José Ángel Torres Nava

Expediente 1203/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1203/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • José Ángel Torres Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, ... se declara que ha causado estado....archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo....este expediente es susceptible de destrucción, ...

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. "... Vista la demanda de amparo promovida por José Ángel Torres Nava, por su propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y otra autoridad; como punto preliminar, se precisa que este juicio se regirá por la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y en vigor al día siguiente, porque la demanda se presentó después de que inició su vigencia. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1203/2015, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa señala como acto reclamado la integración en su contra de una carpeta de investigación con el número 121406402002311115. Lo anterior es así, pues el quejoso señala bajo protesta de decir verdad que fue citado ante el Ministerio Público Investigador de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por haber sido señalado como responsable de una supuesta riña en agravio de Angélica María Benítez Lorenzana, manifestándole la autoridad ministerial que abriría una carpeta de investigación. Precisado lo anterior, se tiene que es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6º de la citada ley de la materia. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6°. de su Ley Reglamentaria, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:" I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto . En efecto, la integración de una carpeta de investigación, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, pues ello constituye una facultad que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público, misma que la sociedad está interesada en que cumpla cabalmente, puesto que por disposición del artículo 21 Constitucional el Ministerio Público debe avocarse a la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir algún hecho, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo. De ese modo, se concluye que los actos del Ministerio Público relativos a "la integración de una carpeta de investigación" no puede producir agravio personal y directo en contra de la parte quejosa, ni lesiona su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del aquél. Así las cosas, al actualizarse plena e indiscutiblemente, la causal de improcedencia que nos ocupa, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y el escrito de desahogo, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Asimismo, como lo solicita téngasele como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; y dada la naturaleza del juicio como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Misael Sandoval Hernández . Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE S ENOTIFICA...

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