José Ángel López Baltierra

Expediente 1339/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1339/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • José Ángel López Baltierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de enero al dos de febrero del año en curso, sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el proveído dictado el diecinueve de enero del presente año, dentro del juicio de amparo número 1339/2017-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento alguno con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Toda vez que se desechó la demanda que originó el presente juicio; no se aperturó incidente de suspensión relativo a éste; en consecuencia no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; No existen tomos de prueba por devolver. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por José Ángel López Baltierra y/o Valtierra (fojas 66-73); en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, téngase al quejoso José Ángel López Valtierra dado cumplimiento a la prevención formulada en proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 29 a 35), pues al efecto indica lo siguiente: Ser parte dentro juicio especial de divorcio voluntario 1280/2009, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Aclara que le atribuye el carácter de ordenadora y ejecutora al Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes y que desconoce a la fecha a qué juez del Estado de Zacatecas, le fue remitido el exhorto a efecto de ejecutar el acto reclamado. Refiere que no se le notificó el acuerdo reclamado, que sin embargo, tuvo conocimiento de éste el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. También reclama como acto reclamado la notificación del acuerdo reclamado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señaló acto reclamado y autoridad responsable en los siguientes términos: Autoridad ordenadora: Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes. Acto reclamado: El acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, a efecto de ser entregadas a la actora del juicio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Ángel López Baltierra y/o Valtierra, dado que se actualizan diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDO EN EL JUICIO CIVIL DE DIVORCIO ESPECIAL NÚMERO 1280/2009 . En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra una determinación emitida en la etapa de ejecución de sentencia que tiende a su cumplimiento, pues, en este caso, el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa en la que se acepte o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad para darle cumplimiento, o bien, en la que se ordene el archivo definitivo del expediente, siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, el acto reclamado es el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, a efecto de ser entregadas a su contraparte. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acuerdo reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia definitiva que aprobó el convenio celebrado entre Luz María Contreras Reyes y el hoy quejoso, a fin de cumplir lo determinado respecto de la pensión alimentaria convenida. Asimismo, que el hoy quejoso es parte en el contradictorio de origen, tan es así que celebró convenio con su contraria. Así, al integrarse el acto reclamado por una determinación emitida a efecto de ejecutar la sentencia definitiva, es inconcuso que forma parte del procedimiento natural en la etapa de ejecución de la condena; respecto del cual es improcedente el juicio de amparo, pues éste únicamente procede contra de la última resolución emitida en la dicha etapa (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido). Sin que se advierta que en el caso se encuentren involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, dispone: ARTÍCULO 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. Del precepto anterior se advierte que las notificaciones que no sean realizadas a las partes conforme a lo establecido por dicha ley, serán nulas. Asimismo, los ordinales 67 y 68 de la referida codificación son del siguiente contenido: ARTÍCULO 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. ARTÍCULO 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación. De los numerales anteriores, se infiere que la normativa en cita, prevé la nulidad como un medio de impugnación que tiene por objeto dejar sin efecto alguna notificación que hubiera sido realizada de manera arbitraria, el cual deberá de tramitarse a petición de parte, ante el juez que conozca del juicio y en la actuación posterior en la que el inconforme se haga sabedor de ésta, ello en razón de que no se establece un término específico para interponer dicho recurso. Por lo que una notificación que se considere ilegal puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado artículo 67 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Aguascalientes ya que constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación. Entonces, el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes. En el caso, la parte quejosa combate la notificación realizada por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar de Aguascalientes, respecto del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, para ser entregadas a su contraparte. En tales condiciones, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que la notificación reclamada emana de un juicio familiar, que a decir del quejoso, no fue realizada conforme a derecho, por lo que queda demostrado que la notificación reclamada debió ser impugnada por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia; de ahí que, al no haberlo hecho, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de tales notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte demandada en el juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. En conclusión, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Ángel López Baltierra y/o Valtierra, por propio derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle San Juan, número cinco (5), Fraccionamiento Villas Marianas en Guadalupe, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, téngase al quejoso José Ángel López Valtierra dado cumplimiento a la prevención formulada en proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 