José Ángel Montoya Valdez
Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Ángel Montoya Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en virtud de que por proveído de trece junio del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido, resulta innecesario seguir conservando las constancias certificadas del expediente ********************/2012-2 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta ciudad, mismas que fueron remitidas a este Juzgado como complemento del informe justificado por tanto, mediante oficio devuélvanse las mismas a dicha autoridad.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección al quejoso ********************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de conservación, dado que por resolución constitucional de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó y se negó el amparo y protección al quejoso en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo número ********************/20********************-2A********************promovido por ********************contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo entales promovido por ********************respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil********************con sede en esta ciudad********************por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************respecto del acto reclamado a la autoridad Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil********************con sede en esta ciudad********************por las razones expuestas en el último considerando de este fallo************
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
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