Jose Antonio Fuentes Martinez
Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Antonio Fuentes Martinez
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por **. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de trece de septiembre actual, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda que promueve ***, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Quincuagésimo Tercer Distrito con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 832/2019-III.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez analizada la demanda promovida, y las documentales que ella se adjuntaron, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda de amparo, como lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo que a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en el presente asunto, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el impetrante es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 196 de la legislación en comento, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como autoridad responsable al Tribunal Unitario Agrario del Quincuagésimo Tercer Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclamó el siguiente acto: IV.- Acto de autoridad que se reclama a las autoridades responsables: Del Magistrado Titular del Tribunal Lic., ***, demando, la omisión del cumplimiento a la ejecutoria del Amparo Directo número 630/2018 seguido ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato. Al respecto, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que ***, demando juicio sucesorio testamentario a bienes de ***. En fecha seis de febrero de dos mil quince, el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en el Estado de Guanajuato, admitió a trámite dicha demanda. Que el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, Capital, resolvió en definitiva el juicio agrario. Inconforme el quejoso con dicha sentencia, interpuso juicio de amparo directo, el cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el cual quedó registrado con el número de expediente 630/2018, resolviendo lo siguiente: UNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A *** EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 22 (VEINTIDÓS) DE AGOSTO DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR LA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 121, EN EL JUICIO AGRARIO NÚMERO 2041/2014. Que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, se dio cumplimiento a la sentencia de amparo, omitiéndose en sentido estricto los efectos de la misma, excediéndose la autoridad responsable en el cumplimiento a la ejecutoria dictada por el H. Tribunal Colegiado. Lo que en este juicio de amparo constituye el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 196, ambos de la Ley de Amparo, ello en razón de que el propio órgano de control constitucional es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable dé la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el segundo artículo mencionado. A saber el referido artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Es decir, le corresponde en este caso al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, dentro del juicio de amparo directo 630/2018, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obligándola a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer. Por lo anterior, el aquí quejoso debe de acudir ante el Tribunal Colegiado competente para efectos de que haga valer ante él el posible incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo 630/2018, antes de acudir ante esta instancia constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la Tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005473 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a. VIII/2014 (10a.) Página: 1520 SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 196, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del citado promovente, el ubicado en *** esta ciudad. De igual manera se le tiene nombrando como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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