José Antonio Islas García

Expediente 887/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
887/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • José Antonio Islas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V) Toluca, México; diez de julio de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 15), por la que se sobreseyó, en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; glósese el original del incidente de suspensión correspondiente. Por lo que hace al duplicado, resguárdese en el interior de la Secretaria V, de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Así las cosas, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues, mediante auto de veinte de junio del año en curso (foja 15), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse negado la suspensión de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo General, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Liliana Lozano Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    I.-R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por quejosos Zeferino Juan Vidal Tadeo; Pedro Ignacio González Tadeo; Fausto Huerta Díaz; Domingo Odilón Zetina De la Rosa; Benigno José Cortina Peña; Lorenzo Jacinto Cortina Peñaloza; Juan Cirilo Cortina Peñaloza; Vicente Arnulfo Cortina Peñaloza; Josefina De la Rosa Villanueva; Mario Hernández García; Tomasa Concepción Hernández Lima; Vicente Bonifacio Hinojosa Colín; J. Luis Hinojosa Morán; Diego Huerta Alvarado; Felipe Huerta Campos; Juan Félix Huerta Hernández; Ana María Candelaria Martell González; Bartola Refugio Martínez Linares; Francisca Martínez Martínez; Lucio Sánchez Meza; Vicente Tadeo Martínez; Gunegunda Tadeo Morales; Cándida Juliana Tadeo Villegas; Martina Vidal De la Rosa; Carlos Villegas Castillo; Delfino Julían Villegas Flores; Marcelo Antonio Villegas Reyes; Irma Leonor Zetina De la Rosa; Gabriel Zetina Nava; y, Luis Zetina Villanueva; contra las autoridades, los actos reclamados y por los motivos referidos en la presente sentencia.

  3. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la abogada Dictaminador adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de México, como autoridad vinculada al cumplimiento en el expediente 518/2016 del índice del juzgado responsable, señala domicilio, delegados y solicita copias certificadas. De conformidad con el artículo 9º de la ley de la materia, téngase como delegados de la referida autoridad a las personas mencionadas. Asimismo, en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el diverso 305 del código adjetivo citado, téngase como domicilio de la responsable el que señala. Con fundamento en el artículo 278 expídanse las copias que solicita. Es menester señalar los puntos a., b., c., d., e., f. y g., de la concesión del amparo -confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito-: a. Haga ya efectivo al quejoso, un arresto inconmutable por treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 1.124 fracción V del Código de Procedimientos Civiles y suspenda el régimen de convivencia decretado en la referida audiencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en caso de que el quejoso no entregue inmediatamente a la menor a su progenitora. b. Gire oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para que se avoque a la investigación de un posible hecho delictuoso y remita los resultados de dicha investigación. c. En caso de que el quejoso no permita el acceso o se oponga a cualquier diligencia, ordene el rompimiento de cerraduras y un cateo en su inmueble, a efecto de que se avoque a la búsqueda de la menor y gire oficio al Procurador General de Justicia del Estado de México, para que auxilie al funcionario en la práctica de dichas diligencias; asimismo, gire oficio al jefe de la mesa directiva para que permitan el acceso al personal de actuaciones, y en caso de negativa de los vigilantes, se hagan acreedores a una multa de cien veces el equivalente a la unidad de medidas y actualización, sin perjuicio de ponerlos a disposición del Ministerio Público por desacato a la autoridad. d. Asimismo, en el sentido más amplio de protección a la menor Danna Camila García Gayosso, ordene que la referida menor, sus progenitores José Rodrigo García Bringas e Iriany Gayosso Figueroa; sus abuelos paternos Jorge García Mendoza y Pilar Bringas Saavedra; abuela materna Erika Figueroa y tía de la progenitora Sagrario del Pilar Castillo Figueroa; conjunta o separadamente, reciban terapias psicológicas, con enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a la menor, en todos los aspectos. e. De no llevar a cabo lo señalado en el inciso que antecede, haga efectivas las medidas necesarias a los progenitores de la menor, José Rodrigo García Bringas e Iriany Gayosso Figueroa, a sus abuelos paternos Jorge García Mendoza y Pilar Bringas Saavedra, a su abuela materna Erika Figueroa y a su tía de la progenitora Sagrario del Pilar Castillo Figueroa; incluyendo en su caso la imposición de hasta por treinta y seis horas de arresto, como lo señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, la suspensión o perdida de la guarda y custodia, por parte de los progenitores, conforme el artículo 4.102, fracción III, del Código Civil, ambos del Estado de México, para evitar que se sigan cometiendo contra la menor Danna Camila García Gayosso, violaciones manifiestas de la ley, que la vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerle jurídicamente sus derechos humanos. f. Una vez rendidos los dictámenes periciales en materia de psicología y trabajo social, se pronuncie en definitiva sobre la guarda y custodia de la menor Danna Camila García Gayosso y al régimen de convivencias al que tienen derecho los padres. g. Que todo lo anterior, lo haga del conocimiento a la Subprocuraduría Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien le dio trámite a la carpeta de investigación TOL/TOL/DEP/057/062049/16/09, iniciada por el quejoso el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis; para evitar que se sigan cometiendo contra la menor, violaciones manifiestas de la ley, que la vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerle jurídicamente sus derechos humanos. En ese orden de ideas, es de vital importancia recordar el interés superior de la menor, el principio de no discriminación, el derecho de opinar en todos los asuntos que le afectan, que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, su derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, a que no se le deje sin defensa, no obstante su condición de menor de edad. Es aplicable la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes cuatro de diciembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época, con número de registro 2010602, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir puntualmente las ejecutorias dictadas. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), publicada en la página 11, del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, materia común, Décima Época, con número de registro 2007914, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

  4. Incidental

    II.- Visto el oficio de cuenta por medio del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, informa que en proveído de veinticuatro de mayo del presente año, se tuvo por presentado el recurso de apelación, hecho valer por el quejoso Fernando Miranda Villafuentes, en contra del auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo del presente año, por lo que una vez integrado, remitió los autos originales de la carpeta administrativa 99/2016, así como las videograbaciones al Tribunal de Alzada, quien por razón de turno, le correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México; señalando que el auto recurrido fue dictado en cumplimiento de una ejecutoria de Amparo, de la cual no existe constancia alguna donde la Autoridad Federal haya tenido por cumplida, por tanto, una vez comunique que ha tenido por cumplida la misma, se remitirá de nuevamente al Tribunal de Alzada en cita, la carpeta administrativa que nos ocupa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de dicha circunstancia.

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