Jósé Angel León Flores

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Jósé Angel León Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión, y no existen documentos originales para devolver.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************; contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 236/2018. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se precisa como antecedentes del acto reclamado los siguientes: El quejoso es demandado en el juicio ejecutivo mercantil **** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia definitiva condenatoria contra el quejoso. Inconforme con dicha resolución, promovió amparo directo, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con el número ****, en el que se le fijó una garantía con motivo de la suspensión del acto reclamado. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se anunció el remate del bien inmueble que defiende por esta vía, en primera almoneda. En las actuaciones del amparo directo, se recibió la garantía respectiva para la suspensión del remate. Asimismo, también se admitió la contragarantía exhibida en dicho amparo, a fin de continuar con la ejecución de la sentencia de origen. Contra el acuerdo que admitió la contragarantía, interpuso recurso de queja. De lo anterior, se precisa como acto reclamado el embargo trabado en el inmueble que aduce de su propiedad, con motivo del remate de dicho bien; así como la inconstitucionalidad del artículo 1339 del Código de Comercio. Ahora bien, la improcedencia respecto de dicho acto, radica en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece: El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Ese precepto fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el amparo procede contra cualquiera de esas dos conductas, independientemente de que se dicten en un mismo proveído o en diversos. Así lo sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 13/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, abril de dos mil dieciséis, página 1066, de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial De lo anterior se deduce que tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, concretamente en el procedimiento de remate, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De modo que se trata de una resolución intermedia dictada en el procedimiento de remate, respecto del cual se torna improcedente el juicio constitucional intentado. Ahora bien, por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 1339 del Código de Comercio que también combate por esta vía; debe decirse que, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ". Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Bajo ese contexto, se deduce que el juicio de amparo también rige, cuando la resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y también la reclama; lo anterior es así, en razón de que dichos actos tienen como base la existencia de una sentencia que tiene la naturaleza de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el planteamiento de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. LVI/97, novena época, Tomo V, Abril de 1997, pagina 15, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por *************. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ******de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, en virtud de que obra su cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y las personas restantes en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentran en ese supuesto.

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