Jose Antonio Fontes Acosta
Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Antonio Fontes Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó las vistas que se le hizo de los oficios suscritos por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución dictada el veinte de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a José Antonio Fontes Acosta, misma que causo ejecutoria el trece de julio de dos mil veintidós, en el cual se requierió a la autoridad responsable y a la autoridad vinculada por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veinte de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1.- Se lleve a cabo en la persona del quejoso José Antonio Fontes Acosta, los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado síndrome de manguito rotador, (compresión del ligamento coracoacromial, bursitis subacromial, supraespinoso y bicipital), del brazo izquierdo, se programe fecha para la cirugía y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. ( Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "síndrome de manguito rotador", para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. ( De inmediato realicen los estudios necesarios de valoración médica del paciente José Antonio Fontes Acosta para que dictaminen si existe algún tipo de incapacidad ya sea permanente, parcial o total. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el veinte de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que el quejoso José Antonio Fontes Acosta, tenía la fecha para la cirugía para el veinticinco de julio de dos mil veintidós. En proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el cual se agregó el escrito suscrito por la licenciada Ylbielvart Valencia García, en el cual hizo manifestaciones respecto a la vista que se le dio el proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, y comunica que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tanto, se requirió la autoridad responsable para que de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se agregó el oficio suscrito por el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, en el cual informó en el cual refiere que la autoridad que cuenta con atribuciones para el cumplimento de la referida sentencia, es el Hospital General Regional No. 1, con residencia en Culiacán. Por tal motivo, se llamó como autoridad vinculada al Hospital General Regional No. 1, con residencia en Culiacán, aun y cuando no haya sido designada como autoridad responsable en el presente juicio de garantías, pero en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora de veinte de junio de dos mil veintidós, por tanto, se le requiero por el cumplimiento de ejecutoria. En proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio suscrito por la autoridad vinculada Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y comunica que la parte quejosa José Antonio Fontes Acosta, no es apto para cirugía por contar con un descontrol metabólico, hasta su última valoración por medicina interna quien no otorga riesgo quirúrgico (es decir no autorizan la cirugía). Plasmando en su valoración que amerita ajuste dietético el cual se envía a la fecha a su unidad de adscripción (Mochis), YA QUE TIENE DICHO DESCONTROL METABÓLOCA NO ES APTO PARA OPERACIÓN. Asimismo, mediante oficio presentado el nueve de enero del presente año, suscrito por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexó copia de la hoja de entrega del dictamen ST-3 DICTAMEN DE INCAPACIDAD DE RIESGO DE TRABAJO PPROVISIONAL, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintidós al quince de mayo de dos mil veinticuatro, con número de folio 32628062022260003, y le entrego al quejoso cita para septiembre de dos mil veintitrés, para agendar la cita de revaloración. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ". Se lleve a cabo en la persona del quejoso José Antonio Fontes Acosta, los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado síndrome de manguito rotador, (compresión del ligamento coracoacromial, bursitis subacromial, supraespinoso y bicipital), del brazo izquierdo, se programe fecha para la cirugía y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "síndrome de manguito rotador", para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Y de inmediato realicen los estudios necesarios de valoración médica del paciente José Antonio Fontes Acosta para que dictaminen si existe algún tipo de incapacidad ya sea permanente, parcial o total.". Por tanto, de lo anteriormente expuesto, se advierte, que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y la autoridad vinculada Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, le dieron la atención médica a la parte quejosa, y comunicaron que le aplicaron los estudios pertinentes para su cirugía; y, aunado a lo anterior, la autoridad vinculada expuso que al impetrante José Antonio Fontes Acosta, no es apto para cirugía por contar con un descontrol metabólico, hasta su última valoración por medicina interna quien no otorga riesgo quirúrgico (es decir no autorizan la cirugía). Plasmando en su valoración que amerita ajuste dietético el cual se envía a la fecha a su unidad de adscripción (Mochis); entonces, debe estimarse que conforme a los efectos que se fijaron para la sentencia concesoria de amparo debe estimarse cumplido el núcleo esencial de la sentencia, puesto que las consecuencias directas e inmediatas de la orden verbal reclamada fueron esencialmente que la responsable lleve a cabo en la persona del quejoso José Antonio Fontes Acosta, los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado síndrome de manguito rotador, (compresión del ligamento coracoacromial, bursitis subacromial, supraespinoso y bicipital), del brazo izquierdo, se programe fecha para la cirugía y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Asimismo, en lo que respecta a concesión del amparo para el efecto de que "De inmediato realicen los estudios necesarios de valoración médica del paciente José Antonio Fontes Acosta para que dictaminen si existe algún tipo de incapacidad ya sea permanente, parcial o total", la autoridad responsable informó que hizo entrega del dictamen ST-3 DICTAMEN DE INCAPACIDAD DE RIESGO DE TRABAJO PPROVISIONAL, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintidós al quince de mayo de dos mil veinticuatro, con número de folio 32628062022260003, y le entrego al quejoso cita para septiembre de dos mil veintitrés. Lo cual ya aconteció. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 87/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, de registro digital 163808, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Igual resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, de registro digital 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director del Hospital General de Zona número 49 de Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad vinculada Hospital General Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante de habérsele requerido en proveído de tres de enero del presente año, mediante oficio número 70/2023, el cual fue recibido el diez de enero del presente año. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad vincula Hospital General Regional No. 1, con residencia en Culiacán, para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe los actos que haya realizado para esos efectos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. En la especie, es pertinente destacar que el suscrito Juzgador ha advertido un retardo, omisión e incumplimiento a los autos emitidos por este Juzgado de Distrito en los que se requirió a las autoridades responsable, que cumplimentaran la ejecutoria de amparo; por ende, se le reiteró que, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se haría acreedora a una multa que en su momento se determinaría; sin que en la especie, fuera dable justificar su actuar dado que no han acreditado encontrarse realizando los actos tendentes y las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Cierto el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se considera un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por Enrique Romero Guzmán Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en auto de tres de enero de dos mil veintitrés, informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando que con fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, se notificó la entrega de la hoja original del dictamen ST-3 DICTAMEN DE INCAPACIDAD DE RIESGO DE TRABAJO PROVISIONAL, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintidós al quince de mayo de dos mil veinticuatro, con número de folio 32628062022260003 y se entregó al quejoso cita para septiembre de dos mil veintitrés para agendar la cita de revaloración; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejo con el escrito y documentales de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que no de hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- José Antonio Aqui Soto577/2018
- Jose Antonio Beltran Pacheco154/2022
- Jose Antonio Carrillo Sotelo482/2019
- Jose Antonio Cervantes Perez945/2023
- José Antonio Figueroa Osuna624/2021
- Jose Antonio Fontes Acosta304/2022
- José Antonio Garcia Cruz611/2021
- Jose Antonio Juarez Hernandez339/2018
- Jose Antonio Leyva Jauregui30/2021
- José Antonio Niebla Quintero58/2022
- Jose Antonio Niebla Quintero695/2021
- Jose Antonio Obeso Urias244/2020