José Antonio Islas García
Expediente 1258/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/09/2017
Partes del expediente
- José Antonio Islas García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III.- Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 de Toluca, Estado de México, solicita se permita el acceso del presente expediente al perito Enrique Javier Chávez Campos, a fin de que rinda el dictamen correspondiente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósese a los presentes autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes, sin que se acuerde de conformidad lo solicitado, toda vez que en el presente asunto, por auto de dos de mayo de dos mil dieciséis (foja 16), causó estado el diverso proveído de diecinueve de abril del citado año (foja 14), en el que se tuvo por no presentada la demanda, asimismo, por diverso acuerdo de nueve de mayo del año próximo pasado, se ordenó el archivo del asunto (foja 17). Aunado a lo anterior, la oficiante no justifica el por qué de la necesidad de que el experto en cuestión tenga acceso al expediente en que se actúa, pues la parte quejosa en el presente asunto lo fue Teresa Margarita Balbuena Mejía, quien se ostentó como representante de Felipe Ortega, persona que se encuentra en aptitud de recoger los documentos exhibidos en el sumario por estar concluido. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger el documento que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá ser depurado y en su momento destruido junto con éste. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la peticionaria de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 6 a 7), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, México; siete de septiembre de dos mil diecisiete. El estado procesal de los autos evidencia que mediante proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 379 a 381), se ordenó el emplazamiento por medio de edictos del tercero interesado Luis David Ordoñez Salas; realizándose la última publicación de los edictos el veintiuno de julio de la anualidad cursante (foja 409); por lo que el plazo de treinta días previsto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que compareciera por sí, por apoderado o por gestor que pudiera representarlo ante este órgano de control constitucional, a apersonarse al presente juicio de amparo, ha fenecido sin haber dado cumplimiento. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por debidamente emplazado al tercero interesado Luis David Ordoñez Salas; asimismo, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que deberán ser personales por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional, hasta en tanto acuda a este órgano de control constitucional a señalar nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito. Es aplicable al caso la tesis III.4o.A.3 K, con número de registro 169889, visible en la página 2364 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL TÉRMINO PARA QUE COMPAREZCA A JUICIO DEBE COMPUTARSE EN DÍAS HÁBILES. Conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, para el caso de que deba emplazarse al tercero perjudicado y se desconozca su domicilio, el Juez Federal debe ordenar la primera notificación por medio de edictos, la que se practicará conforme al precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual determina que el plazo de treinta días que aquél tiene para comparecer a juicio, se contará a partir del día siguiente al de la última publicación. Ahora bien, para determinar si dicho plazo se computa en días naturales o hábiles, debe recurrirse al artículo 24, fracción II, en relación con el diverso numeral 23, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, respectivamente, que en el juicio de amparo los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles (salvo los términos relativos al incidente de suspensión, que se contarán de momento a momento), y que son hábiles para la sustanciación de dicho juicio, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, entre otros que se precisan; consecuentemente, el término para que el tercero perjudicado comparezca al juicio de garantías, debe computarse en días hábiles." Notifíquese; y, por lista al tercero interesado Luis David Ordoñez Salas, en cumplimiento a lo acordado en el presente proveído. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Sara Mercedes Neira González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 20 a 23), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por José Antonio Islas García, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 10 a 15), lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, México a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remite los presentes autos, consistentes en el original del juicio de amparo indirecto 1479/2016-IV; así como testimonio de la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, relativa al amparo en revisión 106/2017, cuyo punto resolutivo es: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Al quedar intocado, se sobresee en el juicio de amparo, en relación a los actos reclamados al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social." TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Alarcón Vázquez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, contra el acto que reclama del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y su ejecución atribuida a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y al Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", que quedan establecidos en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos expresados en la parte final del considerando sexto de la sentencia recurrida. Ahora, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio y anexo de cuenta, acusar el recibo de estilo, glosar el cuaderno de antecedentes y hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, bien toda vez que el sobreseimiento decretado en el resultando primero de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue materia en el recurso de revisión, por tanto, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Por otra parte, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México y del Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, den cumplimiento a la ejecutoria, y remitan copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con el 59, fracción I, del código adjetivo citado, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe. CRE
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