José Ángel Ramos Escobar y Otros.
Expediente 752/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- José Ángel Ramos Escobar y Otros.
- José Ángel Ramos Escobar
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de tres de junio del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables que dieran cumplimiento al fallo constitucional. El Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Dirección de Notarias del Estado, con sede en esta ciudad, así como el Titular de la Notaría Pública Número Veinte y la Notaria Adjunta a la Notaría Pública Número Veinte, ambos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por oficios registrados, respectivamente con folios 6683 - 8833 (fojas 328 a 336 y 373 a 380), 6959 (fojas 340 a 347), y 6960 (fojas 348 a 351), remitieron las constancias con las que adujeron acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el tres de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada por el quejoso el diez de junio del año en curso, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables 2. Directora del Archivo General y Notarías del Estado, con sede en esta ciudad, 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte y 4. Notaria Adjunta de la Notaría Pública Número Veinte, ambos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, realizaran lo siguiente: "a) Den contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en los ocursos presentado ante las mismas el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; y, b) Hagan de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dichos escritos. Sin que la concesión del amparo implique que las responsables deban acceder a las peticiones de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, a efecto de verificar si la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se estima oportuno traer a colación que, los escritos presentados ante las responsables el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en lo que medularmente el quejoso expuso: (.) De igual manera en acatamiento del inciso b) la citada responsable hizo del conocimiento al quejoso la respuesta dada mediante misivas ***, a través del correo electrónico señalado para tal efecto, el veintiocho de abril de dos mil veintidós (fojas 334 y 335) y de manera personal a la parte quejosa, hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintidós (foja 376). Asimismo, en seguimiento a la respuesta anterior, la citada responsable, con el diverso ***, de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se informó al aquí quejoso que no resultaba procedente su solicitud, dado que el instrumento notarial de referencia no fue expedido y se dejó sin efectos el seis de enero de dos mil quince, por lo que no resulta procedente otorgarle lo solicitado (foja 379). Finalmente por misiva de *** de veintiséis de mayo del año en curso, le dio respuesta al quejoso en relación a los escritos de diecisiete de junio de dos mil veintiuno y veintitrés de mayo actual, de lo que se desprende su respuesta en los siguientes términos: *** Por otra parte, respecto a las respuestas dadas el dos de mayo del año en curso, por las diversas autoridades responsables 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte y 4. Notaria Adjunta de la Notaría Pública Número Veinte, ambos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, al libelo presentado por el quejoso, expusieron lo siguiente: La responsable identificada con arábigo 4., respondió lo siguiente: "***" Así derivado de lo anterior, la referida responsable el dos de mayo actual, le hizo del conocimiento al quejoso el contenido de su respuesta, por conducto de su autorizado *** (foja 349). Ahora bien, de lo manifestado por la responsable 4. Notaria Adjunta de la Notaría Pública Número Veinte, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, se observa que en el ámbito de sus funciones da una contestación a lo solicitado por el quejoso, en la que advierte un obstáculo material o jurídico absoluto que impide a la citada autoridad pronunciarse favorablemente sobre lo pedido por el quejoso. Finalmente, en cuanto a la responsable 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte, dio contestación al libelo presentado por el quejoso, en los términos siguientes: (.) De igual manera, el dos de mayo del presente año, la autoridad responsable en comento, le hizo del conocimiento al quejoso por conducto de su autorizado ***, la respuesta a su libelo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, este órgano constitucional estima que dicha respuesta emitida específicamente por la responsable 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte, no resulta estar debidamente fundamentada, ello en razón a que la citada autoridad reitera no tener carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sin que resulte congruente en el caso concreto, toda vez que en el presente juicio, se le reconoció al Notario en comento tal carácter, en virtud del artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, que dispone que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; por lo que en este caso específico válidamente se puede equiparar a la de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, si la observancia al derecho de petición implica que: ? La autoridad responsable debe emitir una respuesta, esto es, un escrito que atienda favorable o desfavorablemente la petición. ? Esa respuesta debe ser congruente, es decir, tener coherencia o relación lógica entre lo que se pide y lo que la autoridad comunica por escrito. Por cuanto al primer elemento, cabe precisar que no cualquier escrito que se exhiba en el juicio de amparo puede considerarse como una respuesta congruente, sino únicamente aquel que resuelva de fondo lo solicitado. De lo anterior, se advierte que la responsable dio una respuesta parcial, ya que no expuso los motivos y fundamentos para no atender a lo peticionado por el quejoso, sin atender a los elementos establecidos por el artículo 8° Constitucional, reiterados por la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, que se establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Por lo anterior, debe decirse que la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta parcial, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, pues de otro modo existirá retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. En consecuencia, se hace patente que la respuesta de la responsable 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, no satisface los requisitos exigidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo. CUARTO. Manifestaciones: Ahora bien, se tiene por recibido el escrito presentado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, firmado electrónicamente por el aquí quejoso ***, mediante el cual desahoga la vista concedida en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se tienen por realizadas sus manifestaciones en el sentido que las hace valer; sin embargo, debe decirse a la parte quejosa que no es materia del presente análisis el sentido de la contestación que las autoridades responsables dieron a su escrito presentado ante las mismas el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ya que como se advierte de los efectos para los cuales se concedió el amparo, únicamente se obliga a las responsables a que den contestación congruente y por escrito a lo solicitado, y se le haga de su conocimiento, atendiendo a lo establecido en el artículo 8° Constitucional. Por tanto, deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes de la presente determinación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional se encuentra realizando los requerimientos necesarios a las autoridades responsables, a fin de que se dé cumplimiento íntegro a la ejecutoria de amparo. Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: UNICO.- Las autoridad responsable 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dado que la simple contestación al quejoso sin los requisitos constitucionales exigidos, como la congruencia entre lo pedido y la respuesta, que deriva en falta de fundamentación y motivación, no colma los efectos del fallo protector, ni se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental de petición. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 3. Titular de la Notaría Pública Número Veinte, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria en comento, la cual concedió el amparo para los efectos siguientes: "a) Den contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en los ocursos presentado ante las mismas el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; y, b) Hagan de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dichos escritos. Sin que la concesión del amparo implique que las responsables deban acceder a las peticiones de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." Cabe precisar que si bien la responsable no está vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante; sin embargo, ello no le eximió de dar contestación a la petición que les fue planteada, en la que se cumpla con el derecho fundamental de petición, en el sentido de que la respuesta debe ser exhaustiva, congruente, fundada y motivada. En la inteligencia, que no deberá incurrir nuevamente en los vicios analizados en la presente determinación. Se apercibe a la responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior sin que medie causa justificada, en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de Cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Encargado de la Facultad de Medicina Humana C-II, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 752/2022-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues los actos reclamados por la quejosa, se hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS El oficio de 27 de mayo de 2022, ***, suscrito por el Dr. ***. (.) Por este medio me dirijo a usted dándole respuesta al oficio entregado el 27 de mayo del año en curso, haciéndole de su conocimiento que el C. *** obtuvo la calificación de *** puntos, ocupando el lugar: *** en el examen de admisión de la Licenciatura en Médico Cirujano. (.) Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, dichas actuaciones actualizan la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua no. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente comparece a la presente instancia, reclamando esencialmente la contestación dada a su solicitud, emitida en el oficio ***, por parte del Encargado de la Facultad de Medicina Humana C-II, con domicilio en calle central y decima sur sin número, colonia centro de esta ciudad, la cual pertenece a la Universidad Autónoma de Chiapas. Ahora bien, el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 3o. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; [.] Así, en la propia Constitución se precisa que la autonomía de las universidades conlleva que tales instituciones estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En ese contexto, es importante destacar que la autonomía de las universidades públicas, es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía, está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida -único en el que puede desarrollarse aquélla-, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado. Precisado lo anterior, el quejoso reclama la respuesta emitida por el Encargado de la Facultad de Medicina Humana C-II, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la que le hizo del conocimiento la calificación obtenida en el examen de admisión de la Licenciatura en Médico Cirujano. Empero, tal actuación no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dada la autonomía constitucional conferida a las universidades, entre las que se ubica a la Universidad de Autónoma de Chiapas, señalada como responsable dentro del presente juicio de derechos humanos, que entre otros casos, se les faculta para gobernarse a sí mismas, determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como a administrar su patrimonio. Al respecto, se estima necesario traer a colación el contenido de los numerales 3 y 47 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, que establece: Artículo 3. La Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado, reconocido constitucionalmente, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación, del Estado y de la comunidad universitaria. La autonomía universitaria es al mismo tiempo la facultad constitucional y la responsabilidad de autogobernarse; por lo tanto es competencia exclusiva de la Universidad determinar los planes y programas de estudio y los requisitos para la admisión de los estudiantes; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, administrar