José Angel Lomelí Lizárraga

Expediente 259/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
259/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
23/06/2015

Partes del expediente

  • José Angel Lomelí Lizárraga
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil quince. Téngase recibido el escrito que suscribe el quejoso José Ángel Lomelí Lizárraga, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito 175931, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,980.50 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), que se otorgó, para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida. En consecuencia, devuélvase el billete de depósito de referencia al quejoso, debidamente endosado a su favor, toda vez que a éste le corresponde recibirlo; por tanto, deberá presentarse a este órgano jurisdiccional, a efecto de que se le haga entrega del mismo, previa identificación a satisfacción de este juzgado, dejándose asentada en autos la razón correspondiente. Por las razones que informaN y en atención a su contenido, sustenta lo antes dicho la Jurisprudencia 1ª/J. 141/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, página 619, de Enero de 2006, Tomo III, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA. Al decretar la suspensión provisional de los actos reclamados en un juicio de amparo, el Juez de Distrito está imposibilitado materialmente para determinar el monto de una garantía que responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado durante la secuela procesal, por lo que únicamente lo hará de manera provisional, hasta en tanto se celebre la audiencia incidental, momento procesal en el que, de concederse la suspensión, podrá fijar una garantía definitiva, y la determinada provisionalmente perderá su fundamento de existencia y no podrá surtir efecto alguno, independientemente de que haya regido la situación de los actos reclamados por lapso determinado. Por tanto, al fijar el monto de la garantía definitiva, el juzgador deberá considerar que sea suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquiera de los momentos procesales, siempre que tengan como antecedente aquélla. Así ambas garantías (provisional y definitiva) cumplen con el artículo 125 de la Ley de Amparo, pero no se justifica que subsistan simultáneamente, pues ello contravendría dicho precepto, porque al concederse definitivamente la suspensión la determinación provisional se sustituye, sucediendo lo mismo con la respectiva garantía, ya que la otorgada con motivo de la suspensión definitiva no sólo garantiza un periodo determinado, sino que responde por los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por la suspensión en general, en virtud de que no se trata de dos suspensiones que requieran dos garantías diversas, sino que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una sola, aunque se resuelva en dos momentos procesales diversos; de ahí que no exista impedimento legal para que una vez exhibida la garantía decretada al conceder en definitiva la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, se devuelva la otorgada con motivo de la concesión provisional, ya que los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado automáticamente quedan respaldados con la garantía que se exhiba con motivo de la suspensión definitiva." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de trece de mayo de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido provisionalmente la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA al quejoso José Ángel Lomelí Lizárraga, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos precisados en el considerando segundo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, doce de mayo de dos mil quince. Agréguese sin mayor pronunciamiento el informe previo rendido el 2Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en virtud de que en proveído de ocho de mayo del presente año se tuvo por recibido dicho informe. NOTIFÍQUESE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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