Jose Antonio Cervantes Perez

Expediente 945/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
945/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Antonio Cervantes Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que acompaña los autos del expediente 1269/2023, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio (en donde se expone que el peticionario de amparo tiene su domicilio en la ciudad de Guasave, Sinaloa), firmadas por ********************, por propio derecho y un anexo; asimismo comunica el contenido del auto de trece de noviembre del año en curso, mediante el cual se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la citada demanda, contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en la Ciudad de México y otras autoridades, por los motivos asentados en el mismo. Acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. En atención a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto, porque al tratarse de descuentos hechos a un pensionado, la competencia territorial se surte a favor de este Juzgado de Distrito, porque la citada persona tiene su domicilio en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, SE ADMITE a trámite la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 945/2023-5A. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del término de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las once horas con veinte minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. La parte quejosa afirma desconocer el nombre y dirección de los terceros interesados; por tanto, se reserva acordar lo correspondiente, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de las autoridades responsables. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia se tiene por presentada la documental que la parte quejosa anexó a su demanda sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora, la parte quejosa ofreció como prueba de su parte su recibo de pago de nómina (pensión), en copia fotostática sin certificar; sin embargo, como en éste se advierte folio fiscal, cadena de sello digital y código QR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le da el carácter de documento público, y con esta calidad de ordena agregar en el cuaderno incidental, para que pueda tomarse en cuenta con el valor probatorio que le corresponde, al momento de resolver. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** y se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** toda vez que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que la promovente Irma López García señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en calle ********************; y tomando en consideración que este domicilio se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el inciso c) de la fracción I, del artículo 26 de la Ley de amparo, con fundamento en los artículos 30, párrafo primero, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, EN TURNO, para que en términos de los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en auxilio a las labores de este Juzgado, se cerciore que en el domicilio antes referido, puede ser localizado el promovente ******************** y una vez hecho lo anterior, le notifique el presente proveído. En el entendido de que si el fedatario deja citatorio o aviso judicial, por no encontrarse la promovente señalada, deberá hacerle de su conocimiento que cuenta con el término de dos días hábiles para acudir al local del juzgado exhortado, a darse por notificado mediante comparecencia, apercibida que de no hacerlo, la citada notificación se practicará por lista. Por otra parte, se faculta al Juez exhortado para que haga uso de todas las medidas tendientes a lograr la diligenciación del exhorto de referencia, acuerde promociones, imponga medidas de apremio correspondientes en caso de resistencia a la práctica de la diligencia y para que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles y en su caso realice todas las actuaciones correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la citada diligencia. Sin que resulte necesario que la autoridad exhortante acuse recibo, toda vez que al realizar el envió electrónico del presente exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), generará el acuse correspondiente

  2. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal con una copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 945/2023-5A, promovido por**************z, contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en la Ciudad de México y otras autoridades. Con apoyo en los artículos 125, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144 162, 164 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo quienes deberán rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en: Los descuentos que ejecutan, ordenan y solicitan se realicen a su sueldo por motivo de la jubilación. En el entendido de que, se apercibe a las responsables que de no acatar esta determinación dentro del plazo señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las doce horas del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia incidental. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se realicen las retenciones o descuentos a su salario por motivo de la jubilación, y se le entregue la totalidad de su sueldo, medida cautelar que es procedente porque se sustenta en un acto sin fundamento legal, aduce. Ahora, previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En ese contexto, se debe señalar que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la quejosa la protección de la justicia federal. Precisado lo anterior, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 de la propia ley, a saber: a) Que la solicite la quejosa; y b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto treinta por ciento (30%) de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Dicho criterio se encuentra establecido en la jurisprudencia 2ª./J.42/2014 (10a.) visible en la página 712, del Libro 7, correspondiente al mes de junio de 2014, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubor y texto siguientes: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión." Luego, si en el caso, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las autoridades responsables descuentan de su salario diversas percepciones que refiere desconocer; se estima que le asiste la razón al promovente en cuanto a que el acto reclamado le causa daños y perjuicios de difícil reparación, en la medida en que se le priva, al menos temporalmente, de recibir su salario conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes mencionado. En ese aspecto, el suscrito advierte que se colman los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, además, acorde con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de la no afectación al interés social, a efecto de resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida; ese criterio de apariencia del buen derecho, se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo de la quejosa. Luego, se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado; pues la correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el juzgador federal debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que, en su caso, hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama. En este sentido, son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho y, el segundo, la no afectación al interés social. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Lo anterior, encuentra sustento en la referida fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público. En tal sentido es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 130, 131, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso José Antonio Cervantes Pérez, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables al realizar los descuentos al salario del quejoso respecto de los conceptos señalados en el recibo de pago de rubro: "Cred Jub-pen"; se ajusten al criterio sostenido en la jurisprudencia 42/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes invocado, esto es, no se excedan de descontar más del treinta por ciento (30%) del excedente del monto del salario mínimo que recibe la quejosa de su salario. Al margen de los diversos descuentos o deducciones que por ley se le aplican al salario de la quejosa, por lo que hace a los descuentos por lo conceptos antes mencionados, las responsables deberán aplicar dichas deducciones, pero sin afectar el equivalente al salario mínimo, pues únicamente podrán afectar el monto excedente al salario mínimo, específicamente el 30% de ese excedente, acorde al criterio de nuestro máximo tribunal de justicia del país; salvo que los descuentos se refieran al pago de pensiones alimenticias, en cuyo caso podrá afectarse la totalidad del excedente del salario mínimo. Sin que la presente concesión de la medida suspensional solicitada implique una restitución definitiva del derecho humano que se estima violado, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del gobernado, que si se le impidieran le ocasionarían perjuicio; lo cual tiene sustento en la citada fracción X del artículo 107 constitucional. En el entendido de que dicha suspensión únicamente surte efectos respecto a pagos que se hagan con posterioridad a la fecha en que se emite la presente medida cautelar. Asimismo, si el descuento reclamado se trata de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, dicha medida podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Dicha suspensión surte efectos, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo relativo a la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente; en la inteligencia que deberá comunicar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a esta resolución. Como lo solicita los impetrantes de garantías, y con fundamento en el artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, expídasele copia certificada de este auto, previa toma de razón e identificación que a su recibo deje asentado en autos; se autoriza para que las reciba en su nombre y representación a su autorizado legal.

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