Jose Antonio Guerrero Breña
Expediente 1026/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Antonio Guerrero Breña
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión de plano, una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede y de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Por último, se hace de su conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de este Órgano de Control Constitucional es la Jueza ***, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obren como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la autoridad DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO, que a su parte corresponde; con su contenido dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, POR SU PROPIO DERECHO, por medio de la cual solicita el amparo y protección constitucional, contra el acto que reclama del DIRECTOR DEL CENTRO DE PREVENCION Y REINSERCIÓN SOCIAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por violación a los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1026/2019-I.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo promovida contra el acto que reclama al DIRECTOR DEL CENTRO DE PREVENCION Y REINSERCIÓN SOCIAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Por tanto, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el quejoso concretamente reclama la probable orden de traslado girada en su contra, del centro penitenciario donde se encuentra recluido a uno distinto. Consecuentemente, pídase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Se apercibe a las autoridades responsables, que de ser omisas en rendir sus informes justificados, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tengan para ello, apercibido que de no hacer manifestación alguna se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, tomando en consideración que los actos reclamados consisten en una posible orden de traslado del centro penitenciario donde se encuentra recluido a uno distinto en contra de JOSÉ ANTONIO GUERRERO BREÑA, acto prohibido por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que JOSÉ ANTONIO GUERRERO BREÑA, no sea traslado del centro penitenciario donse se encuentra recluido virtud del proceso penal que se sigue en su contra. Es aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066 , cuyo texto y rubro son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse al quejoso las copias certificadas que solicita del presente proveído, téngase autorizados para recibirlas a las personas que indica. Se tiene al quejoso señalando los estrados para el efecto de oír y recibir notificaciones y como autorizados para tal fin a los Licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que si tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que los autoriza para ejercer la profesión de abogados y a las demás personas que señala téngase autorizadas únicamente ara oír notificaciones e imponerse de los autos, por no cumplir con el requisito citado con antelación. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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