29 a 35), pues al efecto indica lo siguiente: Ser parte dentro juicio especial de divorcio voluntario 1280/2009, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Aclara que le atribuye el carácter de ordenadora y ejecutora al Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes y que desconoce a la fecha a qué juez del Estado de Zacatecas, le fue remitido el exhorto a efecto de ejecutar el acto reclamado. Refiere que no se le notificó el acuerdo reclamado, que sin embargo, tuvo conocimiento de éste el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. También reclama como acto reclamado la notificación del acuerdo reclamado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señaló acto reclamado y autoridad responsable en los siguientes términos: Autoridad ordenadora: Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes. Acto reclamado: El acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, a efecto de ser entregadas a la actora del juicio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Ángel López Baltierra y/o Valtierra, dado que se actualizan diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDO EN EL JUICIO CIVIL DE DIVORCIO ESPECIAL NÚMERO 1280/2009 . En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra una determinación emitida en la etapa de ejecución de sentencia que tiende a su cumplimiento, pues, en este caso, el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa en la que se acepte o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad para darle cumplimiento, o bien, en la que se ordene el archivo definitivo del expediente, siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, el acto reclamado es el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, a efecto de ser entregadas a su contraparte. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acuerdo reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia definitiva que aprobó el convenio celebrado entre Luz María Contreras Reyes y el hoy quejoso, a fin de cumplir lo determinado respecto de la pensión alimentaria convenida. Asimismo, que el hoy quejoso es parte en el contradictorio de origen, tan es así que celebró convenio con su contraria. Así, al integrarse el acto reclamado por una determinación emitida a efecto de ejecutar la sentencia definitiva, es inconcuso que forma parte del procedimiento natural en la etapa de ejecución de la condena; respecto del cual es improcedente el juicio de amparo, pues éste únicamente procede contra de la última resolución emitida en la dicha etapa (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido). Sin que se advierta que en el caso se encuentren involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, dispone: ARTÍCULO 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. Del precepto anterior se advierte que las notificaciones que no sean realizadas a las partes conforme a lo establecido por dicha ley, serán nulas. Asimismo, los ordinales 67 y 68 de la referida codificación son del siguiente contenido: ARTÍCULO 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. ARTÍCULO 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación. De los numerales anteriores, se infiere que la normativa en cita, prevé la nulidad como un medio de impugnación que tiene por objeto dejar sin efecto alguna notificación que hubiera sido realizada de manera arbitraria, el cual deberá de tramitarse a petición de parte, ante el juez que conozca del juicio y en la actuación posterior en la que el inconforme se haga sabedor de ésta, ello en razón de que no se establece un término específico para interponer dicho recurso. Por lo que una notificación que se considere ilegal puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado artículo 67 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Aguascalientes ya que constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación. Entonces, el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes. En el caso, la parte quejosa combate la notificación realizada por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar de Aguascalientes, respecto del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio civil de divorcio especial número 1280/2009, mediante el cual se ordenó girar exhorto al juez competente en el Estado de Zacatecas, a efecto de requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara el descuento al hoy quejoso, por la cantidad de tres mil pesos, del total de sus percepciones y la cantidad de siete mil pesos, por concepto de aguinaldo, para ser entregadas a su contraparte. En tales condiciones, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que la notificación reclamada emana de un juicio familiar, que a decir del quejoso, no fue realizada conforme a derecho, por lo que queda demostrado que la notificación reclamada debió ser impugnada por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia; de ahí que, al no haberlo hecho, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de tales notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte demandada en el juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. En conclusión, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Ángel López Baltierra y/o Valtierra, por propio derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle San Juan, número cinco (5), Fraccionamiento Villas Marianas en Guadalupe, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe."

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. En relación con el oficio precisado en el inciso a de la cuenta secretarial, téngase al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad de igual nombre, acusando recibo del exhorto 433/2016, con número de orden 1033/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, que le fuera enviado a fin de que en apoyo y auxilio a las labores de este juzgado notificara el proveído de treinta de diciembre del año en curso, al peticionario de garantías, el cual quedó registrado en ese órgano jurisdiccional con el número de exhorto 3/2017-VIII, con diverso de orden 4/2017. Por lo que respecta al comunicado descrito en el inciso b de cuenta, téngase por recibido debidamente diligenciado el exhorto citado en el párrafo que antecede. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

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