Jose Antonio Cid Zendejas
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Antonio Cid Zendejas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que ********************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ******************** interpusiera recurso de queja, en contra del auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, Y POR LISTA A SU DEFENSOR PARTICULAR.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022. Que el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que el escrito de ampliación de demanda con el que se dio cuenta, fue presentada -electrónicamente- el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y que cuenta con la evidencia criptográfica del promovente, que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Que la referida evidencia criptográfica anexada al escrito de referencia, arroja que Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, es el titular de la firma electrónica que se anexó a dicho escrito, que ésta se encuentra vigente y no ha sido revocada. Que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, contra la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado; demanda de amparo que se radicó con el número 348/2022, del índice de este juzgado Federal. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 358/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Visto el contenido del oficio 65-OCC, derivado del juicio de amparo 263/2022 del índice de este juzgado, en el que obra anexo el escrito de ampliación de demanda, promovido -electrónicamente- por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas; se provee lo siguiente: En principio, es pertinente señalar que de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite otra demanda de amparo de contenido idéntico a la que aquí se provee, la cual se radicó con el diverso juicio de amparo 348/2022 del índice de este juzgado Federal. Lo que constituye un hecho notorio que se invoca de oficio, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia en Materia Común, de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, P./J. 16/2018 (10a.), visible en la página: diez, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así, el acto reclamado por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, que hizo valer como: La omisión que se traduce en la falta de acceso a la justicia, por no resolver el recurso de revocación presentado contra el acuerdo de diez de marzo del año en curso, dentro del proceso 17/2013-8º, atribuido al 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla; el suscrito juzgador, de oficio, advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." En ese sentido, como se advierte de la citada jurisprudencia, la finalidad de la causa de improcedencia que se analiza es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así las cosas, para acreditar que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) El promovente Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, acudió a esta instancia constitucional (juicio de amparo 358/2022), a reclamar la omisión que se traduce en la falta de acceso a la justicia, por no resolver el recurso de revocación presentado contra el acuerdo de diez de marzo del año en curso, dentro del proceso 17/2013-8º, atribuido a la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. b) Por otra parte, como se indicó es un hecho notorio para quien esto provee, que en este juzgado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 348/2022, del cual se ordena extraer copia certificada de las constancias conducentes, esto es: papeleta, demanda de amparo, auto admisorio, y agregarlas a estos autos para los efectos legales correspondientes; e impuesto de dicho sumario se aprecia lo siguiente: 1. Mediante oficio 65-OCC, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (al haberse decretado la separación de juicios), derivado del juicio de amparo 263/2022 del índice de este juzgado, se recibió el escrito de ampliación de demanda, promovido -electrónicamente- el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; mismo que dio origen al referido juicio de amparo 348/2022, por lo que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda. 2. La indicada demanda fue promovida por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, correspondiente al acto reclamado consistente en la omisión que se traduce en la falta de acceso a la justicia, por no resolver el recurso de revocación presentado contra el acuerdo de diez de marzo del año en curso, dentro del proceso 17/2013-8º, atribuido a la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 3. Al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la captura de información y publicaciones relativas al Juicio de Amparo 348/2022 del índice de este juzgado, se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós. De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso 348/2022, el promovente reclamó el mismo acto a idéntica autoridad responsable; y, que se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que aún no se ha dictado la sentencia correspondiente. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso 348/2022, se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por la misma persona, acto reclamado y autoridad responsable; y que aquél está pendiente de resolución. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. AUTORIZADOS. Se hace constar que en la demanda de amparo en estudio, no se designó a ninguna persona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, que dicha demanda fue promovida por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso (Centro de Reinserción Social de Puebla), de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LINEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, Y POR LISTA A SU DEFENSOR PARTICULAR.
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