José Ángel Olivares Ortiz
Expediente 849/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Ángel Olivares Ortiz
Actuaciones
- Principal
Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso José Ángel Olivares Ortiz; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. I. Radicación y creación del expediente Téngase por recibida la demanda promovida por José Ángel Olivares Ortiz; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno respectivo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 849/2019 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." (Octava Época. Registro: 221353. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991,Materia(s): Común. Tesis: Página: 198.) El numeral 61, en su fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; De la interpretación de esa disposición, se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el juicio de amparo promovido con posterioridad, llegue a prosperar; por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra normas generales o actos que sean materia de otro sumario constitucional pendiente de resolver, cuando en ambos casos, sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Justamente, se actualiza esta causa de improcedencia en análisis, cuando la ley o el acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables e igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, la causa de improcedencia invocada está acreditada, puesto que en el presente juicio de amparo 849/2019, fue promovido por José Ángel Olivares Ortiz, contra actos del Agente del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Delitos de Tramitación Común, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Contra la Familia de la Región Sur del Estado de Sinaloa, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Región Sur del Estado de Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigaciones del Estado Zona Sur y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en esta ciudad y Comandante de la Unidad Especializada en Aprehensiones dependiente de la Policía Investigadora del Estado (UNESA), con residencia en Culiacán, donde reclama la posible orden de aprehensión o detención dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. De igual forma, de las constancias del diverso juicio de amparo 836/2019 radicado en este Juzgado; se advierte que fue promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, asunto que actualmente se encuentra en trámite. Con la precisión que en el escrito inicial de demanda presentada en dicho juicio, el quejoso indicó que su nombre es José Ángel Olivares Cruz; sin embargo mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el diecinueve del mes y año en curso, realizó la aclaración que su nombre correcto y completo es José Ángel Olivares Ortiz; precisión que fue acordada en esta misma fecha para los efectos legales conducentes. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 del Pacto Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Novena Época. Registro: 174899. Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, materia común, Tesis: P./J. 74/2006, página 963). Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". Novena Época. Registro: 199531. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, materia común, Tesis: XXII. J/12; Página 295). Sin que sea el caso de adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado, pues se tienen a la vista, al momento de dictarse la presente determinación. En apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro número 172215, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". (Novena Época. Registro: 172215. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia común, Tesis: 2a./J. 103/2007, página: 285). Sólo en el caso de que la presente resolución sea recurrida, adjúntense sendas copias como antecedente del hecho notorio invocado. Del mismo modo, no pasa inadvertido que el quejoso en su primera demanda de amparo (836/2019) indicó que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de diciembre del año en curso; en tanto que, en el escrito de cuenta refiere que fue el dieciocho del presente mes y año. En ese orden de ideas, y toda vez que los derechos del aquí quejoso están siendo tutelados, mediante el diverso amparo 836/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que se admitió a trámite el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y hasta este momento no se ha dictado la sentencia correspondiente. Además, existir identidad de parte quejosa, de autoridades responsables y acto reclamado, es evidente que se actualiza la litispendencia.. Sin que sea obstáculo a lo anterior el que el impetrante en el diverso juicio de amparo 836/2019 señaló como fecha del conocimiento del acto reclamado el once de diciembre de este; en tanto que en esta nueva demanda, indicó que tuvo conocimiento el dieciocho de este mes y año, puesto que tal circunstancia, no cambia la litis en ambos juicios, esto es, el acto reclamado (orden de aprehensión). En resumen, en el presente asunto opera la litispendencia al existir identidad del promovente, de autoridades responsables y acto reclamado. Además, debe acotarse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en el escrito de demanda de cuenta, se señala diversa fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que ello no impide la configuración de la improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Noveno Circuito y por el Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito, de rubro y textos siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". (Novena Época. Registro 203430. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de 1996, materia común, Tesis: XIX.2o.12 K Página 312). "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio": (Octava Época. Registro: 209531. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Tesis: VII.P. 83 K, página: 260). Por todo lo anterior, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. III. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda; así como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erika Guadalupe Briones Dávila, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Patricia Rochin Pereida y Aaron Faustino Torres Rumbo, por no acreditar el anterior extremo. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.
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