su patrimonio. La Universidad es un ámbito donde prevalece la libre discusión de las ideas en un marco de respeto, tolerancia y de inclusión de todas las formas del pensamiento, libre de cualquier manifestación de violencia, con responsabilidad social y comprometida con el cuidado del medio ambiente. La Universidad tiene su sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin embargo, podrá establecer las subsedes que se requieran para el cumplimiento de su objeto. Artículo 47. La Comunidad Universitaria se integra por los estudiantes, el personal académico, los miembros de los órganos de gobierno, personal administrativo y los egresados de la Universidad. Los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad universitaria se regularán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. Se considera personal académico al que desempeña funciones de docencia, investigación o extensión del conocimiento en la Universidad, según su nombramiento y conforme a los planes y programas establecidos por la propia Universidad. La normatividad universitaria regulará las categorías, el proceso de ingreso, promoción y estímulos del personal académico. Son estudiantes de la Universidad quienes satisfagan los requisitos establecidos en los programas académicos correspondientes. Los requisitos de ingreso, permanencia y egreso, así como las formas de organización de éstos, serán regulados por la normatividad reglamentaria conducente. Se considera personal administrativo al que presta un servicio personal, subordinado, de índole no académica, a la Universidad. Son egresados aquellas personas que concluyeron satisfactoriamente un programa de pregrado o posgrado dentro de la Universidad y que ostentan la documentación correspondiente que así lo acredite. De los preceptos transcritos, se observa que la Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado local, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con autonomía que tiene la facultad constitucional y la responsabilidad de autogobernarse; por tanto determina los requisitos para la admisión de los estudiantes. En efecto, es innegable que cuando el gobernado es considerado como alumno de la institución educativa, en términos del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, por haber cumplido los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos que imparte la casa de estudios en cita, es cuando se incorpora en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica y, circunstancia que no acontece en el caso concreto. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que en los antecedentes que relata bajo protesta de decir verdad, el quejoso expresa: "El 27 de mayo del 2022, solicité con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 constitucional: me expida copia simple del exámen (sic) de oposición y de su resultado, el cual presenté para poder aspirar al ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano, así como informe el criterio de evaluación para la admisión; lo anterior por convenir a mis intereses". De lo antes transcrito, se desprende que el aquí quejoso ostenta la calidad de aspirante a la licenciatura en Médico Cirujano, de forma que no se encuentra en el supuesto contemplado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, para ser considerado como parte de la Comunidad Universitaria, y por ende, no se encuentra incorporado a su esfera jurídica, por el contrario, cualquier determinación realizada por los funcionarios de la institución educativa, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues la calidad que ostenta es la de "aspirante", calidad que sólo da derecho al interesado a ser tomado en cuenta en la selección de ingreso precisamente como alumno de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio reglamento aplicable, y de ahí que no exista entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la persona interesada una relación de supra a subordinación, ya que este último no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones con relación a la institución educativa. Así, cuando diversas dependencias de la Universidad Autónoma de Chiapas, realizan actos relacionados con los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, es de concluirse que no se ubica dentro de los supuestos que pueden ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues se insiste, tal imposibilidad que se genera por la autonomía constitucional que el artículo 3º confiere a las universidades. En ese tenor, el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad; y, en consecuencia, el Encargado de la Facultad de Medicina Humana, no actuó como autoridad, porque no ha emitido un acto unilateral, que cree, modifique o extinga una situación jurídica que afecte a la parte quejosa. Además, el proceso de selección de aspirantes para ingresar a la facultad de medicina, no modifica la situación jurídica del quejoso, porque no será hasta que se complete el proceso de inscripción en que podrá adquirir la condición de alumno; esto es, dicho proceso de selección solo incorpora al quejoso como aspirante a ingresar a dicha universidad y la posibilidad de ser considerada como probable alumno de dicha institución educativa. De ahí que, el acto reclamado por el quejoso, al no considerarse como un derecho que estuviera incorporado a su esfera jurídica, no puede estimarse como un acto de autoridad susceptible de ser impugnado en vía de amparo indirecto, por lo que la determinación mencionada no tiene la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de garantías. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 180/20054, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, toda vez que cuentan con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos para oír y recibir notificaciones a los restantes, por así haberlo solicitado expresamente. De igual forma, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias con el nombre de usuario proporcionado. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa correo electrónico y número telefónico que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocido en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de aquellos, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación Notifíquese.
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