José Ángel Montes Hernández

Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
646/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • José Ángel Montes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Del estado de autos se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese.

  2. Principal

    CUENTA. El diecisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 10479. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signado por el quejoso José Ángel Montes Hernández, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos; por lo que se le tiene señalando bajo protesta de decir verdad que fue notificado del acto reclamado que atribuye al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones se provee: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: -Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas. -Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. -Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Actos reclamados: "A la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, el cual declara abandonado recurso de apelación interpuesto por el suscrito. Al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas: el acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno." Cumplimiento a prevención: "1.- vengo a precisar el que se le atribuye al ACTUARIO ADSDRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, las notificaciones marcadas con el punto 2, 4, 6, así como el concepto de violación." Asimismo, por diverso escrito presentado el veintitrés de mayo del año en curso ante la oficialía de partes de este juzgado el quejoso indicó: "Vengo a precisar y bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuve conocimiento y se me notificó el acto que se le atribuye a la autoridad responsable del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, fue en fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno." DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna causa de manera manifiesta e indudable, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De acuerdo con lo anterior, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que este órgano jurisdiccional determina que respecto del acto reclamado y atribuido a la Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese sentido, se reitera que el quejoso reclama a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en el acuerdo emitido el treinta de marzo de dos mil veintiuno, que declaró abandonado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, dentro de los autos del juicio sucesorio de origen. Ahora, los artículos 447 y 448 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, disponen: Artículo 447.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examinen nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Artículo 448.- La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El Juez o Tribunal se pronunciará de plano pero podrá oír a los demás intervinientes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo amerite." Lo antes transcrito, pone de manifiesto que el auto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, que declaró abandonado recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, puede ser revocado por el Tribunal que lo emitió en términos de los artículos 447 y 448 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas. De ahí que si no se agotó el requisito de definitividad aludido, es inconcuso que el juicio de amparo que se promueve en contra del citado auto deviene improcedente. Asimismo, por lo que hace al acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en diversas notificaciones de actuaciones hechas en el juicio sucesorio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no agotarse el requisito de definitividad dispuesto en los artículos 154 y 155 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas. Al respecto, los artículos 154 y 155 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 154.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la ley de manera que por esta falta quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando en ellas se cometan errores substanciales, y, además, en el caso que la ley expresamente lo determine. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal deberá observar lo siguiente: I.- La nulidad deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de otra manera quedará convalidada de pleno derecho; II.- La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer la reclamación correspondiente, ni por la que dio lugar a ella; III.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; IV.- Sólo puede pedir la nulidad a que se refiere este artículo la parte que resulte perjudicada por la actuación ilegal; V.- No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado, y VI.- La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar corregir o reponer las actuaciones defectuosas, pero sin que ello afecte al contenido o esencia de las mismas. Artículo 155.- En los casos en que la nulidad de que se trata en el artículo anterior se haga valer por parte interesada, se tramitarán en la vía incidental mediante vista a la contraparte por el término de tres días y resolución del juez dentro de los tres días siguientes. El incidente se tramitará sin suspensión del procedimiento." De acuerdo con el contenido de los artículos transcritos, la parte quejosa previamente a acudir a la presente instancia constitucional, a reclamar la irregularidad de las notificaciones que menciona, debió agotar en contra de las mismas, el medio ordinario de defensa relativo al incidente de nulidad de actuaciones, previsto en los orinales supracitados, y a través del cual, podía nulificar, revocar o modificar las actuaciones reclamadas. De ahí que el solicitante del amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, debió agotar dichos medios de impugnación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural (albacea de la sucesión). El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero siempre que con anterioridad se agoten los medios ordinarios de defensa que procedan en su contra, ya que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del amparo, tal como lo establecen las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prescriben: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Finalmente, en relación con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, dentro del juicio sucesorio de origen; y, que bajo protestad de decir verdad el quejoso manifestó que le fue notificado en esa misma fecha. En consecuencia, es procedente desechar de plano la demanda de derechos toda vez que este resolutor considera que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en momento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, en esta instancia constitucional el quejoso reclama del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que esencialmente se requiere a la parte al aquí quejoso para que se presente a la referida autoridad a substanciar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio sucesorio de origen y designara abogado que lo patrocinara en segunda instancia. A su vez, como se dejó de manifiesto el quejoso manifestó que fue notificado del aludido proveído el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Manifestación que adquiere fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de cinco de noviembre de dos mil veintidós (fecha en que se notificó al quejoso el propio auto). Por tanto, en consideración que desde ese momento la parte fue notificada del acto impugnado, el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, inició el nueve de noviembre de dos mil veintiuno y concluyó el treinta del citado mes y año, mediando entre estos, el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre de la referida anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diecinueve de abril de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados por la parte quejosa, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Sin que sea obstáculo a lo antes expuesto, la manifestación realizada por la parte quejosa en el sentido de que debió haberse notificado el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, no sólo a éste si no mediante cédula al resto de la sucesión (partes), quienes no estaban enteradas; siendo que como el mismo quejoso lo refiere, éste fue notificado el mismo cinco de noviembre de dos mil veintiuno del acto que ahora impugna. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia de manera manifiesta e indudable de mérito, se desecha de plano la demanda de amparo promovida, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El diecisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 10479. