugnación. ...

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. De conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/12/2021, de veinte de febrero de este año, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación; con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", se provee lo siguiente: Ténganse por recibida la demanda promovida por José Antonio Manuel Huerta, contra actos de la SecretarÍa de Gobernación de la República Mexicana y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 111/2021-II. Improcedencia. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción anterior se obtiene que este juzgador está obligado a analizar el escrito inicial de demanda; asimismo, si advierte causa manifiesta e indudable, a desecharla de plano, lo que en el caso ocurre, en atención a lo siguiente. Un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos que se anexan a los mismos. .. Pues de su lectura, como primer aspecto relevante a destacar, se advierte que fueron emitidas, tomando como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, en la que, como quedó indicado en los párrafos anteriores, se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselas a la autoridad judicial; lo que conlleva a que las autoridades administrativas ya no tengan competencia propia para ordenar los traslados, sino que éstos deben ser autorizados por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se estaría frente a actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Circunstancia que se materializó con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que de su contenido, como también quedó reseñado en los párrafos anteriores, se aprecia la creación de un procedimiento judicial para autorizar, controlar y verificar la legalidad de los traslados, destacando de éste que la regla general es la autorización judicial previa en esos actos, y excepcionalmente en casos urgentes, esa autorización será posterior, esto es, que la autoridad administrativa ordenará y ejecutará el traslado para posteriormente solicitar a la autoridad judicial su validación, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa; además de prever la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial para combatir ese traslado. Por otro lado, debe señalarse, que los criterios reseñados atienden a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación de ejecución penal en comento, donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial, en donde, ante la falta de normatividad especial sobre la materia, se consideró pertinente la procedencia del juicio de amparo para controlar la constitucionalidad de tales actos. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) haya sido publicada con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación especial, esto es, en noviembre de dos mil dieciséis, ya que de la lectura de los razonamientos expuestos al resolver la Contradicción de tesis 154/2016, que dio origen a dicho criterio, no se aprecia que los mismos hayan dirimido una problemática atendiendo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino a una cuestión que surgió con anterioridad a la vigencia de ésta. Adicionalmente, debe expresarse que tampoco se opone a lo anterior, el hecho de que, con base en los criterios antes reseñados y el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se haya considerado a la orden de traslado como un acto emitido fuera de procedimiento judicial. Pues como quedó señalado, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cambió la naturaleza del referido acto reclamado, y a consideración de órgano jurisdiccional, no actualiza ninguna de las hipótesis contempladas en el mencionado precepto para que se considere como asunto urgente, y por ende, se provea a su inmediata tramitación. Máxime que el numeral 48 del Acuerdo en cita, constituye una disposición de carácter administrativo que regula el actuar de los servidores públicos adscritos a las oficinas de correspondencia común, por lo que la calificación de un asunto como urgente para su turno, sólo tiene como efecto su atención oportuna; pero no restringe ni influye en el trámite legal que le corresponde conforme a la facultad de análisis jurídico exclusiva de los órganos jurisdiccionales. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión de los ahora quejosos; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Similar criterio fue abordado en la queja 46/2020, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación. Juicio en línea. ... Notifíquese.

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