Jose Angel Garcia Meza

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Angel Garcia Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de dos de febrero del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Incidental

    Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos y por la autoridad responsable que fueron precisados en el resultando primero y por los argumentos expuestos en el considerando segundo de la presente interlocutoria.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veintisiete de enero del año en curso, se tuvo por recibido el escrito signado por la tercero interesada********************, mediante el cual formulaba alegatos, señalaba domicilio para oír y recibir notificaciones, y nombraba autorizados para tal efecto; acordándose el pasado veintinueve de enero únicamente lo referente a los alegatos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la tercero interesada********************, señalando como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en boulevard ******************** número ******************** sur, del fraccionamiento ********************, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De igual forma, se tiene como autorizados legales de la tercero interesada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ana Bertha Castellanos Bautista y Jesús Enrique Becerra Elizalde.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, en específico de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es el siguiente: A).- De la autoridad responsable ordenadora señalada en el Inciso A del capítulo correspondiente y que se denomina "A).- C. LIC. LUIS NICANOR BARAJAS PEREGRINA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA REGIÓN NORTE" le reclamo lo siguiente: La infundada e inmotivada Resolución mediante la cual declaro de infundado y inmotivado el No Ejercicio de la Acción Penal decretado por la Agente del Ministerio Público hoy autoridad ejecutora dentro del cuadernillo o proceso penal número 146/2020, Resolución la cual fue emitida sin fundamentación ni motivación, en fecha 05 de Marzo del presente año 2020, en virtud de que en dicho auto invadió esferas competenciales atribuidas exclusivamente por el artículo 21 constitucional al agente del ministerio público, pero además dicha determinación no fue fundada y mucho menos motivada. B).- De la autoridad responsable ordenadora señalada en el inciso B del capitulo correspondiente y que se denomina "B).- MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA" le reclamo lo siguiente: Les reclamo únicamente el extracto de la resolución de fecha 20 de agosto del año 2020, resolución dictada dentro del incidente de recusación 2/2020, en la cual en lo principal se ocuparon del recurso de recusación promovido por le suscrito quejoso en contra el C. Luis Nicanor Barajas Peregrina, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, en el cual determinaron procedente dicha recusación por actualizarse la causal prevista en el artículo 37 Fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reclamando solo el extracto donde ordenaron a la administradora del Centro de Justicia Penal Zona Norte, señalara día y hora para la celebración de la audiencia de imputación que debía de realizar el agente del ministerio público en mi contra, determinación que a todas luces se sostiene que invade la esfera constitucional de la fiscalía, ya que en la propia audiencia la fiscal hoy autoridad responsable manifestó textualmente ".que había realizado dicha solicitud por el apercibimiento que la autoridad señalada como responsable el C. Luis Nicanor Barajas Peregrina, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, pero que a juicio de ella no existían elementos o datos de prueba en que sustentar esa imputación y aun así dicha autoridad responsable ordeno se señalara fecha para imputación y aun así dicha autoridad responsable ordeno se señalara fecha para tal efecto, pero además se reclama tal acto en razón de que los Magistrados Titulares de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no tienen facultades legales, ni constitucionales para ordenar a la fiscalía que me realicen imputación por ser facultad única y exclusiva de esta última, facultad que tampoco tiene el Juez de Control también señalado como autoridad responsable. De las autoridades ejecutoras se les reclama el cumplimiento de lo ordenado por las autoridades responsables ordenadora, ya que su actuar es consecuencia de dichas determinaciones, razón por la cual se les reclama su actuar siguiendo lo ordenado por dichas autoridades." Entonces, los actos reclamados radican en la resolución de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, únicamente en la parte en donde ordena al Ministerio Público que ejercite acción penal en su contra en un lapso de veinticuatro horas apercibiéndolo de aplicar una multa en caso de incumplimiento y la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del incidente de recusación 2/2020, en el apartado que ordena a la Administradora del Centro de Justicia Penal Zona Norte, señalar día y hora para celebración de la audiencia de imputación que debía de realizar Ministerio Público en su contra. Lo anterior, en la inteligencia de que, dentro de la causa penal de la cual derivan los actos reclamados el seis de noviembre de dos mil veinte, fue emitida sentencia dentro del procedimiento abreviado en el sentido de declara penalmente responsable al quejoso del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el artículo 183, párrafos primero y tercero, en relación con el 187, fracción I del Código Penal de Sinaloa en agravio de la libertad sexual y normal desarrollo de víctima menor de edad con resguardo de identidad, según hechos ocurridos antes del mes de julio de dos mil diecinueve, en día y hora no precisados, en lugar no determinado en un súper o farmacia en una plaza de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Atento a lo expuesto, quien esto provee estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en la especie el impetrante de garantías José Ángel García Meza reclama en la resolución de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, únicamente en la parte en donde ordena al Ministerio Público que ejercite acción penal en su contra en un lapso de veinticuatro horas apercibiéndolo de aplicar una multa en caso de incumplimiento y la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del incidente de recusación 2/2020, en el apartado que ordena a la Administradora del Centro de Justicia Penal Zona Norte, señalar día y hora para celebración de la audiencia de imputación que debía de realizar Ministerio Público en su contra. En ese sentido, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, fue emitido dentro de la causal penal 308/2020 auto de vinculación a proceso contra el imputado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de Abuso Sexual Agravado. Luego, del contenido de los informes justificados, remitidos por las autoridades responsables, así como de los medios de convicción que acompañó al mismo -los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello-, se aprecia que el seis de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso José Ángel García Meza en procedimiento abreviado, dentro de la causa penal 308/2020 de su control interno, por el delito de Abuso Sexual Agravado. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas por el peticionario de la tutela constitucional. Esto es así, toda vez que la audiencia inicial (que dio motivo al presente juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión de la citada resolución, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, la sentencia condenatoria, la que se traduce en un acto de molestia para el quejoso y ya no la referida resolución de cinco de marzo de dos mil veinte, en la parte que ordena al Ministerio Público que ejercite acción penal y la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del incidente de recusación 2/2020, en el apartado que ordena a la Administradora del Centro de Justicia Penal Zona Norte, señalar día y hora para celebración de la audiencia de imputación que debía de realizar Ministerio Público en su contra, cuyas posibles violaciones (en caso de que hubieran existido) deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional -sentencia condenatoria emitida en el procedimiento administrativo- es la que actualmente rige el procedimiento natural. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Surte aplicación al caso concreto, de manera analógica, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, contenido en la tesis XXIII.9 P (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, página 2377, con número de registro 2013779, del rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Asimismo, cobra aplicación al caso, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, cuyo contenido no es contrario al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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