Jose Antonio Cid Zendejas
Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Antonio Cid Zendejas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista al defensor particular, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS.Agréguense a los autos las constancias que remite el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, de las que se advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, admitió a trámite el recurso de revocación que hizo valer Cristian Uriel Cazares Trejo, como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, en contra de la determinación de diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en el proceso penal 17/2013-8 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.RECEPCIÓN DE ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Agréguese a los autos el escrito de Cristian Uriel Cazares Trejo, defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, atento a su contenido, se provee:Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa amplía la demanda de amparo respecto de los siguientes actos reclamados:....En ese sentido, se provee:SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA.Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional.ACTO RECLAMADO.Cristian Uriel Cazares Trejo, como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, en la demanda de amparo y en el escrito de ampliación de demanda reclamó del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 17/2013-8, lo siguiente: "La negativa de acceso a la justicia por omisión a responder a la solicitud de revisión de medidas cautelares, dentro del sistema mixto penal, planteada por esta defensa." CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, pues afirmó que el diez de marzo de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por el quejoso José Antonio Cid Zendejas, en el que solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares. Lo que se corrobora con la documental que remitió como apoyo a tal informe, consistente en copia certificada de diversas constancias del proceso penal 17/2013-8 de su estadística de las que se aprecia lo siguiente: El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recibió el escrito del quejoso José Antonio Cid Zendejas, del que se advierte que solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares (fojas 22 a 24). El diez de marzo de dos mil veintidós (fojas 20 y 21), el juez responsable, entre otras determinaciones, acordó el escrito señalado en el punto que antecede, en el que, en lo que aquí refiere señaló:....Determinación que se notificó al quejoso José Antonio Cid Zendejas, y a su defensor particular el dieciséis de marzo del año en curso (foja 21). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2.Sin embargo, aun cuando evidentemente el juez responsable ya proveyó acorde a las pretensiones del peticionario de amparo, lo cierto es que la notificación que se realizó al quejoso del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, sucedió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, recibida el once de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -vía electrónica-, por lo que resulta inconcuso que en la fecha en que se instó el presente juicio de garantías, la omisión reclamada existía.Por ende, se tiene por cierto el acto reclamado a dicha responsable.IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.Como se adelantó, quien esto resuelve, de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:....Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...Sirve de apoyo la jurisprudencia ..., de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...Justamente, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que Cristian Uriel Cazares Trejo, como Defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, reclama del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de acordar la solicitud de revisión de medidas cautelares decretadas en la causa penal 17/2013-8, que se le instruye. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que el juez responsable el diez de marzo de dos mil veintidós, acordó la petición del quejoso, lo que se le notificó el dieciséis de marzo siguiente, incluso en la misma data se notificó dicha determinación a su defensor particular. En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha en que se instó la acción constitucional ya se había acordado la petición del quejoso, lo cierto es que durante la tramitación de este juicio se notificó al quejoso y a su defensor la determinación por la que se dio respuesta. Conviene destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia ...sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. ...Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable ya proveyó y notificó al aquí quejoso y a su defensor particular la respuesta a su petición; y, por tanto, al no existir más la omisión reclamada, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos de la omisión combatida. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia ..., emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ... En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintidós minutos del seis de abril de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia ..., sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ....Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Del escrito de ampliación de demanda de amparo en estudio, se advierte que la parte quejosa, reclama del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, lo siguiente: "a) El acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso 17/2013-8, en su punto TERCERO, en el que establece: . no ha lugar a acordar su petición...""b) El acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso 17/2013-8 en sus puntos QUINTO Y SEXTO, en los cuales, por un lado, declara cerrada la instrucción por cuanto hace al Quejoso y en otro ordena la designación de peritos, para desahogar peritaje respecto del Quejoso..."Primero. Respecto del acto reclamado consistente en "a) El acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso .... en su punto TERCERO, en el que establece: . no ha lugar a acordar su petición...", se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, que disponen:....De los preceptos y fracciones transcritas, se advierte que el juicio constitucional es improcedente: a) cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual será optativo para el peticionario de amparo hacerlo valer o impugnar la norma general en juicio de amparo; y, b) cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso y esté en trámite un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causa en comento. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias.En tales circunstancias, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos; y,c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo.Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia ...., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. .... En el caso, como se advierte de párrafos precedentes el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso de revocación que hizo valer Cristian Uriel Cazares Trejo, como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, en contra de la determinación de diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en el proceso penal 17/2013-8 de su índice, por tanto, actualmente se encuentra pendiente de resolverse. De lo anterior, se aprecia que el recurso de revocación propuesto por la parte quejosa, se encuentra pendiente de resolver; se dice lo anterior, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable así se advierte.En efecto, en el caso, el hoy quejoso optó por el medio de defensa legal citado (revocación), el cual está pendiente de resolución, por lo que opera el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a continuar previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendiente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses.Tiene aplicación, la jurisprudencia, misma que es del tenor literal siguiente:"LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. ....Por tal motivo, ya que el quejoso impugnó a través del recurso de revocación la determinación que por esta vía reclama (resolución de diez de marzo de dos mil veintidós) y dicho recurso se encuentra pendiente de resolver, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar o revocar el acto combatido en el presente asunto, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada, se desecha la ampliación demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley, por lo que respecta al acto consistente en el acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso 17/2013-8, en su punto TERCERO, en el que establece: . no ha lugar a acordar su petición...". Pues si bien es cierto que el suscrito juez Federal requirió al quejoso ampliara su demanda de amparo contra la respuesta dada a su petición, lo cierto es que no se advertía de autos que éste hubiera impugnado ya dicha determinación.Segundo. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en "b) El acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso 17/2013-8, en sus puntos QUINTO Y SEXTO, en los cuales, por un lado, declara cerrada la instrucción por cuanto hace al Quejoso y en otro ordena la designación de peritos, para desahogar peritaje respecto del Quejoso...".Acto respecto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo.Los artículos referidos disponen: ...Asimismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses.Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses.Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado.Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ....Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia ....determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado consistente en la resolución de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, específicamente, en la que por un lado, declara cerrada la instrucción por cuanto hace al quejoso y en otro ordena la designación de peritos, para desahogar peritaje respecto del quejoso; sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre cuestiones relativas al desahogo de pruebas (pericial) y al cierre de la instrucción.Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, ya que el acto reclamado indicado, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno.Toda vez que de obtener sentencia favorable a sus intereses, dentro de la causa penal de origen, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 173, Apartado B, fracción X, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen: ...Sustenta lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. ...."AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. ...total, pues en ese caso el juicio será procedente."Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda de amparo, por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto del acto reclamado consistente en "b) El acuerdo de fecha 10 de marzo de 2022, notificado el día 16 de marzo de 2022, dentro del proceso 17/2013-8, en sus puntos QUINTO Y SEXTO, en los cuales, por un lado, declara cerrada la instrucción por cuanto hace al Quejoso y en otro ordena la designación de peritos, para desahogar peritaje respecto del Quejoso..."REMISIÓN A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. Por lo que refiere al acto reclamado consistente en ".la omisión que se traduce en falta de acceso a la justicia, por no resolver el Recurso de Revocación presentado en oportunidad contra dicho acuerdo.", se provee: El artículo 111 de la Ley de Amparo vigente prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE..... Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. En ese orden, conviene precisar, que en el presente asunto la parte quejosa, reclamó en su escrito inicial de demanda a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la negativa de acceso a la justicia por omisión a responder a la solicitud de revisión de medidas cautelares, dentro del sistema mixto penal, planteada por esta defensa. Mientras que ahora pretende reclamar ".la omisión que se traduce en falta de acceso a la justicia, por no resolver el Recurso de Revocación presentado en oportunidad contra dicho acuerdo." (refiriéndose al auto de diez de marzo del actual). De lo antes destacado se advierte, que el nuevo acto que la parte quejosa pretende introducir a la Litis inicial de este juicio, no está estrechamente vinculado con el señalado en su escrito inicial de demanda, sino que se trata de actos totalmente distintos. En virtud de lo antes expuesto, resulta evidente que la ampliación de demanda que pretende realizar la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma; por tanto los nuevos actos señalados no están vinculados con los reclamados inicialmente, siendo susceptibles de ser impugnados en un nuevo juicio de amparo. Estimar lo contrario, propiciaría una cadena interminable de ampliaciones, en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. De ahí, que no se acredite que los actos por los que la parte quejosa pretende ampliar su demanda, guarden estrecha relación con el reclamado en el presente juicio de amparo, al ser actos independientes y desvinculados entre sí. Por tanto, de conformidad con el comunicado 77/2020, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la sentencia pronunciada en la contradicción de tesis 83/2019, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y, el Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver respectivamente los recursos de queja administrativa 29/2017 y 13/2019, la ampliación de demanda efectuada por la parte quejosa, se debe tramitar como un asunto nuevo e independiente al presente juicio. Es decir, la Corte determinó en sesión remota, que de ninguna manera se puede desechar la ampliación de demanda por los motivos antes expuestos, pues tal acontecimiento solo impide resolver lo solicitado en ese juicio. Por ello, se resolvió que la mejor solución que tutele el principio pro actione y el derecho de acceso a la justicia, es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de una demanda independiente. En tales condiciones, ante la falta de una estrecha relación o vínculo directo a los actos reclamados originalmente en su demanda de amparo, con los reclamados en su escrito de cuenta; se ordena la remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para el turno correspondiente.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis .... Décima Época, publicada el trece de marzo de dos mil veinte; registro IUS: 2021775, que señala:aMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. ....Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y por lista al defensor particular, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y anexo que acompaña, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado el dieciocho de marzo pasado, por lo que, al efecto se provee: Téngase a la autoridad responsable remitiendo diversas constancias de las que se advierte que Christian Uriel Cazares Trejo, ostenta el carácter de defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, en la causa penal 17/2013-8, de su índice. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad con la que se ostenta Christian Uriel Cazares Trejo, esto es, como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Cholul .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 263/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: a) La negativa de acceso a la justicia por omisión a responder la solicitud de revisión de medidas cautelares, dentro del sistema mixto penal, planteado por la parte quejosa dentro de procesal penal 17/2013-8, del índice del juzgado responsable. Además, solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que: b) Se suspenda el procedimiento, hasta que se resuelva la solicitud de modificación de medida cautelar. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla Parcialmente cierto acto La citada autoridad responsable, al rendir su informe previo, refirió que es parcialmente cierto el acto reclamado, ya que informó que el diez de marzo del año en curso, acordó improcedente el escrito en el cual la parte quejosa solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, por las razones expuestas, lo que le notificó el quince de marzo de dos mil veintidós; sin embargo, no existe constancia en autos que acredite su dicho, razón por la cual, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, sólo para los efectos de la suspensión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar A). Atento a la naturaleza del acto reclamado, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de la autoridad responsable a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado consiste en la negativa de acceso a la justicia por omisión a responder la solicitud de revisión de medidas cautelares, dentro del sistema mixto penal, planteado por la parte quejosa dentro de procesal penal 17/2013-8, del índice del juzgado responsable; de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." QUINTO. Diversa improcedencia de la medida cautelar B). Respecto a la solicitud de que se suspenda el procedimiento dentro la causa penal de origen, hasta que se resuelva la solicitud de modificación de medida cautelar, es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior es así, pues el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita. Resulta aplicables a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. " Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Antonio Cid Zendejas, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, POR LISTA A SU DEFENSOR PARTICULAR, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...
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