José Ángel Rosaldo Vidal y Otros.
Expediente 1227/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2023
Partes del expediente
- José Ángel Rosaldo Vidal y Otros.
- José Ángel Rosaldo Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
uxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes y archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por ***, Defensor Público del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con el cual, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, acepta y protesta el cargo que le fue conferido, como Defensor Público del quejoso ***; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, además, solicita acceso al expediente electrónico, copias de la demanda de amparo e informe justificado, y se le informe la fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, así como por los diversos 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, téngase al citado Defensor, aceptando el cargo que le fue conferido, lo que se hace de conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al Defensor Público, con el nombre de usuario "***", la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Asimismo, conforme a lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General citado, se ordena que las notificaciones en el presente juicio de amparo, se realicen al citado defensor vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. En tal sentido, se instruye a la Oficial Judicial "A", y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que menciona, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. De igual forma, hágase del conocimiento del citado Defensor Público, que en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, tuvo por no presentada la demanda de amparo. En ese sentido, por oficio que al efecto se envié por conducto del Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, córrasele traslado al citado defensor con copia de la demanda, auto de prevención, auto que tuvo por no presentada la demanda, y del presente proveído. En relación con la reserva realizada en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, relativa al usuario que proporcionó el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, debido a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, designa al licenciado ***, como representante del quejoso en el presente juicio de amparo; asimismo, solicita se le conceda el acceso al expediente electrónico a dicho defensor. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 14, de la Ley de Amparo, téngase al licenciado José Luis Gómez Munguía, como representante del quejoso ***, para todos los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, por oficio que al efecto se libre, requiérase a ***, por conducto del Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, ratifique el cargo conferido, con la precisión de que tal aceptación deberá hacerla a través de oficio, mismo que podrá remitir a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, signado con firma electrónica o e-firma, o bien, con firma autógrafa, presentado en la Oficialía de Partes, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado, en caso de incumplimiento. Finalmente, en relación con el usuario que proporciona, resérvese a acordar lo conducente, en tanto el aludido defensor, acepte el cargo para el que fue designado. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal de las Casas y Bochil, Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, con el cual devuelve diligenciado el despacho 158/2023, orden 253/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a fin de notificar al quejoso *** el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, de lo que se toma conocimiento. Háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte de la certificación que antecede, así como el estado de autos, se aprecia que la notificación al quejoso del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, se realizó el catorce del mismo mes y año, la cual surtió efectos el quince siguiente, por lo que es evidente que los tres días concedidos para que designara un profesionista en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, transcurrieron del dieciséis al dieciocho de agosto del año en curso, sin que esto ocurriera. En consecuencia, atendiendo a que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad y que de autos se advierte que no cuenta con la asistencia de un abogado, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, por oficio que al efecto se libre, requiérase al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su recibo, proponga a un Defensor Público, que pueda fungir como representante del quejoso *** en el presente juicio constitucional; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo fijado, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy1, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que el abogado designado comparezca a aceptar el cargo conferido, se le correrá traslado con el libelo constitucional. Tal representación fungirá hasta en tanto la parte quejosa señale nuevos autorizados para representarlo en el presente asunto. Lo anterior es así, ya que si bien el juicio de amparo no es, propiamente, parte del proceso penal, sino un juicio o recurso extraordinario, el cual tiene una regulación propia distinta del proceso penal, por antonomasia es la garantía jurisdiccional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, pues se trata de una herramienta jurisdiccional efectiva para ese fin, que al estar prevista en las disposiciones de derecho interno, es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebida. Por ello, más allá de que la Ley de Amparo no establezca, expresamente, la obligación de nombrar un abogado público al quejoso privado de su libertad en virtud de un proceso penal, que promueve juicio de amparo indirecto en materia penal, por derecho propio y sin asistencia letrada, lo cierto es, que tanto la Constitución Federal, como la Ley reglamentaria, reconocen que en la clase de casos como el que nos ocupa, existe la necesidad de proporcionar tutela reforzada a quienes, por sus condiciones, no están en un plano de igualdad para acceder a la jurisdicción, esto partiendo de un principio de justicia conforme al cual, no es posible dar el mismo trato a quienes se encuentran en una posición de grave desventaja para hacer valer por sí mismos sus derechos. Por eso, partiendo de esa lógica, en donde se asume que la persona privada de su libertad se encuentra en total desventaja al no contar con un profesional del derecho que pueda satisfacer la necesidad de tutela, es evidente y necesaria se le otorgue la asistencia de un abogado que pueda suplir esa necesidad; obligación que recae sobre las instituciones del Estado creadas para ello, ya que en términos generales, son la que pueden realizar todos los actos tendentes a salvaguardar los derechos humanos de las personas representadas. Sustenta a lo antes considerado, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.43/20192 (10a.) de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN Finalmente, del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, sin que haya dado cumplimiento a la prevención ordenada en el citado auto; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K3, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
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