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signado por el quejoso José Ángel Montes Hernández, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos; por lo que se le tiene señalando bajo protesta de decir verdad que fue notificado del acto reclamado que atribuye al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones se provee: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: -Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas. -Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. -Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Actos reclamados: "A la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, el cual declara abandonado recurso de apelación interpuesto por el suscrito. Al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas: el acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno." Cumplimiento a prevención: "1.- vengo a precisar el que se le atribuye al ACTUARIO ADSDRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, las notificaciones marcadas con el punto 2, 4, 6, así como el concepto de violación." Asimismo, por diverso escrito presentado el veintitrés de mayo del año en curso ante la oficialía de partes de este juzgado el quejoso indicó: "Vengo a precisar y bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuve conocimiento y se me notificó el acto que se le atribuye a la autoridad responsable del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, fue en fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno." DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna causa de manera manifiesta e indudable, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De acuerdo con lo anterior, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que este órgano jurisdiccional determina que respecto del acto reclamado y atribuido a la Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese sentido, se reitera que el quejoso reclama a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en el acuerdo emitido el treinta de marzo de dos mil veintiuno, que declaró abandonado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, dentro de los autos del juicio sucesorio de origen. Ahora, los artículos 447 y 448 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, disponen: Artículo 447.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examinen nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Artículo 448.- La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El Juez o Tribunal se pronunciará de plano pero podrá oír a los demás intervinientes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo amerite." Lo antes transcrito, pone de manifiesto que el auto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, que declaró abandonado recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, puede ser revocado por el Tribunal que lo emitió en términos de los artículos 447 y 448 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas. De ahí que si no se agotó el requisito de definitividad aludido, es inconcuso que el juicio de amparo que se promueve en contra del citado auto deviene improcedente. Asimismo, por lo que hace al acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en diversas notificaciones de actuaciones hechas en el juicio sucesorio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no agotarse el requisito de definitividad dispuesto en los artículos 154 y 155 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas. Al respecto, los artículos 154 y 155 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 154.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la ley de manera que por esta falta quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando en ellas se cometan errores substanciales, y, además, en el caso que la ley expresamente lo determine. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal deberá observar lo siguiente: I.- La nulidad deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de otra manera quedará convalidada de pleno derecho; II.- La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer la reclamación correspondiente, ni por la que dio lugar a ella; III.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; IV.- Sólo puede pedir la nulidad a que se refiere este artículo la parte que resulte perjudicada por la actuación ilegal; V.- No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado, y VI.- La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar corregir o reponer las actuaciones defectuosas, pero sin que ello afecte al contenido o esencia de las mismas. Artículo 155.- En los casos en que la nulidad de que se trata en el artículo anterior se haga valer por parte interesada, se tramitarán en la vía incidental mediante vista a la contraparte por el término de tres días y resolución del juez dentro de los tres días siguientes. El incidente se tramitará sin suspensión del procedimiento." De acuerdo con el contenido de los artículos transcritos, la parte quejosa previamente a acudir a la presente instancia constitucional, a reclamar la irregularidad de las notificaciones que menciona, debió agotar en contra de las mismas, el medio ordinario de defensa relativo al incidente de nulidad de actuaciones, previsto en los orinales supracitados, y a través del cual, podía nulificar, revocar o modificar las actuaciones reclamadas. De ahí que el solicitante del amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, debió agotar dichos medios de impugnación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural (albacea de la sucesión). El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero siempre que con anterioridad se agoten los medios ordinarios de defensa que procedan en su contra, ya que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del amparo, tal como lo establecen las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prescriben: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Finalmente, en relación con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, dentro del juicio sucesorio de origen; y, que bajo protestad de decir verdad el quejoso manifestó que le fue notificado en esa misma fecha. En consecuencia, es procedente desechar de plano la demanda de derechos toda vez que este resolutor considera que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en momento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, en esta instancia constitucional el quejoso reclama del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que esencialmente se requiere a la parte al aquí quejoso para que se presente a la referida autoridad a substanciar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio sucesorio de origen y designara abogado que lo patrocinara en segunda instancia. A su vez, como se dejó de manifiesto el quejoso manifestó que fue notificado del aludido proveído el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Manifestación que adquiere fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de cinco de noviembre de dos mil veintidós (fecha en que se notificó al quejoso el propio auto). Por tanto, en consideración que desde ese momento la parte fue notificada del acto impugnado, el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, inició el nueve de noviembre de dos mil veintiuno y concluyó el treinta del citado mes y año, mediando entre estos, el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre de la referida anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diecinueve de abril de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados por la parte quejosa, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Sin que sea obstáculo a lo antes expuesto, la manifestación realizada por la parte quejosa en el sentido de que debió haberse notificado el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, no sólo a éste si no mediante cédula al resto de la sucesión (partes), quienes no estaban enteradas; siendo que como el mismo quejoso lo refiere, éste fue notificado el mismo cinco de noviembre de dos mil veintiuno del acto que ahora impugna. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia de manera manifiesta e indudable de mérito, se desecha de plano la demanda de amparo promovida, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el oficio 4268, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal el tres de febrero del año en curso, en el amparo en revisión penal 123/2021; los autos del juicio de amparo indirecto 410/2017, y sus acumulados 411/2017, 412/2017, 438/2017 y 593/2017, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; Acuse de recibo. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad, mediante la ejecutoria de mérito, CONFIRMÓ la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se negó la protección de justicia Federal. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes. En atención a lo anterior, y toda vez que el fallo de mérito no requiere ejecución material, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE con excepción del escrito de demanda y de la sentencia que puso fin al asunto; en razón de que por un lado se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es depurable el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. |Notifíquese personalmente. Así ...

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