Jose Antonio Lara Martinez

Expediente 1289/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1289/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Lara Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    ... El estado procesal de autos y de la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto evidencia que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace las indicaciones siguientes. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad; se provee lo siguiente: Radicación. Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio Lara Martínez, contra actos de la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, con residencia en Atlacomulco, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, bajo el número 1289/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente éste se hace consistir en: La resolución dictada el dos de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 1309/2020, en el que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, resolvió el recurso de revocación, en el que se le apercibe al quejoso con una multa de veinticinco unidades de medida y actualización diaria. Desahogo de las pruebas periciales en trabajo social y psicología. Ahora bien, tocante al acto reclamado señalado con el inciso a), consistente en la resolución dictada el dos de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 1309/2020, en el que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, resolvió el recurso de revocación, en el que se le apercibe al quejoso con una multa de veinticinco unidades de medida y actualización diaria; este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, párrafo cuarto, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Del precepto transcrito, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Así como la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad futuros; por tanto, debe probar de manera inminente que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se llevará a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de promover juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que se ejecuta el acto reclamado y que debe ser en forma personal y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, toda vez que el quejoso en el capítulos de conceptos de violación del acto reclamado refirió lo siguiente: "En el recurso de revocación se le planteó como agravio el relativo a que nunca motivó ni dio razón específica del porqué apercibió al suscrito con imponer una MULTA DE VEINTICINCO UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN DIARIA sin dar explicación puntual del porqué necesariamente debe ser esa cuantía y no una inferior a 25 UMAS, dejando al suscrito en indefensión al respecto, sin que pase desapercibido lo declarado por la responsable al decir que se considera suficiente dicha medida atendiendo a las características del caso específico y en relación a las consecuencias de la incomparecencia a efecto de que se administre justicia pronta la cual se vería menoscabada si no existiera. tales medios de apremio. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: ... Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el quejoso que en caso de que se le aplicará la multa con la que lo conminó el Juez responsable, se vería menoscabada si no existiera, tales medios de apremio; lo anterior se considera que dicho suceso aún no existe, pues no es un acto cierto e inminente contra el quejoso, ya que depende de la conducta procesal que adquiera. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo en lo atinente al acto reclamado ya precisado, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la interlocutoria dictada el dos de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 1309/2020, en el que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación, en el que se apercibe al quejoso con una multa de veinticinco unidades de medida y actualización diaria, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues se considera que dicho suceso aún no existe, dado que no es un acto cierto e inminente contra el quejoso, pues dicha medida de apremio depende la conducta procesal que adopte el quejoso, En este contexto, quien ahora resuelve considera que dicha medida de apremio que el Juez le impuso al quejoso, aún no se ha llevado a cabo y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que el promovente del amparo tenga la certeza de que existe algún acto tendente de ejecución, determinaciones que en su momento le cause perjuicio al quejoso en su esfera de derechos. En efecto, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, con registro digital 2010813, cuyo rubro y texto es el siguiente: ... Tocante al segundo acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en el desahogo de las pruebas periciales en trabajo social y psicología; se advierte que se actualiza el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 62, de la Ley de Amparo, advirtiéndose que se actualiza la establecida en la fracción XI, del artículo 61, del mismo ordenamiento legal, en relación con su fracción X. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción anterior; [.] De esas fracciones se desprende que para que opere la causa de improcedencia en él contenida, se deben reunir los requisitos siguientes: 1. Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y, 2. Que los juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior se robustece, toda vez que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 143/2021-IV, promovido por José Antonio Lara Martínez, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, con residencia en Atlacomulco, y otras autoridades, de quien reclamó el desahogo de las pruebas periciales en materia de psicología y en trabajo social sobre el quejoso, y su ejecución. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: ... Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 143/2021-VI, así como en el que se actúa, a saber, 1289/2021-IV, del índice de este órgano de control constitucional, existe cosa juzgada, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable, a la que en ambos asuntos se reclama la ejecución consistente en el desahogo de las pruebas periciales en trabajo social y psicología, ordenado en el expediente 1309/2020, y tramitado ante el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, con residencia en Atlacomulco. Corolario a lo anterior es el hecho de que en el juicio de amparo 143/2021-VI, el quejoso interpuso recurso de revisión, a quien por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual confirmó la sentencia dictada por este juzgado federal, donde se determinó negar el amparo y protección de la justicia de la unión. Por ello, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el quejoso se inconforme de la ejecución del mismo acto reclamado que ya fue combatido previamente en el diverso juicio de amparo 143/2021-VI, del índice de este Tribunal Federal; bajo esas circunstancias se constituye la figura de cosa juzgada, actualizándose con ello la causa de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo ordenamiento legal. Conforme a las anteriores consideraciones, resulta incuestionable que la referida causa de improcedencia se actualiza, pues los actos reclamados en este juicio ya fueron motivo de análisis en diverso, existiendo en relación con los mismos la cosa juzgada, de tal manera que ni este juzgado, ni alguna otra autoridad jurisdiccional puede pronunciarse nuevamente acerca de lo decidido de manera jurisdiccional en definitiva. Esto es así, porque no se debe soslayar que la finalidad que se busca en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la Constitución, relativo a la seguridad jurídica, lo cual conduce a tenerla como causa de improcedencia de la demanda de amparo, en términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo ordenamiento legal. Encuentra apoyo la anterior determinación en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 91, Materia Común, Volumen 181-186, tercera parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: ...Datos que se obtuvieron del Libro de Gobierno de Juicios de Amparo y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cual genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dichas herramientas pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 10. ... En consecuencia, con fundamento en los artículos 62, y 61, fracciones XIII, XI y X, en relación con el diverso 5o., fracción I, párrafo cuarto, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla del derecho a un recurso efectivo, sin embargo ello no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. En esas condiciones, se estima que el derechohumano de acceso a la justicia no debe entenderse en el sentido de dejar sin efectos las exigencias de procedencia y admisibilidad que rigen el juicio de amparo, en específico, los previstos en el ordinal 116 de la ley de la materia ya que para la correcta función de la administración de justicia, el Estado debe establecer presupuestos de procedencia que no pueden ser soslayados por la mera invocación de dichos derechos. Sustenta lo aducido, la jurisprudencia 1a.J.10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 487, que dispone: ... Señalamiento de Domicilio. Toda vez que la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico con el usuario "OmarZD", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del presente expediente; asimismo, notifíquese a la parte quejosa vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto, conforme a las reglas previstas en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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