José Antonio Agapito Martín Carriles Álvarez
Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Antonio Agapito Martín Carriles Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese al sumario el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios del quejoso; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, en el que se dejó a su disposición la documental que se anexó al escrito de demanda. Por otro lado, como lo solicita se tiene como autorizados únicamente para recibir documentos y notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala, a quienes de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se les autoriza para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese al sumario el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso; en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se deja a su disposición la documental que anexó a su escrito de demanda, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicha documental será destruida junto con el expediente; teniéndose como autorizados para tal efecto a cualesquiera de las personas designadas en el escrito inicial de demanda. En el entendido que para recibirla acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita, haciéndole de su conocimiento que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Finalmente, se comunica a las partes que a partir de esta fecha y hasta en tanto se encuentre vigente el Acuerdo General 1/2022 que reformó en cuanto a su vigencia el diverso 21/2020, el horario de labores de este juzgado de Distrito, es de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, . . . , se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, . . este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General en cita. . . . Notifíquese.
- Principal
Vistos; para dictar sentencia, los autos en el juicio de amparo número 150/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido hasta el once de marzo siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Antonio Agapito Martin Carriles Álvarez, por su propio derecho, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Congreso del Estado de Guerrero. 2. Gobernador del Estado de Guerrero. Con domicilio en Chilpancingo, Guerrero 3. Director de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "1. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 3. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, se reclama: La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos públicos subjetivos violados, los tutelados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 150/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de varios diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral del escrito de demanda, se precisa que el quejoso José Antonio Agapito Martin Carriles Álvarez, reclama lo siguiente: I. Del Congreso del Estado de Guerrero: la expedición de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente su numeral 9, incisos a) y c). II. Del Gobernador del Estado de Guerrero: la aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente su numeral 9, incisos a) y c) que establece la tasa del impuesto predial. III. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero: la aplicación del precepto legal cuya inconstitucionalidad se reclama, materializada en la factura con número de folio 2100275589, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Guerrero, consistentes en la aprobación y ejecución de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente el numeral 9, incisos a) y c); porque si bien al rendir su informe fue omiso en pronunciarse sobre su certeza, no es el caso presumirlos ciertos de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que contiene las facultades de la citada responsable, no se advierte que posea la potestad de efectuar los actos que se le reclaman; además, es sabido que la aprobación de las leyes corresponde al Congreso y, en el caso concreto, la ejecución es competencia de las autoridades del Ayuntamiento, quienes cobran el impuesto predial. En tal virtud, queda demostrado que los actos atribuidos a la autoridad mencionada en este considerando son inexistentes; y en consecuencia, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador (únicamente en lo concerniente a la sanción, promulgación y orden de publicación de la norma controvertida) y al Congreso, ambos del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo; pues así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Máxime que, conforme con los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que el quejoso les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, debido a que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emana el precepto legal reclamado. Por su parte, el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye, reflejado en la emisión de la factura con número de folio 2100275589 de veintinueve de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, debe tenerse por cierto el acto de aplicación que se le atribuye, porque, de aquélla se advierte el pago del impuesto predial. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, ya que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones y no fue objetado. QUINTO. Causal de improcedencia infundada. Antes de examinar la cuestión de fondo; procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, sostiene que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso no acredita su interés jurídico, misma que resulta infundada, en atención a lo siguiente. En efecto, dicha porción normativa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Se destaca que, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en el primer acto de aplicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, y en autos obra la factura con número de folio 2100275589, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno con sello digital, de la que se advierte la titularidad del quejoso respecto del predio sobre el que se realizó el pago por concepto de impuesto predial relativo al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que fue valorada en el considerando que antecede, por lo que resulta inconcuso, contrario a lo alegado por la autoridad municipal, que el quejoso si acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. SEXTO Causal de improcedencia fundada. Ahora bien, por lo que ve al acto reclamado al Gobernador del Estado de Guerrero, consistente en la orden de publicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente el numeral 9, incisos a) y c) que establece la tasa del impuesto predial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que dicho acto no fue reclamado por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario se reclama, la orden de publicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente el numeral 9, incisos a) y c) que establece la tasa del impuesto predial, acto que se atribuye al Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, sin que se reclame por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto, conforme a los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la ley de la materia. SÉPTIMO. Estudio del fondo. Al no existir más causales de improcedencia que analizar se procede a examinar el fondo materia del debate planteado, lo cual se hará al tenor de los motivos de queja hechos valer por el quejoso. Así tenemos que el quejoso José Antonio Agapito Martin Carriles Álvarez, en su único concepto de violación, en esencia señala que el artículo 9, incisos a) y c), de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establece un pago igual del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos baldíos que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; y cita parcialmente la ley de ingresos del año dos mil seis, así como la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." Añade, que dicho criterio es aplicable al caso concreto, en virtud que establece que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción; en consecuencia, sostiene el quejoso, la normativa reclamada fija una tasa igual para el pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos tanto edificados como baldíos, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, lo que dice, vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Es infundado el concepto de violación hecho valer como enseguida se expone: La fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El precepto constitucional transcrito reconoce el principio de equidad tributaria. Dicho principio ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la igualdad jurídica que consiste en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante la aplicación de ella. Este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación; sin embargo, también se ha señalado que no toda desigualdad en el trato es inconstitucional, inclusive se ha considerado que el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sean caprichosas o arbitrarias. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." En contrapartida al principio de equidad, está el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se hallen en condiciones tributarias desiguales. Esto es lógico, ya que todo impuesto debe definir su hecho imponible tomando como fundamento un determinado tipo de realidad económica -renta, patrimonio o consumo de éstos- que se grava en cuanto es índice claro de que existe capacidad o aptitud de contribuir por parte de quien se encuentra en esa realidad o situación específica. En este contexto, la igualdad no sólo reclama que el ordenamiento jurídico, en su emisión y aplicación, respete las preexistentes situaciones de igualdad entre los ciudadanos, sino que exige, asimismo, que el ordenamiento jurídico actúe de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de discriminación a situaciones de igualdad. En otras palabras, la equidad tributaria existe tanto en otorgar un trato igual o semejante a situaciones análogas como el diferenciar el trato ante situaciones diferentes, de suerte tal que no toda desigualdad de trato por la ley resulta inconstitucional, sino únicamente cuando produce distinción entre situaciones tributarias iguales si no existe para ello una justificación objetiva y razonable. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 24/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido siguientes: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." Luego, el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, prevé: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (...) c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.)." Con base en lo expuesto, se estima que la porción reclamada no es contraria a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria y por ende, es constitucional; ya que otorga un trato igual a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen (impuesto predial), y tienen una misma base y tasa 3.9 al millar respecto del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno sobre el valor catastral. En efecto, es evidente que a quien corresponda contribuir respecto de un predio no edificado, se le sitúa en un plano de igualdad, respecto del contribuyente de un predio edificado, lo que resulta legal ya que ambos supuestos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios urbanos), lo cual hace que constituyan una misma categoría. De ahí, que de las consideraciones del criterio citado por el quejoso se advierte que estableció que dicha normativa resultaba violatoria del principio de equidad tributaria, en la medida en que obligaba a los contribuyentes del impuesto predial a pagar tasas disímiles, lo que en el caso no acontece, porque los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría. En conclusión, la porción normativa en análisis al establecer que tratándose de predios urbanos y suburbanos baldíos, y predios urbanos y suburbanos edificados, se pagará el impuesto predial con base en una tasa de 3.9 al millar, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que sitúa a los contribuyentes en una misma categoría, y en todo caso la capacidad de pago se vería reflejada sobre el valor catastral del inmueble, pues la tasa es igual 3.9 al millar sobre dicho valor catastral. Bajo ese contexto al resultar el concepto de violación propuesto infundado lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso José Antonio Agapito Martin Carriles Álvarez, en contra de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico su numeral 9, incisos a) y c), con motivo de su primer acto de aplicación. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 150/2021, respecto a los actos precisados en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Antonio Agapito Martin Carriles Álvarez, respecto del artículo 9, incisos a) y c), de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- José Ángel Palacios Galeana625/2020
- José Ángel Ramírez López153/2016
- José Ángel Reyes Rivera y Otros.1054/2021
- José Ángel Torres Nava1203/2015
- José Ángel Valente Flores659/2019
- José Anica Rodríguez1288/2014
- José Antonio Álvarez Cestelos665/2016
- José Antonio Bajos Valverde233/2018
- José Antonio Cambrón Regalado132/2020
- José Antonio Cambrón Regalado131/2020
- José Antonio Cambrón Regalado696/2020
- José Antonio Carreto Adame1088/2022